La justicia comunitaria de paz queda adscrita al Ministerio de Gobierno. Los conflictos municipales que necesiten ser resueltos por jueces de paz quedarán ahora bajo la supervisión del Órgano Ejecutivo, luego de la aprobación de la Ley 467 del 24 de abril de 2025, que derogó la legislación anterior.
El cambio en la jerarquización deja atrás un historial de modificaciones que ha sufrido esta instancia de la justicia: desde la eliminación de la figura del corregidor hasta la aparición de la propia justicia de paz con la Ley 16 del 17 de junio de 2016, la cual ha quedado derogada.
Con la nueva norma, los alcaldes de distrito perderían su rol articulador de las casas de justicia comunitaria de paz, y esta prerrogativa quedará bajo la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos del Ministerio de Gobierno.
El propio presidente de la República, José Raúl Mulino, defendió la sanción de la nueva ley. “Se logra el cambio de una nefasta ley de 2016 sobre justicia comunitaria de paz. Eso era un desastre porque los jueces de paz se tomaron ese sector de una justicia administrativa mal concebida para hacer lo que les daba la gana y lo que menos administraban era justicia”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa del pasado 24 de abril
“Ahora los jueces de paz van a tener jefe”, señaló Mulino. Anteriormente, una de las figuras que ejercía un considerable nivel de supervisión sobre los jueces de paz eran los alcaldes, quienes también participaban en el proceso de selección de jueces.
“El problema de la justicia de paz no eran los jueces inútiles, sino los jueces mal pagados, sin supervisión, casas de paz con infraestructuras y condiciones deprimentes. Una justicia de paz que tenía instituciones que estaban obligadas por ley a supervisar y apoyar, y no lo hicieron. Ya no hay excusa: ahora tenemos a un solo ente encargado de todo y esperamos ver los resultados en poco tiempo. Invertir en justicia comunitaria de paz es invertir en prevención de violencia”, señala la abogada Magaly Castillo al respecto.
La necesidad de reformar la ley de justicia comunitaria de paz se ha alertado desde diversos sectores, incluida la propia Defensoría del Pueblo, quien recoge en su portal estadístico el derecho al debido proceso judicial como uno de los más vulnerados, al tiempo que la categoría de acceso a la justicia y el estado de derecho lidera el listado de derechos.
En la nueva ley se aborda el tema salarial, estableciendo un salario base de $1,000 para los jueces de paz. También se exige el título de licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, así como la idoneidad expedida por la Corte Suprema de Justicia.
En cuanto a la infraestructura de las casas de paz, el presupuesto para estas dependencias vendrá directamente del Ministerio de Gobierno, cuyo presupuesto al cierre del primer trimestre de 2025 alcanzó los $116.1 millones para funcionamiento y $15 millones para inversión.
Tras la sanción de la nueva legislación, el Ministerio de Gobierno deberá incorporar en su proyecto de presupuesto para la próxima vigencia fiscal la dotación necesaria para cubrir los gastos de la justicia comunitaria de paz.
¿Centralización?
Sin embargo, a pesar de que la nueva legislación ataca algunos de los problemas centrales que describe Castillo, la jurista considera que también se crean otros.
“El cambio más importante radica en que los jueces de paz pasarán a estar adscritos al Ministerio de Gobierno, y los recursos serán canalizados a través de este ministerio (...). Escogencia, nombramiento, todo está concentrado en el Ministerio de Gobierno, que responde al Ejecutivo. Todos estos conflictos que hay de manifestaciones públicas van a dar a las casas de paz, lo que podría prestarse para abusos, porque ahora los jueces de paz están totalmente dependientes del Órgano Ejecutivo. Ese creo que es un punto que debe llamarnos a la preocupación”, argumentó Castillo.
“Espero que este cambio resulte y que en un plazo de cinco años no estemos evaluando la posibilidad de integrar a los jueces de paz al Órgano Judicial”, sentenció Castillo, esperando que la nueva ley solucione algunos de los problemas que aquejan a la administración de justicia comunitaria.
