Fuera de la pensión que otorga la Caja de Seguro Social (CSS) los funcionarios tienen derecho a una pensión complementaria gracias a lo que se conoce como Sistema de Ahorro y Capitalización de los Servidores Públicos (Siacap).
El Siacap es un programa de ahorro y capitalización de pensiones que en 1997 reemplazó al Fondo Complementario de Prestaciones Sociales, que era de carácter solidario y había sido creado para sufragar parte de las jubilaciones de los funcionarios. Este fondo, creado en 1975, bajo el supuesto de que el Estado aportaría el capital semilla, estableció un descuento obligatorio para los servidores públicos de 2%. Debido a que el Estado no aportó el capital semilla y a la carga económica de las jubilaciones especiales, el sistema comenzó a trastabillar. Ante este escenario en 1997 se creó el Siacap con la diferencia que los fondos se ahorraban en una cuenta individual y no había obligación de formar parte del sistema. Así, miles de funcionarios se salieron.
¿Qué pasó con el dinero ahorrado? El Estado emitió un bono de reconocimiento por la suma de 397 millones de dólares.
Pero la historia no terminó ahí. En 2001 se reforma la ley del Siacap para permitir a los afiliados vender o negociar el monto total que les correspondía del bono que emitió el Estado mediante lo que se denominó Certificado de Participación Negociable (Cerpan). A finales de ese mismo año la ley del Siacap volvió a reformarse mediante la Ley 76 de 28 de diciembre para permitirle al comercio con licencia participar en la negociación de los Cerpan
ANALIZAN CAMBIOS
Eryx Tejada Him, director ejecutivo del Siacap, dice que en este momento analizan nuevos cambios que implicarían otra reforma a la ley.
Actualmente el Siacap tiene 518 millones de dólares y entre 215 mil y 220 mil afiliados.
Según Tejada Him, una de las razones para nuevos cambios es que hoy día un tenedor de Cerpan puede hacer efectivo el documento en siete días mientras que un afiliado puede demorar hasta 30 días. Por ello habría que modificar, dice, asuntos de procedimiento. Además, explica, habría que cambiar algunas restricciones de inversión. Por ejemplo, explica, hoy la CSS no puede invertir en un socio de HSBC, lo cual limita las posibilidades en un mercado de valores pequeño. También opina que la restricción a inversiones de más del 10% de los fondos en títulos extranjeros debiera cambiarse y subirse el techo a 15% o 20% para conseguir mejores rendimientos. Pero todas estas ideas debe aprobarlas el Consejo directivo del Siacap para luego proponer una ley ante la Asamblea Nacional.
ASI SUCEDIERON LOS HECHOS
1975: Mediante la Ley 16 de 31 de marzo se crea el Fondo Complementario
1997: Con la Ley 8 de 6 de febrero nace el Siacap.
2001: A través de la Ley 29 de 3 de julio se reforma el Siacap y se crea un documento negociable (Cerpan).
2002: A partir del 1 de enero se hace obligatorio para los servidores públicos hacer aportes al Siacap.
2006: Con un fondo de 518 millones de dólares y unos 215 mil afiliados, los directivos del Siacap analizan nuevas reformas al sistema.
(Vea La cautela se ha impuesto con el Cerpan)
Cuando se abrió la puerta para acceder de forma anticipada a un porcentaje de los fondos que los empleados públicos tienen en el Siacap, muchos inversionistas aprovecharon la oportunidad.
Casi el 50% de los 200 mil afiliados al Siacap solicitó su Cerpan. Sin embargo, mucha gente se quedó con el documento y no lo vendió, lo que a juicio de Eryx Tejada Him, director del Siacap, fue la mejor decisión. Entre los bancos que más compraron este documento figuran Banistmo, Multicredit Bank y Credicorp Bank.
Se calcula que se han negociado unos 150 millones de dólares en Cerpan. Los tenedores de este documento, no obstante, deben esperar a que el bono redima para reclamar el dinero. Mientras más lejana es la fecha para cambiar el Cerpan menos valor tiene.
Históricamente el rendimiento que ofrecen los fondos del Siacap ha sido superior al 8% anual, que duplica lo que ofrece el mercado en pago de cuentas de ahorro.
Pero en 2006 hubo un bajón y los rendimientos han sido de alrededor del 7%. Ello se debe principalmente “a que los títulos del Estado han perdido valor, aunque esa tendencia comienza a revertirse”, explicó Tejada.
