La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional realizará las entrevistas a los 35 aspirantes a la Defensoría del Pueblo el próximo lunes 30 de marzo, a partir de las 9:30 a.m., en el salón Azul del Palacio Justo Arosemena.
Cada uno de los candidatos contará con un espacio de cinco minutos para exponer su plan de trabajo ante los comisionados.
Así lo confirmó el diputado Luis Eduardo Camacho, del partido Realizando Metas y presidente de dicha instancia legislativa. Durante el periodo de incidencias de la sesión de este miércoles, Camacho habló del enfoque que debe tener esa institución.
“La Defensoría del Pueblo no es una corregiduría. Es un organismo especializado en la defensa y en la protección de los derechos humanos”, argumentó.
Críticas
Sin embargo, el proceso ha generado cuestionamientos. La comisión solicitó a la ciudadanía que cualquier comentario u objeción sobre los aspirantes se presente este miércoles 25 y jueves 26 de marzo de manera presencial en la sede de la comisión.
Esta condición ha sido criticada por varias organizaciones civiles, entre ellas la Fundación Levántate y Anda, la cual manifestó su “profunda preocupación” ante las reglas establecidas.
A través de una carta dirigida a la comisión, la organización, presidida por Fanny H. Wong, manifestó que la obligatoriedad de comparecer físicamente constituye una barrera para la participación ciudadana.
Según la nota, esta medida excluye directamente a personas con movilidad reducida, a quienes residen en áreas alejadas de la capital y a quienes no cuentan con los recursos logísticos para trasladarse.
La fundación detalló que la exclusión logística se agrava por la falta de estacionamientos en la Asamblea, a lo que se suman barreras económicas como el alza en los costos de combustible y la falta de tiempo, pues un periodo de solo dos días impide un análisis responsable de los perfiles.
En consecuencia, solicitaron medidas urgentes como permitir el envío de objeciones vía correo electrónico o formularios web con validez legal, ampliar el plazo de revisión y reforzar la comunicación del proceso.
“La democracia se fortalece cuando las instituciones eliminan obstáculos en lugar de crearlos”, sentenció la fundación. Hizo un llamado a asegurar un proceso equitativo.
Los aspirantes
Entre los 35 candidatos para el puesto figuran el actual defensor, Eduardo Leblanc, quien aspira a la reelección, y la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, Ángela Russo.
La Defensoría del Pueblo es un ente independiente, encargado de salvaguardar los derechos fundamentales ante posibles abusos de las instituciones del Estado, bajo el amparo de la Ley No. 7 de 1997.
El Defensor del Pueblo cuenta con autonomía para investigar actuaciones oficiales que afecten la dignidad humana y tiene la facultad de inspeccionar expedientes o emitir censuras públicas a funcionarios.
Aunque no puede dictar sentencias ni intervenir en pleitos privados, su figura es clave como mediador y vigilante del cumplimiento de los derechos humanos, especialmente para proteger a grupos vulnerables como personas con discapacidad, privados de libertad y comunidades indígenas.
Actualmente, el defensor del pueblo recibe un salario mensual de $3,500 y otros $3,500.00 en gastos de representación, para un total de $7,000.
