La Asamblea Nacional entierra propuesta para la revocatoria de mandato

La Asamblea Nacional entierra propuesta para la revocatoria de mandato
Yanibel Ábrego, secretaria general de CD y jefa de bancada de ese partido en la Asamblea Nacional y Crispiano Adames, presidente del Legislativo. Isaac Ortega


La Asamblea Nacional le puso punto final a una controversial propuesta que dividió a la opinión pública porque se inmiscuía en asuntos internos de los partidos: la iniciativa para impedir que las directivas de las agrupaciones políticas puedan revocar el mando a los diputados.

Esa disposición estaba contenida en el proyecto de ley 776 que reforma varios artículos del Código Electoral referentes a funciones administrativas de la Fiscalías Administrativas Electorales. El polémico artículo (12) fue retirado del proyecto durante la sesión legislativa del pasado lunes. Los demás artículos recibieron luz verde.

‘La ley Yanibel’

La propuesta, que nació para oxigenar a la diputada de Cambio Democrático (CD) Yanibel Ábrego, en momentos en que junto a otros 14 diputados enfrentaba un proceso de expulsión y revocatoria en el seno de CD, había sido vetado por el presidente Laurentino Cortizo por considerar que violaba artículos de la Constitución.

Ábrego y sus colegas se libraron del caso cuando el Tribunal Electoral ordenó archivar el proceso en septiembre pasado.

De acuerdo con el perredista Víctor Castillo, diputado miembro de la Comisión de Gobierno del Legislativo, donde se discutió el proyecto, el artículo se retiró por “el morbo” que ocasionó.

Mientras que el resto del proyecto se refiere entre otras, cosas al proceso de inscripción en los partidos, a la facultad que tienen el Tribunal Electoral y el Fiscalía General Electoral para importar automóviles, equipos y materiales, libre de derechos de introducción; al igual que sobre los trámites para elaborar las actas en las mesas de votación.

En la Asamblea, hay al menos otros dos proyectos de ley encaminados a reformar la norma electoral. Uno busca que las papeletas de votación no sean “quemadas”, como actualmente ocurre cada cinco años en las elecciones generales. Mientras que otro, intentaría resolver los conflictos de competencias entre la Dirección Nacional de Organización Electoral y los juzgados administrativos electorales.