Desde el lunes 2 de marzo, el Salón de audiencias del Tribunal Superior de Causas Penales acoge uno de los juicios por corrupción más complejos de los últimos tiempos.
En el banquillo, nueve personas. En el estrado, una fila de peritos y testigos técnicos que durante cuatro jornadas han explicado al tribunal cómo funciona, o cómo debería funcionar, el engranaje de las contrataciones públicas en Panamá.
En el fondo de todo, una pregunta que este proceso intenta responder: ¿quién era responsable de que el dinero del Estado no se malgastara, y qué hizo con esa responsabilidad?
El viernes 6 de marzo, cuarto día del juicio, la fiscal Thalia Palacios habló con La Prensa en las escaleras del edificio durante el receso del mediodía. El juicio se desarrolla a puertas cerradas por orden de la jueza Águeda Rentería, lo que obliga a los periodistas a esperar las pausas para hablar con fiscales, defensores e imputados y documentar lo que ocurre adentro.
Para el Ministerio Público, el debate sobre si hubo o no peculado ya está saldado.
“A juicio del Ministerio Público y con el auto de llamamiento de la juez, tenemos un delito acreditado y que ya se da por sentado”, afirmó. Lo que viene ahora es más quirúrgico: demostrar, imputado por imputado, el grado de conocimiento que cada uno tenía sobre el delito.
Esa tarea comienza el martes 10 de marzo, cuando la Fiscalía tome la palabra para iniciar los alegatos. Será el primer turno. Después vendrá la querella y, al final, los abogados defensores.
Será la etapa en la que cada parte le cuente al tribunal su versión definitiva de lo que ocurrió con dos obras públicas que juntas suman casi $100 millones en presuntos sobreprecios.
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Las obras y los números
Los proyectos en el centro del debate son la rehabilitación del Patrimonio Histórico de la Ciudad de Panamá y la ampliación de la Avenida José Domingo Díaz. Ambos forman parte del Plan Maestro de Ordenamiento Vial que el gobierno de Ricardo Martinelli impulsó entre 2009 y 2014.
La Contraloría General de la República auditó esas obras y otras tres más, y encontró cifras que, para la Fiscalía Especial Anticorrupción, no tienen otra explicación: $51.4 millones en sobreprecios en el Casco Antiguo y $47.3 millones en la Domingo Díaz.
El Patrimonio Histórico fue adjudicado a Odebrecht y a Fomento de Construcciones y Contratas, la empresa española conocida como FCC. La Domingo Díaz quedó en manos del consorcio Ica-Meco. Cuatro empresas, dos obras, un mismo patrón según la teoría fiscal: las compañías se habrían reunido previamente para repartirse los contratos y coordinar las cifras que presentarían en las licitaciones, con un margen del 10% destinado al pago de coimas.
Colaboradores de FCC que ya rindieron declaraciones ante la fiscalía apuntaron que esa repartición ocurrió en las antiguas oficinas de Odebrecht, en Torres de las Américas. Allí, según esos testimonios, le dijeron a cada empresa cuánto poner en su oferta para que los números cuadraran, y de paso, para que nadie quedara fuera.
El papel de la comisión evaluadora
Dentro de ese esquema, la comisión evaluadora del Ministerio de Obras Públicas habría cumplido, según los elementos que maneja el Ministerio Público, un papel de mero trámite. La ley, en cambio, les asignaba una responsabilidad relevante.
La fiscal Palacios lo explicó sin rodeos: “La comisión evaluadora es la encargada de verificar que se cumplan con todos los requerimientos técnicos para cada uno de los proyectos, y esto ellos ejercen un deber de garante en atención a la ley de contrataciones”.
Ese deber de garante, consagrado en la Ley 22 de 2006 sobre Contrataciones Públicas y su sucesora, la Ley 12 de 2010, convierte a los integrantes de esas comisiones en la última línea de defensa del Estado antes de que un contrato millonario quede firmado.
Su firma es la garantía de que alguien revisó los precios, verificó los requisitos técnicos y validó que la propuesta ganadora era la más conveniente para el país.
En la agenda de Mulino
Cada tanto el rol de estas comisiones llega a debate. En diciembre de 2025 fue el propio presidente José Raúl Mulino quien puso el tema en el centro de las miradas. Cuestionó la permanencia prolongada de funcionarios en estos equipos encargados de calificar las propuestas presentadas en los actos públicos.
“Hay gente eternamente viviendo allí y vean ustedes el desastre que son las contrataciones en términos generales”, manifestó.
