El Club Kiwanis de Panamá cuestionó duramente la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de aprobar un acuerdo interno que garantiza a sus magistrados el pago de su último salario de por vida una vez dejen sus cargos.
La organización calificó la medida como un “despropósito” y un “fatal proceder” que agrava la crisis de confianza en las instituciones del país.
El beneficio fue establecido mediante el Acuerdo No. 407, aprobado el 18 de julio de 2024, que otorga a jueces y magistrados que alcancen la edad de jubilación una compensación equivalente a la totalidad o a un porcentaje de su último salario, según su nivel de responsabilidad.
En un pronunciamiento, el Club Kiwanis contextualiza que Panamá enfrenta una crisis fiscal “sin precedentes” y una pérdida de legitimidad y credibilidad, no solo hacia los gobiernos de turno, sino entre los propios ciudadanos. En ese escenario, sostiene, los funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben dar el ejemplo con acciones coherentes con los discursos que promueven.
La organización reprochó que la Corte, a la que la Constitución encarga la custodia de la integridad de la Carta Magna, se haya “colocado por encima de la ley, de la justicia y de la ética”.
Recordó que primero los magistrados aprobaron un aumento salarial en medio de un momento crítico, contrariando incluso el veto de la Contraloría, que terminó aceptando la decisión por insistencia. Ahora, señala el comunicado, han adoptado una medida “premeditada y sigilosa” para beneficiarse de por vida con fondos públicos.
“El Club Kiwanis de Panamá se solidariza con quienes rechazan semejante desatino”, indica el texto, subrayando que no existe justificación para que el máximo órgano judicial adopte este tipo de decisiones en un contexto de severas limitaciones económicas para atender necesidades básicas de la población.
La organización anunció que se mantendrá vigilante y utilizará las herramientas del poder ciudadano para exigir que la Corte Suprema desista de la medida, reconozca el error y rectifique “de manera inmediata” para evitar un mayor deterioro de la confianza pública y la institucionalidad democrática.
