Primero fue el nombramiento de su abogado como procurador general de la Nación. Así empezó el presidente José Raúl Mulino a meter sus manos en la justicia. Luego le dio un salvoconducto para ir a su asilo al lavador de dinero Ricardo Martinelli. Luego, en abril del año pasado, bajo su administración, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia revocó la condena por blanqueo de capitales impuesta a Valentín Martínez Vásquez –hermano del canciller Javier Martínez Acha– por el caso New Business.
También, bajo la administración de Mulino, y en ese mismo caso, Nicolás y José Carlos Corcione Pérez Balladares, así como Gonzalo Gómez Wong, en el proceso por blanqueo de capitales relacionados con la compra de Editora Panamá América, la misma Sala Penal de la Corte Suprema absolvió a los mencionados. Alegaron que se cometieron errores y todo el mundo para su casa. La cosa no terminó ahí.
En septiembre del año pasado, un juez, en el caso de las indemnizaciones de Diablos Rojos, absolvió a 185 imputados, entre ellos, Jorge ‘Ricky’ Fábrega y Ventura Vega, tras concluir que no existían pruebas de una estructura criminal para defraudar al Estado y que las irregularidades detectadas en el programa de compensación fueron fallas administrativas. Y qué “coincidencia”: Fábrega, asesor del presidente Mulino, y Vega, secretario general de la Contraloría.
Evidentemente, se trata de un patrón de casos judiciales que también tiene asidero en los nombramientos que Mulino ha hecho en la Corte Suprema. Destaca por sí solo el de Carlos Ernesto Villalobos Jaén, quien fue un subalterno de Mulino en una de las firmas en la que el hoy presidente de la República fue socio. El gobernante había prometido previamente que los nuevos magistrados “no serán compañeritos míos ni jugadores de dominó conmigo ni tomadores de tragos conmigo”. Nada decía sobre subalternos, evidentemente.
¿Dudas de qué Mulino no tiene las manos metidas en la justicia? Veamos dos casos más y una ñapa. En diciembre de 2025, la Sala Tercera Contencioso Administrativa y Laboral de la Corte Suprema declaró legal la destitución de la hoy exfiscal Zuleyka Moore que ordenó el entonces procurador general de la Nación, Javier Caraballo.
Moore instruyó el expediente por presunto peculado en la compra de radares Selex, fabricados por una filial de Finmeccanica, en la que resultó vinculado el exministro de Seguridad Pública y actual presidente de la República, José Raúl Mulino. El mensaje fue claro: Nadie se mete conmigo sin que haya consecuencias. Así piensa y actúa el resentido de Mulino.
Curiosamente, la ponente del caso contra Moore es hoy la nueva presidenta del Órgano Judicial, la magistrada María Cristina Chen. Mientras que Caraballo –el que destituyó a Moore– es ahora embajador de Panamá en Austria. Palo para la que fastidia, premio para el que se somete. Mulino aprendió bien de los militares que combatió.
El otro caso es el de Mario Martinelli, hermano del cobarde que goza de los $19 millones que no entrega a la justicia tras ser multado en el caso New Business. Mario Martinelli había confesado sus delitos a cambio de indulgencia. Había sido acusado de causar una lesión al patrimonio del Estado que sobrepasó los $12 millones, pero solo devolvería poco más de $3 millones. Entonces vino el milagro: el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales revocó a finales de diciembre pasado su condena, negociada en 40 meses de prisión. El tribunal declaró la nulidad parcial del proceso denominado “granos” del hoy fenecido Programa de Ayuda Nacional (PAN).
¿Devolverá los milloncitos que confesó haberse cogido del Estado? Esto, por más maquillaje legal que se le haga, apesta a burla e impunidad.
Y ahora, la ñapa: Mulino acaba de hacerle una rebaja de pena a Milena Vallarino, pareja del ladrón del exministro Guillermo Ferrufino, ambos condenados por enriquecimiento injustificado, o sea, por ladrones de plata del Estado. Y la cerecita fue que también concedió rebaja de pena a otro ladrón, cuñado de su ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo. Se trata de José ‘Chepi’ Carrizo, condenado por estafa agravada contra La Prensa, tras robarse –junto con una cómplice– más de $2.5 millones.
El amor de Mulino por todos estos ladrones es un patrón que resulta muy claro para mí, tanto como que la impunidad ha vuelto a su viejo y lustroso esplendor. Y acostumbrémonos, pues por ahí veremos más sorpresas, porque despojar del cargo a la fiscal anticorrupción a cargo del caso Odebrecht deja en evidencia el vergonzoso sometimiento de la justicia al poder Ejecutivo. Así que, señor Mulino, no nos venga con discursos de moralidad y justicia. Sus acciones son una vergüenza para su profesión y para el cargo que ostenta. ¡Ud., señor Mulino, es un perfecto hipócrita!
