Ausencia de rendición de cuentas, comisiones legislativas que sesionan sin informar el orden del día y actas que no se publican fueron algunos de los hallazgos de una evaluación sobre el rol fiscalizador del Legislativo.
Los resultados de esa investigación, titulada “Evaluación del rol de fiscalización de la Asamblea Nacional”, fueron presentados por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional (TE), este viernes 28 de julio.
El informe verificó 93 indicadores y evaluó las facultades y la actuación de la Asamblea Nacional en su rol de fiscalización, utilizando criterios e indicadores basados en estándares internacionales, contrastando el marco normativo nacional y la ejecución práctica legislativa.
Según los resultados de la investigación, en la Asamblea Nacional, los mecanismos de fiscalización avalados por la ley no son utilizados eficazmente y, en otros, se emplea como herramienta política y no se logra que los funcionarios rindan cuentas.
Por ejemplo, José Benítez, quien es el coordinador de la investigación, subrayó que en lo relacionado con la fiscalización financiera, en la práctica se observa que, con respecto a la Comisión de Presupuesto, no se conoce información del orden del día, no hay documentos técnicos presupuestarios con antelación y no se le da seguimiento a la ejecución presupuestaria nacional o de la deuda pública.
“El problema principal es que la Asamblea no tiene sanciones para el incumplimiento de sus propios miembros”, advierte Matilde Gómez, durante la presentación de los resultados de la investigación SANCUS “Evaluación del Rol de Fiscalización de la Asamblea Nacional” Video Isaac… pic.twitter.com/08fp5alOTO
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“La Asamblea no tiene departamentos propios de análisis financiero. Por supuesto, tiene equipo técnico en la Comisión de Presupuesto, pero se apoyan en personal del Ministerio de Economía y Finanzas, entidad a la que tiene que fiscalizar y allí hay una desventaja de información”, planteó.
Benítez también mencionó que, en cuanto a la participación de personajes externos, en la Comisión de Presupuesto no se permite la participación de medios de comunicación y ciudadanos, lo cual calificó como “opaca”.
“En 2022 y los primeros meses de 2023 no se publicaron las actas”, dijo.
Olga de Obaldía, directora ejecutiva del capítulo panameño de Transparencia Internacional, informa sobre los resultados de la investigación SANCUS: Evaluación del Rol de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Video Isaac Ortega https://t.co/PglZnPXHOw… pic.twitter.com/uhtUygbojC
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La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional es presidida por el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, el cual ha recibido críticas durante su gestión por organizaciones de la sociedad civil, ante la discrecionalidad con la que maneja dicha comisión.
En resumen, en el informe se detectaron carencias normativas y prácticas en distintas temáticas que no han sido desarrolladas de manera “suficiente”, como: las facultades para diputados de oposición e independientes, el escrutinio post legislativo y la relación entre la Asamblea Nacional y otros actores estatales y no estatales.
Además, se identificaron manejos discrecionales, por lo que se recomendó mejoras en los estándares que garanticen mayor apertura de los procedimientos parlamentarios.
Para Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, esta investigación apuesta a fortalecer la institucionalidad democrática, ya que la Asamblea Nacional tiene el rol de asegurar el buen funcionamiento del Estado y la pregunta es si lo está llevando a cabo.
“Nuestro objetivo es brindar una hoja de ruta y fuente de información que puedan usar todos”, puntualizó.
La Constitución, además de darle la facultad al Legislativo de investigar y juzgar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al presidente de la República, le da la potestad de emitir votos de censura contra ministros de Estado, designar al contralor y citar a funcionarios para que rindan cuenta de su gestión, entre otras cosas.
“Para que tengamos una Asamblea que efectivamente haga un mejor rol fiscalizador, tenemos que cambiar la Asamblea que tenemos en la Constitución”: José Blandón. Video Isaac Ortega pic.twitter.com/LUMYGh7w9R
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El estudio fue elaborado por el proyecto SANCUS (siglas en inglés de Strengthening Accountability Networks Among Civil Society), el cual es una iniciativa global de fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas en más de 20 países, financiada por la Unión Europea y liderada por TI.
Como parte de la presentación de este estudio se llevaron a cabo dos paneles de discusión. El primero incluyó a diputados y exdiputados, quienes analizaron la fiscalización parlamentaria y la gobernabilidad democrática, mientras que el segundo tuvo la participación de activistas de la sociedad civil, quienes reflexionaron sobre sus experiencias con el legislativo en cuanto a la efectividad de políticas públicas y sus experiencias de incidencia en las mismas.
