La Asamblea Nacional incluyó en su propuesta presupuestaria para 2027 una solicitud cercana a los 175 millones de dólares para gastos de funcionamiento e inversión. Sin embargo, esa cifra aún deberá superar el filtro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Será esa entidad la que determine cuánto de lo solicitado se incorporará al proyecto de Presupuesto General del Estado, en un contexto de restricciones fiscales y de mayor escrutinio sobre el uso de los recursos públicos.
Fuentes legislativas consultadas por La Prensa indicaron que, durante las vistas presupuestarias ante el MEF, la Asamblea Nacional sustentó esa solicitud. De acuerdo con las fuentes, el monto responde a que el Órgano Legislativo ejecutó cerca de 160 millones de dólares en gastos de funcionamiento durante 2025, de los cuales la mayor parte correspondió al pago de planilla.
A esa cifra se suman 15 millones de dólares que la Asamblea prevé destinar en 2027 a un programa de jubilaciones y retiros voluntarios para funcionarios de la institución.
El incremento
La ejecución presupuestaria de la Asamblea Nacional ha superado de forma reiterada los recursos que le fueron aprobados al inicio de cada vigencia fiscal.
En 2025, aunque el presupuesto original ascendía a 98 millones de dólares, al cierre del ejercicio el Legislativo había ejecutado poco más de 160 millones. Es decir, utilizó más de 62 millones de dólares adicionales, un incremento cercano al 63% sobre el monto inicialmente asignado.
La tendencia continuó en 2026. Aunque la Asamblea inició el año con un presupuesto de 98 millones de dólares, hasta mayo el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reportaba que esa asignación ya había sido modificada a más de 142 millones de dólares para funcionamiento e inversión. Esto representa un aumento superior a los 44 millones de dólares, equivalente a cerca del 45% respecto del presupuesto originalmente aprobado.
En años anteriores ocurrió un comportamiento similar. En 2021, el presupuesto pasó de 107.1 millones a 200.9 millones de dólares; en 2022, de 143.9 millones a 230.5 millones; en 2023, de 150 millones a 188.9 millones; y en 2024, de 150 millones a 186.6 millones de dólares.
Desde Espacio Cívico nos preocupa el aumento de la planilla de la Asamblea Nacional. La ciudadanía merece saber: ¿por qué creció tanto y cuáles son las funciones de estas nuevas contrataciones?
— Fundación Espacio Cívico (@espaciocivico) December 3, 2025
Fuente: Contraloría General de la República. pic.twitter.com/NrpeTg6ewL
Las promesas incumplidas
Los dos últimos presidentes de la Asamblea Nacional, Dana Castañeda (2024-2025) y Jorge Herrera (2025-2026), prometieron reducir el gasto mediante una disminución de la planilla. Sin embargo, en la práctica, los gastos operativos se han mantenido en niveles similares.
En el caso de Herrera, desde su primer discurso como presidente de la Asamblea Nacional delineó una agenda institucional centrada en la transparencia y la eficiencia. Anunció que impulsaría la revisión del reglamento interno, la eliminación de las llamadas “botellas” —personas que cobran sin trabajar—, la digitalización de procesos y la rendición de cuentas al final de cada período legislativo.
No obstante, tras un comportamiento estable en mayo y junio de este año (4,437 y 4,444 funcionarios, respectivamente), julio registró una reducción abrupta hasta los 3,067 empleados, la cifra más baja del período.
A partir de agosto, el número de nombramientos comenzó a aumentar de forma sostenida: 3,156 en agosto y 3,940 en septiembre, tendencia que se extendió hasta octubre, cuando la planilla alcanzó los 4,073 funcionarios.
El repunte más pronunciado ocurrió en noviembre, cuando el número de empleados ascendió a 5,631.
Organizaciones de la sociedad civil sostienen que, pese al crecimiento de la planilla, no se han presentado indicadores que demuestren mejoras en la capacidad operativa ni en la transparencia institucional de la Asamblea Nacional. De hecho, Espacio Cívico ha advertido sobre ese incremento en la cantidad de funcionarios.
