La intervención de la empresa Gráficos Nacionales S.A. (Granasa), editora de los diarios ecuatorianos Expreso y Extra, encendió las alarmas sobre la situación de la libertad de expresión en el país y la región, tras una medida adoptada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros de Ecuador.
La acción fue denunciada por la propia compañía, que calificó el proceso como parte de un “persistente asedio” por parte del organismo de control. En una comunicación dirigida a la comunidad internacional, la empresa advirtió que la decisión compromete la estabilidad institucional del grupo y los principios del orden jurídico ecuatoriano.
Granasa señaló que la intervención podría derivar en un aumento del hostigamiento estatal o incluso en la disolución de la compañía. La firma explicó que la familia Martínez mantiene el 94% de las acciones, mientras que un 2.56% en litigio fue recientemente inscrito a nombre de Inmobiliar, entidad pública vinculada al Gobierno central.
Según la empresa, funcionarios de esa institución han cuestionado públicamente su labor periodística, luego de que sus medios publicaran investigaciones sobre presuntos actos de corrupción en sectores como salud, seguridad social y energía.
La medida incluye el nombramiento de una interventora externa, encargada de supervisar la situación financiera de la compañía y presentar informes periódicos, bajo el argumento de corregir supuestas irregularidades y evitar perjuicios a socios o terceros.
La situación generó reacciones a nivel regional. La Sociedad Interamericana de Prensa expresó su preocupación y pidió a las autoridades ecuatorianas actuar con transparencia y respeto al debido proceso.
El presidente del organismo, Pierre Manigault, advirtió que la intervención “plantea serias dudas sobre el respeto a las garantías fundamentales” y alertó que el control sobre empresas independientes no debe convertirse en un mecanismo de censura indirecta.
En la misma línea, Martha Ramos consideró que la medida puede tener un efecto intimidatorio, al generar un clima de temor entre los medios frente a posibles represalias por su trabajo informativo.
También la organización Fundamedios rechazó la intervención y la calificó como “desproporcionada” y de alto riesgo para la independencia editorial, al advertir que se enmarca en un patrón de presiones desde el Estado hacia la prensa crítica.
Pese al escenario, desde Expreso se aseguró que la intervención no afectará su línea editorial. “Nada de esto podrá doblegar la independencia informativa del medio”, afirmó el diario.
El caso ha sido elevado a la comunidad internacional por la empresa, que busca visibilizar lo que considera una amenaza directa a la libertad de expresión, la seguridad jurídica y la libre empresa en Ecuador.
