Faltan 10 días hábiles para que la Asamblea Nacional cierre su periodo de sesiones ordinarias (31 de octubre) y los diputados aún deben analizar al menos tres temas cruciales: la aprobación o rechazo del presupuesto general del Estado para el 2023; la ratificación o rechazo de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y la aprobación del contrato ley con Minera Panamá. A eso se suman los análisis en primer y segundo debate de varios proyectos de ley.
Aunque el Legislativo, órgano que preside Crispiano Adames, habilite los viernes y fines de semana para laborar, no podría cumplir con estos temas, por lo que, desde el Ejecutivo, que dirige Laurentino Cortizo, según fuentes, se evalúa llamar a sesiones extraordinarias.
El pasado 27 de septiembre, luego de escuchar las sustentaciones de los presupuestos de 90 instituciones del país, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, que preside el diputado perredista Benicio Robinson, cerró el periodo de vistas presupuestarias.
Antes de cerrar las denominadas vistas presupuestarias, los diputados informaron que devolverían al Ejecutivo el proyecto de presupuesto (de $27 mil 162.9 millones) con recomendaciones para que se le hicieran cambios a los fondos asignados a algunos ministerios. A diferencia de otros años, la Comisión de Presupuesto no ha informado si remitió el proyecto al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y a qué instituciones impactarán los reajustes.
La sesión cerró con la sustentación del presupuesto de la Asamblea. Adames, en calidad de presidente del Legislativo, aseguró que solicitó $206.8 millones, pero que el MEF le recomendó $150 millones. En el MEF informaron a este medio que el proyecto de presupuesto del Estado para el 2023 no está en ese despacho.
La solicitud de los ajustes solicitados por la Comisión de Presupuesto debe ser analizada primero en el Consejo de Gabinete, donde se discutirán las recomendaciones, y después debe recurrir nuevamente a la Asamblea.
La Comisión de Presupuesto debe discutir en primer debate el proyecto de presupuesto y luego darle segundo y tercer debate en el pleno, en diferentes días. Robinson dijo recientemente que la comisión “será más estricta” a la hora de analizar este tema.
Sin embargo, Miguel Fanovich, segundo vicepresidente de la Asamblea, aseguró a este medio que “por ley, el presupuesto debe aprobarse antes de que finalice octubre”.
El artículo 272 de la Constitución Política establece que si el proyecto de Presupuesto General del Estado no es votado a más tardar el primer día del año fiscal correspondiente, entrará en vigencia el presupuesto del año anterior (en este caso, del 2022).
Por otro lado, el Ejecutivo tiene desde el pasado 10 de agosto la lista de los candidatos a reemplazar al magistrado José Ayú Prado y a su suplente Asunción Alonso, a quienes se les vence el periodo el próximo 31 diciembre.
La Comisión Especial Evaluadora de la Comisión de Estado Por la Justicia entrevistó a 89 aspirantes a la Sala Segunda de lo Penal de la Corte y sacó una lista de 11 candidatos, que fue la que presentó a Cortizo. Sin embargo, no se ha anunciado quiénes son los elegidos por el Ejecutivo. Este medio consultó al equipo de la Dirección de Comunicación del Estado, y al cierre de esta edición no hubo respuesta.
¿Sesiones extraordinarias?
La falta de tiempo obligaría al Ejecutivo a llamar a sesiones extraordinarias. Estas sesiones, según las fuentes consultadas, se concretarían en el mes de diciembre. Allí abordarían el tema del contrato de Minera Panamá y el Estado, el cual aún está en negociaciones. Así como, la elección del magistrado y su suplente.
En el tema de Minera Panamá, el nuevo contrato debe ser aprobado por la Asamblea y tendrá una duración de 20 años. Precisamente, el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro Boyd, dijo el pasado martes que “es un contrato complicado y técnico, estamos en la etapa final de la elaboración para luego someterlo a una consulta pública y después enviarlo a la Asamblea Nacional para su aprobación”.
Los debates
En las últimas semanas, los debates de la Asamblea han finalizado en las cuatro horas reglamentarias de una sesión.
El pleno arranca a las 4:00 p.m. La mayoría de las veces, la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Kayra Harding, dirige el debate. Luego se une el presidente Crispiano Adames.
Los periodos de incidencias han sido cortos. En ese lapso, los diputados se quejan por la difícil situación de sus circuitos, porque no se les aprueba sus proyectos de ley y, a veces, se refieren a alguna situación puntual del país.
El pasado 5 de octubre, por ejemplo, los diputados extendieron la sesión, para en horas de la noche aprobar el proyecto de ley 888, impulsado por el diputado perredista Melchor Herrera, sobre los créditos fiscales en las inversiones turísticas. Ese día también discutieron el proyecto que crea la política agroalimentaria del país y la creación del ministerio de la mujer.
Ese día, Adames concedió 15 minutos al ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, para que pronunciara un discurso. Como si se tratara de un político en campaña, Valderrama agradeció a los diputados y al presidente Laurentino Cortizo por el apoyo recibido. Acto seguido, cerca de las 7:00 p.m., entró en la agenda el proyecto 888, que aprobaron en segundo debate, y al día siguiente, en horas de la mañana, le dieron el visto bueno en tercer debate.
En los últimos días, varios diputados han habilitado a sus suplentes para que participen de las sesiones, entre ellos Robinson.
Tampoco han pasado desapercibidas las curules vacías. El pasado martes, por ejemplo, las ausencias destacaban. En esa oportunidad, se aprobó en segundo debate el proyecto 882, que avala el acuerdo para el establecimiento del Instituto Internacional de Vacunas, firmado en Nueva York, Estados Unidos, el 28 de octubre de 1996.
