Investigan uso irregular de vehículos del Estado en la Junta Comunal de Pedregal y el MOP

Denuncias anónimas revelan autos oficiales ocultos en residenciales privados y anomalías en jefaturas de auditoría

Investigan uso irregular de vehículos del Estado en la Junta Comunal de Pedregal y el MOP
Edificio de la Contraloría General de la República. Archivo

Posibles anomalías graves en el uso de automóviles del Estado asignados tanto a la Junta Comunal de Pedregal como al Ministerio de Obras Públicas (MOP), están bajo investigación, informó este martes la Contraloría General de la República de Panamá

De acuerdo al informe, el caso más alarmante se registró en la Junta Comunal de Pedregal, donde una alerta ciudadana permitió ubicar un carro oficial estacionado en los predios de un edificio residencial privado.

El automóvil circulaba sin la placa reglamentaria y carecía del logotipo institucional visible exigido por ley. Las justificaciones preliminares recabadas apuntan a que la unidad fue trasladada a dicho recinto privado debido a supuestas reparaciones en los estacionamientos de la junta comunal, versión que está siendo corroborada.

A esta investigación se suma una denuncia contra un vehículo del Ministerio de Obras Pública (MOP) asignado directamente al jefe de Auditoría Interna de esa cartera, expediente que ya se encuentra bajo estricta verificación técnica.

Investigan uso irregular de vehículos del Estado en la Junta Comunal de Pedregal y el MOP
El contralor Anel Flores en una inspección de vehículos del Estado. Archivo/Contraloría

Fiscalización en desarrollo

La entidad fiscalizadora señaló que elabora los expedientes para establecer posibles faltas y responsabilidades legales.

De confirmarse los delitos patrimoniales, se presentarán denuncias formales ante el Ministerio Público, emulando los precedentes aplicados en la Junta Comunal de Ancón.

De acuerdo a la Contraloría General, estas acciones derivan de inspecciones sorpresivas previas a nivel nacional destinadas a blindar los recursos del Estado.

La población puede alertar sobre posibles anomalías similares, de forma anónima y confidencial, reportándolo a la Línea 100 o a través de las plataformas digitales oficiales de la Contraloría General.


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