La presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas, rechazó el proyecto de presupuesto de $97 millones que le recomendó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y, en cambio, el pasado jueves sustentó ante la Comisión de Presupuesto uno propio por $176.6 millones.
Castañeda justificó buena parte de ese monto con necesidades que calificó de urgentes: las deudas de la Caja de Seguro Social, que suman $14 millones, la cuantiosa cuenta de energía eléctrica, los millones que exigen las planillas y los fondos para reparar las estructuras del Palacio Legislativo.
Ninguna de esas urgencias incluía publicidad. Aun así, defendió con la misma vehemencia la contratación de pauta digital, con el argumento de que es “necesario” contrarrestar la cobertura periodística negativa.
Dinero para cuentas de redes sociales
La diputada de la bancada Vamos, Yamireliz Chong, cuestionó la utilidad de pautar con fondos públicos en cuentas de redes sociales y medios digitales.
Mencionó específicamente la contratación del ciudadano Osías Álvarez Rodríguez para publicar contenidos de la Asamblea en sitios como Noticias Panamá y El Pueblo, entre otras.
Chong calificó estas prácticas como una “pérdida de dinero” y recordó que la Asamblea cuenta con cobertura mediática orgánica las 24 horas del día, además de canales de comunicación propios, como su canal de televisión y su cuenta de YouTube, que la propia institución podría aprovechar para divulgar el contenido legislativo sin costo adicional.
La respuesta de Castañeda fue categórica: “Yo discrepo con usted por completo porque sí la Asamblea necesita publicidad porque lo que sacan de la Asamblea es totalmente negativo y nosotros tenemos que sacar la verdad de lo que pasa en la Asamblea... y a mí me tocará pagar publicidad pagarán vamos a pagar la publicidad porque sí se necesita de verdad”.

¿Ataques políticos con dinero público?
Para Chong, resulta contradictorio que el Legislativo impulse leyes para sancionar la difamación y los ataques cibernéticos, como la propuesta que impulsa la diputada Dana Castañeda para castigar la difamación con inteligencia artificial, mientras la propia Asamblea financia de forma indirecta cuentas de redes sociales que a menudo sirven para campañas de desprestigio, ataques y desinformación.
La diputada pidió garantías de que esa publicidad sea realmente positiva, para evitar que el dinero público termine en plataformas de ataque político.
Consultoría por $45,800 y publicidad por $97,000
Poco antes de la intervención de Chong, el diputado Luis Duke había preguntado por la asignación de $45,800 para el rubro de “consultorías” dentro del presupuesto proyectado para 2027.
La jefa de presupuesto de la Asamblea, Zuli López, no pudo explicar con precisión de qué se trataba: “Es como un sistema de monitoreo de redes de lo que es publicidad”.
Duke insistió: “Me hace ruido algo porque están pidiendo consultorías por $45,800 y sin embargo, para promoción y publicidad hay una partida de $97,000”.
“Sí, correcto”, respondió López.
—¿Pero qué publicidad cubren las consultorías? —volvió a preguntar el diputado.
“Es como un sistema de monitoreo, honorable. Una empresa que ofrece el servicio de darle... como le explico... darle seguimiento a las contrataciones de publicidad”, respondió López.
Después admitió que no estaba muy segura de eso y prometió hacerle llegar la información al diputado.

