A partir del 1 de enero de 2026, el sistema de justicia comunitaria entrará en una nueva etapa institucional: más de 500 jueces de paz, que actualmente operan en cerca de 700 corregimientos del país, dejarán de depender de los municipios y pasarán a la órbita administrativa del Ministerio de Gobierno, tal como lo dispone la Ley 467 de 2025.
La Ley 467, promulgada el 24 de abril de 2025, derogó el marco legal vigente desde 2016 y dio paso a una nueva Jurisdicción Especial de Justicia Comunitaria de Paz. Adscrito al Ministerio de Gobierno, este sistema no se limita a resolver conflictos menores: su apuesta es más ambiciosa, pues busca reconfigurar la convivencia social desde la base, privilegiando el diálogo, la mediación y la restauración del tejido comunitario en cada corregimiento del país.
Esta semana, la Asociación de Municipios de Panamá (Amupa) sostuvo una reunión de transición con el Ministerio de Gobierno, en la que participó la titular de esa cartera, Dinoska Montalvo.
Durante la reunión, los alcaldes y asistentes participantes tuvieron la oportunidad de exponer sus planteamientos y despejar sus dudas, las cuales fueron atendidas y aclaradas durante el conversatorio. pic.twitter.com/oWzqsvMopt
— Ministerio de Gobierno de Panamá (@MinGobPma) December 29, 2025
La nueva normativa también aborda el tema salarial, al establecer un sueldo base de 1,000 dólares mensuales para los jueces de paz. Además, exige título de licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, así como la idoneidad expedida por la Corte Suprema de Justicia. En cuanto a la infraestructura de las Casas de Paz, el presupuesto para estas dependencias provendrá directamente del Ministerio de Gobierno.
Entre las principales limitaciones que han afectado históricamente a los jueces de paz en Panamá figura la carencia de herramientas materiales y apoyo logístico para el ejercicio de sus funciones. Esta situación no solo ha entorpecido el funcionamiento cotidiano de las oficinas, sino que también ha comprometido el registro adecuado de las actuaciones, debilitando los mecanismos de control y la trazabilidad de los expedientes. La ausencia de una inversión sostenida en estos aspectos ha puesto en evidencia la escasa prioridad estatal otorgada al fortalecimiento real de la justicia comunitaria.
En ese contexto, la presidenta de Amupa, Nadine González, dejó claro que nunca estuvo de acuerdo con que la justicia administrativa saliera del ámbito municipal. A su juicio, la mala percepción existente a nivel nacional sobre el desempeño de los jueces de paz no obedecía a fallas del modelo, sino a la crónica falta de recursos con la que operaban los municipios.
“Hacíamos lo que podíamos, pero no teníamos cómo”, afirmó González, al recordar que nunca se transfirieron fondos específicos para cumplir adecuadamente con las exigencias del sistema de justicia de paz.
La dirigente municipal detalló que la normativa imponía condiciones que los gobiernos locales no podían sostener: cuatro funcionarios por Casa de Paz, una casa por corregimiento y jueces con formación en Derecho, sin que existiera respaldo presupuestario. Indicó que, desde Amupa, se ha brindado apoyo durante los primeros seis meses de transición hacia el Ministerio de Gobierno, aunque advirtió que el desafío financiero persiste. “En una comunidad rural, un juez de paz debe ganar al menos 1,000 dólares y no puede litigar; eso requiere recursos reales”, subrayó.
Como ejemplo, citó su distrito en Darién, donde ocho corregimientos eran atendidos apenas por dos jueces de paz, una situación que reflejaba las limitaciones estructurales con las que operó la justicia comunitaria bajo el esquema municipal.
En su momento, el presidente de la República, José Raúl Mulino, defendió la nueva normativa. “Se logra el cambio de una nefasta ley de 2016 sobre justicia comunitaria de paz. Eso era un desastre, porque los jueces de paz se tomaron ese sector de una justicia administrativa mal concebida para hacer lo que les daba la gana, y lo que menos administraban era justicia”, afirmó el mandatario durante su conferencia de prensa del 24 de abril.
Sobre este tema también se ha pronunciado la abogada Magaly Castillo, quien ha señalado que las deficiencias históricas de la justicia de paz no se explican por la falta de idoneidad de los jueces, sino por un sistema que los mantuvo mal remunerados, sin acompañamiento institucional y operando en Casas de Paz con infraestructuras precarias. A su juicio, existieron entidades legalmente obligadas a supervisar y fortalecer este modelo que incumplieron ese mandato.
Con la entrada en vigencia del nuevo esquema, subraya Castillo, ese escenario debería cambiar. “Ya no hay pretextos”, afirma, al quedar la responsabilidad concentrada en una sola entidad rectora. La abogada sostiene que el impacto de esta reforma deberá evidenciarse en el corto plazo y recalca que destinar recursos a la justicia comunitaria de paz equivale a invertir en la prevención de la violencia y en el fortalecimiento de la convivencia social.
