El exprocurador de la Administración, Rigoberto González, no ocultó su desasosiego tras lo ocurrido en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, donde fueron rechazados los proyectos anticorrupción presentados por el actual procurador Luis Carlos Gómez.
Se trata de los proyectos de Ley 291 y 292, presentados por Gómez, que buscaban fortalecer la lucha contra la corrupción. El 291 establece un marco de prevención y sanción de delitos públicos, mientras que el 292 aumenta las penas por peculado y enriquecimiento injustificado. A pesar de su importancia, ambos fueron rechazados, generando dudas sobre la voluntad del Legislativo de dotar al Ministerio Público de herramientas eficaces y de enviar un mensaje claro de transparencia.
“Mi posición siempre estará a favor de todas esas medidas que pretenden adoptarse para hacer más eficaz la lucha contra la corrupción”, afirmó el exprocurador, subrayando su respaldo a la iniciativa del Ministerio Público.
González recordó que la petición del procurador era sencilla: que los proyectos fueran llevados a debate. “No fue debatido. Y, segundo, lo que está procurando es que el Ministerio Público pueda cumplir eficazmente una de sus obligaciones, que es proteger los intereses del Estado frente a actos de corrupción”, explicó. Para él, la decisión de cinco diputados de rechazar estas propuestas refleja una falta de comprensión sobre la importancia del tema.
Como se recordará, los diputados de Realizando Metas (Luis Eduardo Camacho y Shirley Castañeda), del PRD (Raphael Buchanan y Jairo Salazar) y de Cambio Democrático (Didiano Pinilla) votaron en contra, mientras que los representantes de la coalición Vamos (Roberto Zúñiga, Luis Duke y Janine Prado) y del partido Movimiento Otro Camino (José Pérez Barboni) apoyaron las iniciativas.
Mensaje negativo
El exprocurador criticó el mensaje que envía el Legislativo al no someter las iniciativas a debate. “Es rehuir el debate. Ni siquiera la ciudadanía se entera de los aspectos que se estaban proponiendo, ni se escucha la sustentación del por qué esos proyectos no eran necesarios”, señaló. Según González, esta actitud envía un mensaje negativo sobre la voluntad de las autoridades de enfrentar la corrupción.
La percepción de González es clara: la acción de los diputados afecta directamente a la población. “Al fin y al cabo, el que termina siendo afectado cada vez que hay un acto de corrupción es la población”, indicó, y llamó a que los discursos de los dirigentes públicos sean coherentes con sus actos.
Sobre la posición del presidente de la República, José Raúl Mulino, quien anteriormente expresó su desacuerdo con ambas propuestas de ley, González criticó la contradicción entre palabras y hechos.
“El señor presidente, junto con la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, creó una unidad para coordinar la gestión ante delitos de corrupción. Pero, por otro lado, no hubo apoyo a los proyectos de ley del procurador que buscan lo mismo. El discurso tiene que ser coherente con los actos”, señaló.
La falta de acción
González alertó que la falta de acción contribuye a que Panamá permanezca en listas de organismos internacionales por problemas de corrupción. “No es suficiente con un discurso; esto se tiene que demostrar en hechos. Los hechos se sustentan en materializar el debate y la posible aprobación de esos proyectos”, enfatizó.
En sus palabras, existe resistencia a que el Ministerio Público ejerza plenamente sus funciones. “El temor parece ser que las instituciones logren actuar de manera eficaz. El procurador presentó proyectos de ley para fortalecer esa capacidad y no recibió respaldo institucional. Eso envía un mensaje preocupante”, dijo.
Su mensaje final apela a que los fondos públicos malversados afectan directamente a toda la comunidad. “Cuando hablamos de actos de corrupción, los que terminamos siendo afectados somos todos. Los dineros que se apropian otros funcionarios son fondos públicos, de todos nosotros”, señaló, enfatizando la urgencia de contar con instrumentos legales eficaces para enfrentar este problema en el país.
