Martes 10 de febrero. Jorge Herrera abandonó el Olimpo de la silla presidencial, se acomodó en su curul y, despojado de la formalidad del puesto, soltó un latigazo. “Es injusto que esta Asamblea sea la piñata de las instituciones”, sentenció el diputado panameñista, mientras su marcado acento interiorano le ponía filo a la advertencia.
El discurso fue una ráfaga dirigida a sus críticos. “Basta ya, trabajemos en equipo” y “no vengo a taquillar sin base”, dijo Herrera, intentando fijar una idea de control frente a una estructura institucional fragmentada.
Era su escudo ante los cuestionamientos que golpean diariamente al órgano del Estado que preside. Los motivos del escrutinio público no son nuevos: una planilla abultada, un presupuesto generoso y privilegios para diputados que se aferran al poder.
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El pasado 4 de febrero, la diputada Janine Prado, de la bancada Vamos, le puso cifras a la desconfianza: denunció que el presupuesto de funcionamiento para 2025 escaló $64.8 millones, sin que la Asamblea haya explicado bajo qué mecanismos se validaron las partidas que inflaron ese monto.
El martes de la ira, Herrera anunció que rendiría cuentas de su gestión ante la Contraloría General de la República. Al día siguiente, en efecto acudió ante el contralor de la República, Anel Flores.
En conversación con La Prensa, el presidente de la Asamblea habló sobre cómo intenta equilibrar la austeridad con la cruda realidad de una institución que arrastra vicios de décadas.
El encuentro con este medio se dio un par de horas después de que visitó a Flores. Aseguró que no fue a “taquillar”. Fue, dice, a entregar las cuentas de su trabajo legislativo donde la tijera pasó factura: 21.7 millones de dólares menos en el presupuesto.
El drama de los 5,000 contratos
Herrera asumió el cargo el 1 de julio de 2025 y se encontró con una institución marcada por problemas que sus antecesores han reconocido en privado, pero rara vez han explicado en detalle ante la opinión pública. Habló de una carga administrativa que sube y baja por la burocracia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
“Hay meses en los que la planilla parece disminuir porque los contratos aún no han sido refrendados”, explicó. Con ese argumento, el presidente de la Asamblea puso sobre la mesa el sistema de contratos heredados que, según auditorías e informes oficiales, mantiene a miles de funcionarios en una situación irregular: aunque deberían cobrar mensualmente, terminan recibiendo pagos acumulados cada seis meses por los retrasos en el refrendo de sus contratos.
Todo eso en un escenario que arrastra el Legislativo desde hace décadas: esquema de contratación inflado, botellas, nombramientos políticos y una estructura administrativa que se expande sin control claro, con costos que el Estado sigue asumiendo mes a mes.
El país del ‘necesito trabajo’
Recurrió a una escena frecuente en el discurso político panameño: la del dirigente que vuelve a su comunidad y se enfrenta a una demanda que el Estado no puede satisfacer: el empleo.
“No puedo llenar la Asamblea de trabajadores”, soltó, reconociendo los límites del presupuesto.
Por eso, afirma, su apuesta gira hacia leyes de interés preferencial y seguridad jurídica para que la empresa privada absorba la presión social que él, como político, ya no puede contener en su oficina.
Herrera sostiene que, si la empresa privada no genera “empleomanía”, la puerta de su casa en Aguadulce seguirá llena de gente pidiendo lo imposible. Para él, las soluciones de fondo se encuentran en la creación de un entorno favorable para las inversiones y el empleo, mucho más allá de lo que el Estado pueda ofrecer en términos de cargos públicos.
Además de diputado, Herrera fue electo alcalde de Aguadulce, cargo que ha ejercido en varios periodos.
Entre la calle y el reglamento
Contó una anécdota. Un día salió a la calle a comprar chances de lotería, solo, sin chofer. Y la señora que vendía los billetes lo reconoció y le pidió un favor. “Apruebe el reglamento interno para que los diputados no se roben la plata”. Él le contestó que eso no es el reglamento de la Asamblea, pero prometió que se aprobaría.
Por estos días, la Comisión de Credenciales de la Asamblea discute los cambios al reglamento por bloques. Por el momento, los temas más controversiales como el descuento a los diputados que cobran sin trabajar, no han logrado un consenso.
Herrera afirma que el reglamento interno busca ordenar y transparentar el uso de recursos. Sin embargo, los puntos más sensibles, como sanciones económicas a diputados que no cumplen con su trabajo, siguen sin consenso, lo que alimenta el escepticismo ciudadano sobre el alcance real de la reforma.
¿Reelección en el horizonte?
A la pregunta sobre si buscará la reelección, Herrera fue directo: “Mira, hasta ahorita no está en el tapete, no te voy a decir que no lo voy a hacer”.
Aunque admitió que ha tenido algunas conversaciones al respecto, Herrera insiste en que su prioridad es la gestión y evita definir si buscará la reelección. Una ambigüedad habitual en la política panameña, donde las decisiones suelen posponerse hasta que el calendario electoral obliga a tomarlas.
Reforma a la carrera legislativa
El tema de la carrera legislativa también estuvo en la mesa. Herrera reveló que ya están trabajando en una propuesta de reforma que ha sido presentada por el diputado Roberto Zúñiga en conjunto con el Ejecutivo.
Este proyecto busca cambiar la estructura de los recursos humanos en los tres niveles de gobierno: la Asamblea, el gobierno local y el gobierno nacional. Herrera se mostró a favor de la iniciativa, destacando que los constantes cambios de administraciones afectan los recursos humanos: “Cada cinco años cambia un alcalde, y si tú preparas un recurso humano y viene un alcalde que no es de tu línea, lo sacrificas”, dijo, argumentando que la estabilidad de los funcionarios debe protegerse frente a los cambios políticos.
Y así, entre discursos de austeridad y una estructura heredada difícil de desmontar, Herrera propone una narrativa de orden y control. La prueba no será el discurso, sino su capacidad de traducirlo en cambios verificables en una institución que, durante décadas, ha resistido las reformas.
