A 11 días de entrar en vigor la Ley 467 de abril de 2025, más de 500 jueces de paz dejaron de depender de los municipios y pasaron al Ministerio de Gobierno. La transición, sin embargo, ha generado denuncias de irregularidades y posibles violaciones a la norma, con los señalamientos apuntando a la ministra Dinoska Montalvo.
Una de las figuras públicas que ha seguido de cerca el tema de la justicia de paz desde hace años es la abogada y exdirectora de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, Magaly Castillo, quien criticó la manera en que se ha manejado la transición. “Los jueces y mediadores que ya estaban en funciones y que fueron seleccionados por concurso mediante la Ley 16 de 2016 se debieron mantener en sus puestos hasta que culminaran sus respectivos periodos”, afirmó.
Castillo destacó que la nueva ley contempla un procedimiento claro para remover a los jueces en caso de que existan quejas o denuncias, procedimiento que no se respetó en esta ocasión. “Con la nueva ley, el Ministerio de Gobierno asume la potestad de investigar y sancionar estas conductas a través de una Comisión de Evaluación y Supervisión Disciplinaria. Eso no sucedió y se destituyeron jueces violando los procedimientos establecidos”, señaló.
El proceso de escogencia
Castillo explicó que la selección de los nuevos jueces comunitarios debía realizarse de manera escalonada y solo en casos específicos: “En los corregimientos donde no exista un juez o mediador comunitario nombrado; en aquellos lugares donde los periodos de los jueces actuales estén por terminar; o donde no se haya efectuado el nombramiento siguiendo el proceso de selección que establecía la anterior Ley 16 de 2016”.
Sin embargo, según la abogada, los nombramientos se realizaron sin seguir el proceso que establece la Ley 467 del 2025, generando un desorden institucional. “No hubo una entrega seria y ordenada de las oficinas, por lo que en este momento lo que se vive es un caos en perjuicio de los ciudadanos”, denunció.
La jurista advirtió que la falta de planificación y respeto a los procedimientos afecta directamente a la ciudadanía y a la operatividad de los juzgados comunitarios. “Hay corregimientos donde los jueces de paz no se atreven a hacer nada porque están esperando el reemplazo, y esto ha sido una total falta de organización y de respeto a la ley”, señaló.
Para Castillo, los cambios en la justicia comunitaria deben hacerse “con transparencia, orden y siempre respetando los procedimientos y las leyes. No se pueden hacer las cosas a la brava y sin respeto a las comunidades”, concluyó, enfatizando la necesidad de una transición ordenada y legalmente respaldada.
No hay ningún nuevo modelo. Lo que hay es un quítate tú para poner a mi gente. Los jueces de paz estaban en sus puestos por concurso. Ahora los han sacado y han colocado a personas que han entrado sin un debido concurso. Están violando la misma ley que aprobaron en el 2025. https://t.co/NEx6fcjyJO
— Magaly Castillo (@magcastill) January 9, 2026
El relato de un juez
El exjuez de paz de Santa Ana, Miguel Palma, relató que la crisis en la justicia comunitaria comenzó el pasado 5 de enero, cuando un abogado llegó a su despacho afirmando que tomaría posesión del cargo. “Le pregunté: ¿a qué se refiere, licenciado? Si usted tiene algo administrativamente que decirme, hágamelo saber, pero no puedo entregarle un despacho sin una legitimación”, recordó Palma. Según afirmó, la única constancia presentada fue una supuesta toma de posesión emitida por el Ministerio de Gobierno.
Palma aseguró que desde noviembre intentó comunicarse con la ministra Dinoska Montalvo sin éxito. “Lo único que me dijeron fue que debía enterarme de las cosas por las noticias”, cuestionó.
Ante ese escenario, Palma presentó un amparo de garantías ante la Corte Suprema de Justicia. Explicó que su sorpresa fue descubrir que la ley “no faculta a la ministra a nombrar, despedir o desvincular jueces de paz”. Recordó que la Ley 467 establece la existencia de una comisión con procedimientos específicos para esos casos.
“Ella está nombrando interinos sin concursos, sin capacitaciones y en lugares donde ya había jueces titulares. Eso viola la ley”, dijo el exjuez, al señalar que en el distrito de Panamá los 24 jueces de paz son de concurso y debieron permanecer en sus puestos.
Además, criticó duramente la actuación de la ministra Montalvo: “No sé qué le sucedió con la justicia de paz. Antes era muy activa en redes, casi influencer. Pero aún está a tiempo de corregir: solo tiene que hacer lo que dice la ley, no lo que su criterio subjetivo le advierte”.
Millones en juego
En su momento, la presidenta de la Asociación de Municipios de Panamá (Amupa), Nadine González, dejó claro que nunca estuvo de acuerdo con que la justicia de paz saliera del ámbito municipal. A su juicio, la mala percepción existente a nivel nacional sobre el desempeño de los jueces de paz no obedecía a fallas del modelo, sino a la falta de recursos con la que operaban los municipios y que nunca recibieron para la implementación.
La ministra de Gobierno, por su parte, reconoció días atrás en varios medios de comunicación que podría haber resistencia al nuevo proceso, pero afirmó que el cambio busca ordenar y fiscalizar la justicia comunitaria.
Además del debate legal, también surge un debate financiero que podría tener implicaciones políticas. La justicia comunitaria ha venido funcionando con un presupuesto estimado de 38 millones de dólares, previamente disperso entre los municipios.
Esto implica que ahora ese monto deberá pasar al Ministerio de Gobierno, lo que se traduce en un mayor presupuesto y, a su vez, en nuevos nombramientos, considerando que en cada casa de paz laboran en promedio cuatro o cinco personas.
Así lo planteó la ministra el pasado 2 de enero en la Asamblea: “Con el MEF [Ministerio de Economía] se han hecho esas corridas presupuestarias para poder tener una justicia que realmente funcione”, afirmó, al aclarar que se trata de una migración de fondos ya existentes.
Los especialistas advierten que estas destituciones y la falta de nombramientos mediante concurso podrían permitir al Ejecutivo colocar a sus allegados al frente de la justicia comunitaria, la instancia más cercana al ciudadano, generando un riesgo de control político sobre el sistema.
