La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional (AN), presidida por el diputado Luis Eduardo Camacho, no ha incorporado en la agenda los dos proyectos anticorrupción presentados por el procurador general de la Nación, Luis Carlos Manuel Gómez Rudy.
Ambos proyectos fueron presentados el pasado 24 de julio y se desconoce cuándo serán discutidos en primer debate.
Por esta razón, el procurador Gómez envió una nota al diputado Camacho el pasado 18 de agosto, solicitando la inclusión de ambos proyectos en el orden del día.
“La urgencia de debatir estas iniciativas legislativas cuenta con amplio respaldo, ante la crítica posición de Panamá en el Índice de Percepción de la Corrupción, donde obtuvo 33 puntos, ubicándose por debajo del promedio regional”, escribió el procurador en su nota.
“Este dato refleja la persistente debilidad institucional y confirma que la corrupción es un problema sistémico que exige reformas profundas. Por ello, es crucial avanzar en la aprobación de estas propuestas para fortalecer la institucionalidad y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía”, agregó.
El Procurador General de la Nación, Luis Carlos Gómez, presentó dos proyectos de ley para combatir la corrupción, entre éstos: el Proyecto de Ley, por el cual se adopta la Ley General Anticorrupción, se modifica el Código Procesal Penal y se dictan otras disposiciones. pic.twitter.com/ZfDoP2Ofqv
— Asamblea Nacional (@asambleapa) July 24, 2025
Uno de los proyectos, el número 291, propone la adopción de una “ley general anticorrupción”, y el otro, el número 292, modifica artículos del Código Penal relacionados con delitos contra la administración pública. Según Gómez Rudy, ambos buscan adecuar el marco penal panameño a los estándares internacionales en materia de prevención y lucha contra la corrupción.
Camacho, del partido Realizando Metas (RM), tomó posesión como presidente de la Comisión de Gobierno el 13 de agosto pasado. Antes, presidió esa misma instancia de julio de 2024 a junio de 2025.
Entre otras novedades, el proyecto 291 busca que los peritajes y las auditorías necesarias para la acreditación de actos de corrupción puedan ser practicados por funcionarios que presten servicios en entidades estatales, autónomas y semiautónomas, en universidades oficiales, en entes policiales y en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf). Actualmente, para acreditar el delito, es necesario contar con auditoría previa de la Contraloría General de la República.
También propone que el Ministerio Pública pueda investigar de oficio los delitos de enriquecimiento injustificado y duplicar el término de prescripción “para los delitos de peculado, corrupción de servidores públicos, enriquecimiento injustificado y delitos patrimoniales contra cualquier entidad pública”.
En tanto, el proyecto 292 pretende aumentar las penas.
