La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, salió al paso de las reacciones generadas tras el criterio emitido por la Procuraduría de la Administración, que respalda la tesis de que fue ilegal trasladar a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) la competencia de recolección de residuos y el cobro de la tasa de aseo.
A través de un mensaje dirigido a la ciudadanía, la jefa municipal buscó poner en contexto el alcance de esta opinión, en medio de un ambiente de expectativa y de lecturas anticipadas sobre un posible desenlace favorable para el municipio.
Hernández explicó que el pronunciamiento de la Procuraduría se da dentro del proceso de demanda de nulidad presentado ante la Corte Suprema de Justicia, específicamente en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, instancia que deberá tomar la decisión final. Subrayó que este tipo de criterios, aunque relevantes para el análisis jurídico, no tienen carácter vinculante, por lo que no constituyen aún una declaratoria definitiva de ilegalidad sobre la resolución impugnada.
El conflicto
En su intervención, la alcaldesa detalló que el conflicto surgió a partir de una resolución mediante la cual la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario asumió funciones que históricamente habían sido ejercidas por el municipio. En ese contexto, la Procuraduría concluyó que esta decisión vulnera normas relacionadas con la autonomía municipal, así como disposiciones sobre la gestión de residuos y el marco legal de la propia entidad.
No obstante, la alcaldesa insistió en que el proceso judicial se encuentra aún en una fase intermedia, en la que restan etapas clave, como la práctica de pruebas y la presentación de alegatos. En ese sentido, advirtió que el fallo de los magistrados podría tardar meses o incluso años, y que el resultado final podría inclinarse tanto a favor del municipio como de la entidad estatal demandada.
El optimismo
Pese a esta cautela, Hernández calificó el criterio de la Procuraduría como un avance significativo en la defensa de las competencias municipales. A su juicio, el documento representa un reconocimiento institucional de que las acciones adoptadas en contra del municipio de San Miguelito podrían haber infringido su autonomía y limitado su capacidad de gestión en un servicio esencial.
La alcaldesa también reiteró que su administración ha mantenido como prioridad la recuperación de estas funciones y aseguró que el municipio cuenta con un plan de gestión integral de residuos sólidos listo para ser implementado en caso de un fallo favorable. “Estamos preparados para asumir cualquiera que sea la decisión de la Corte”, enfatizó.
En un tono más político, Hernández advirtió que el caso de San Miguelito podría sentar un precedente para otros gobiernos locales del país. Sostuvo que la disputa trasciende el ámbito municipal y plantea un debate de fondo sobre el alcance de la descentralización y el rol de las autoridades locales frente al poder central en la prestación de servicios públicos.
Mientras se define el futuro del litigio, la alcaldesa aseguró que su administración continuará ejecutando acciones para mejorar la limpieza del distrito, intervenir puntos críticos y promover cambios en la relación de la comunidad con los residuos.
Al respecto, el director de la Autoridad de Aseo, Ovil Moreno Marín, afirmó este miércoles 8 de abril que la entidad se mantiene concentrada en la ejecución de sus funciones, en medio de la controversia legal sobre la competencia en la recolección de residuos en San Miguelito.
Según sostuvo, la intervención respondió a una situación que, a su juicio, requería acciones urgentes y que —aseguró— ha mostrado mejoras desde entonces. No obstante, evitó adelantar criterios sobre el desenlace del proceso y subrayó que corresponde a la Corte Suprema de Justicia emitir el fallo definitivo.
Las declaraciones de la alcaldesa de San Miguelito se produjeron un día después que se conociera que el pasado 26 de marzo la procuradora de la Administración, Grettel Villalaz de Allen, remitió a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia una opinión en la que concluyó que la AAUD se extralimitó en sus funciones y vulneró normas legales y principios de autonomía municipal, en el marco de la demanda contencioso-administrativa presentada contra la Resolución N.° 01-2026.
También le puede interesar: Recolección de la basura: La Procuraduría le da la razón a la alcaldesa Irma Hernández