La Ley de Contrataciones Públicas establece que deben conformarse por profesionales con formación y experiencia vinculadas al objeto de la contratación y ser designadas antes de la recepción de las propuestas.
Sin embargo, la normativa es tajante al imponer un deber de garante sobre sus miembros, quienes, según el Artículo 56, asumen responsabilidad administrativa, civil y penal por sus actuaciones.
Esta exigencia legal busca evitar que la discrecionalidad técnica se convierta en una herramienta de favoritismo, pues la ley obliga a un análisis objetivo de los criterios de selección.
Juan Manuel Vásquez, María Eugenia González, León Emilio Halphen y Héctor Castillo integraron la comisión evaluadora que analizó las propuestas del reordenamiento vial. Los cuatro enfrentan cargos por peculado. El mismo delito pesa sobre Federico “Pepe” Suárez, quien en 2011 era ministro de Obras Públicas cuando se adjudicaron los contratos.
Otros de los imputados en esta causa son Jorge Churro Ruiz, Gonzalo de la Rosa, y Sergio Del Sour.
Dos ya alcanzaron acuerdos con la Fiscalía. Los demás esperan el veredicto.
Una jornada de peritos
La jornada del viernes comenzó a las 9:00 a.m. con la presentación de testigos técnicos convocados por la defensa. El primero fue Juan Jesús Cedeño, director legal del Metro de Panamá y especialista en contrataciones públicas y derecho administrativo, requerido por Abril Arosemena, defensora de Juan Manuel Vásquez.
Cedeño ya había declarado en el juicio del caso Odebrecht, del que se desprende esta causa.
Durante más de dos horas, respondió preguntas sobre quién fija los precios de una obra pública, cuáles son los límites de la comisión evaluadora y si la Contraloría tiene la capacidad técnica para establecer precios de referencia.
Su argumento central: la comisión evaluadora no puede salirse de los criterios que el propio contratante le establece. Una afirmación que, desde la perspectiva de la defensa, reduce la responsabilidad de sus clientes.
Después llegaron más peritos. Un experto en contrataciones públicas analizó el informe sobre la Domingo Díaz e ilustró al tribunal con conceptos como “llave en mano”, pliegos de cargos, sobrecostos y nulidad de contratos.
Una ingeniera repasó las funciones de la comisión técnica evaluadora y se adentró en los detalles del diseño de la obra. Un contador, administrador de empresas y abogado se refirió al Plan Maestro de Ordenamiento Vial.
Al final del día, un economista y auditor forense ofreció un comparativo de precios de obras similares y desarrolló la distinción entre sobreprecios y sobrecostos, un matiz técnico que la defensa aprovecha para cuestionar las conclusiones de la Contraloría.
La sesión cerró a las 7:15 p.m.
El sustento de la Fiscalía
Frente a ese desfile de expertos de la defensa, la fiscal Palacios insistió en que la solidez del caso no reposa en un solo documento. “Tenemos que hacer una valoración en conjunto de todos los elementos de convicción, no solamente el audito forense que ha presentado la Contraloría, sino también declaraciones juradas que han rendido personas, inclusive información que se ha pedido a otras instituciones públicas, también algunas pruebas trasladadas que constan dentro de la investigación”, enumeró.
Estas evidencias incluyen, entre otros elementos, los testimonios de colaboradores de FCC que describieron el mecanismo de pago de coimas, asistencias judiciales enviadas a Suiza, España, Costa Rica y Países Bajos para rastrear cuentas bancarias de sociedades que presuntamente sirvieron para blanquear el dinero, y al menos 14 declaraciones bajo juramento de funcionarios y exfuncionarios del MOP, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría.
El lunes 9 de marzo la audiencia se reanuda con dos peritos de la Contraloría en el estrado. Será la última jornada de pruebas antes de que llegue el momento de los argumentos finales.
Lo que este juicio le dice al país
Al final de la entrevista, la fiscal Palacios salió por un momento del lenguaje técnico del proceso y habló de lo que queda más allá del veredicto.
“Nos deja varias lecciones, sobre todo en la forma en que nuestras instituciones deben organizarse de manera interna para no permitir que se puedan dar manejos de los costos estimados o de los precios que tienen cada uno de los proyectos”, reflexionó. Y añadió que “hay muchos retos en materia de contratación pública que deben ser aplicados dentro de la transparencia y rendición de cuentas que tenemos como país”.
Afuera del salón de audiencias, la ciudad sigue igual. Las obras están terminadas, las empresas cobraron y las calles que se remodelaron las usan todos los días miles de panameños que probablemente nunca sabrán cuánto costaron de más.
El martes comienzan los alegatos.
