La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, enfrenta una querella penal ante la Procuraduría General de la Nación por la presunta comisión de delitos contra la administración pública.
La acción legal fue interpuesta por el abogado Justino González, en representación de tres exjueces de paz, quienes acusan a la funcionaria de abuso de autoridad y omisión del cumplimiento de funciones.
Según los documentos remitidos al Ministerio Público, la ministra habría desatendido los procedimientos legales establecidos para el proceso de transición de la justicia comunitaria, que pasó de la jurisdicción municipal al Ministerio de Gobierno a partir del 1 de enero de 2026.
El conflicto surge por la supuesta designación irregular de nuevos jueces comunitarios en distintos distritos del país. Los querellantes sostienen que la ministra realizó nombramientos “a dedo”, desplazando de manera abrupta a funcionarios que mantenían periodos legales vigentes, en contravención de la Ley 467 de 2025 y su decreto reglamentario.
Estas normas establecen que los jueces designados bajo el marco anterior debían mantenerse en sus cargos hasta concluir sus respectivos mandatos, salvo causa legal justificada para su remoción.
Los denunciantes
Uno de los episodios más delicados señalados en la denuncia es el caso de Vanessa Elizabeth Vergara Espinosa, quien se desempeñaba como jueza comunitaria en Playa Leona. A pesar de que contaba con fuero maternal —una protección constitucional que impide la destitución de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia—, fue reemplazada sin justificación legal, según el relato de los querellantes.
El recurso sostiene que la ministra Montalvo fue advertida de esta condición y aun así mantuvo la decisión, lo que consideran un acto arbitrario y contrario al orden constitucional.
Además de los señalamientos por abuso de autoridad, la ministra es acusada de omitir deliberadamente sus responsabilidades como máxima autoridad administrativa del sistema de justicia comunitaria.
De acuerdo con la querella, el Ministerio de Gobierno debía ejecutar un plan de transición ordenado, con capacitaciones, descarga procesal y convenios con los municipios para evitar interrupciones en la prestación del servicio. Sin embargo, el reporte jurídico afirma que el proceso se desarrolló de forma improvisada, dejando varias Casas de Justicia Comunitaria sin personal y afectando el acceso de los ciudadanos a mecanismos de resolución de conflictos.
Casos en otras provincias
Las afectaciones se replicaron en distritos como Panamá, La Chorrera, Colón y Chiriquí, impactando a más de 20 jueces comunitarios que fueron removidos de sus puestos. Entre los querellantes también figuran Miguel Palma y Giselle del Carmen Aguilera, quienes aseguran que las decisiones tomadas por la ministra no fueron simples fallas administrativas, sino acciones deliberadas para generar vacantes y facilitar nuevas designaciones al margen de la ley. Esta situación, afirman, ha deteriorado la estabilidad del sistema y la confianza en la administración de justicia.
La acción legal presentada no solo busca determinar responsabilidad penal, sino también obtener una reparación económica para las víctimas. La querella incluye una demanda civil que solicita una indemnización de 50 mil dólares para cada afectado, destinada a cubrir tanto los perjuicios materiales —entre ellos honorarios y gastos judiciales— como el daño moral ocasionado a su reputación.
Los denunciantes advierten que el supuesto uso ilegal del poder público para favorecer a terceros y desplazar a funcionarios legítimos constituye un precedente grave que, a su juicio, debe ser investigado a fondo por el Ministerio Público.
Montalvo, por su parte, ha dicho que el proceso de transición de los nuevos jueces de paz ha sido transparente y ordenado.
