La planilla permanente de la Asamblea Nacional correspondiente a abril de 2026, y publicada en el portal de transparencia de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, registraba 386 funcionarios vinculados a cargos de asesoría. Aquí se cuentan asesores legales, técnicos especializados, administrativos y parlamentarios.
Sus salarios representan $1.1 millones mensuales y al menos $13.3 millones al año, cifra que una vez más pone bajo la lupa el peso de la burocracia que rodea al Legislativo.
Aunque el número es menor al reportado un año antes, la estructura sigue siendo robusta. En abril de 2025, la Asamblea, entonces bajo la presidencia de la diputada oficialista Dana Castañeda, registraba 469 asesores que costaban $1.3 millones mensuales.
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Significa que, en un año, la planilla redujo 83 cargos de asesoría, equivalente a una caída cercana al 18%. El gasto mensual también bajó en unos $222 mil. Sin embargo, el recorte no alteró el fondo: la asesoría sigue siendo uno de los componentes más costosos y numerosos dentro del engranaje legislativo.
Los 386 asesores representan aproximadamente el 12% de la planilla permanente de la Asamblea Nacional, es decir, cerca de uno de cada ocho funcionarios de la institución, tomando en cuenta que en abril de 2026 había 3,200 personas en planilla.
El salario promedio de este grupo alcanza los $2,884 mensuales, muy por encima del promedio general de la institución, que ronda los $1,896.
2024 y 2025
El mayor número de contrataciones se dio en 2024, año en que entraron 53 asesores al Legislativo. En junio de 2024, por ejemplo, el último mes en que el perredista Jaime Vargas presidió la Asamblea, ingresaron seis funcionarios.
Algunos de ellos vinculados al partido oficialista Realizando Metas (RM). Entre ellos figuran Jessica Canto, abogada del expresidente Ricardo Martinelli; Yasmina Pimentel, quien fue ministra de Vivienda durante el gobierno de Martinelli; y Jessica Panay, del Partido Revolucionario Democrático (PRD).
Todas ganan un salario mensual de $5 mil. Una revisión de la planilla muestra que por lo menos 37 asesores están en el techo salarial de $5 mil.
Entre los mejor pagados aparecen asesores legales, técnicos especializados y altos cargos de asesoría parlamentaria. En ese renglón también está Linda Gesto, amiga personal de Martinelli, quien entró al Legislativo el 17 de julio de 2024.
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No obstante, agosto de 2024 fue el mes en que más personal ingresó a cargos de asesoría. En total, 27 personas entraron a la Asamblea durante ese periodo.
Mientras que a partir del 1 de julio de 2025, cuando Jorge Herrera, del Partido Panameñista, asumió la presidencia del Legislativo, ingresaron 26.
Fallas de la estructura
La estructura de personal revisada también expone fallas de control y organización dentro del sistema administrativo legislativo. Un mismo cargo aparece escrito de distintas maneras: “asesoría”, “asesoria”, “asesorìa”, “especializado” o “especilizado”.
De acuerdo con expertos en manejo y administración de bases de datos consultados para esta nota, estas inconsistencias dificultan las auditorías, complican los cruces de información y entorpecen el seguimiento real de la estructura de personal.
Cada presidencia legislativa promete recortar planillas, ordenar nombramientos o combatir las llamadas “botellas”, personas que cobran pero no trabajan.
Lo prometió Dana Castañeda cuando se sentó en el puesto. Lo repitió Jorge Herrera cuando la sucedió, pero la nómina de asesoría ha sobrevivido a todos los cambios políticos de los últimos años.
‘Asesores de los asesores’
El diputado Luis Duke, subjefe de la bancada Vamos, aseguró que dentro de la estructura de asesorías de la Asamblea hay funcionarios que sí cumplen funciones técnicas y administrativas clave, especialmente en las comisiones legislativas y en el pleno.
Según explicó, asesores legales, parlamentarios y equipos técnicos apoyan la redacción de proyectos, el análisis jurídico y el funcionamiento interno del Legislativo. “Me consta que trabajan muchas horas”, afirmó.
Sin embargo, Duke también reconoció que existen “asesores de los asesores”. Los definió como funcionarios nombrados en la planilla permanente que terminan asignados al apoyo directo de diputados o bancadas políticas.
No se publica la planilla por diputado
A su juicio, la planilla que publica la Asamblea no permite identificar con claridad a quién responde cada asesor ni cuál es su función específica. “Solamente te dice: este es asesor”, cuestionó.
El diputado advirtió que la estructura actual facilita la acumulación de personal. Según explicó, en otros parlamentos los especialistas trabajan para toda la institución y no para diputados específicos. “Se contratan cinco o seis asesores económicos para toda la Asamblea”, contó. En cambio, dijo, el modelo panameño multiplica los cargos en comisiones, bancadas y despachos legislativos.
Duke también afirmó que el problema de las “botellas” no necesariamente se concentra en los salarios más altos de asesoría. Según dijo, los mayores riesgos aparecen en cargos con salarios bajos, donde, aseguró, se dan prácticas de devolución parcial de dinero, conocido como cashback, o funcionarios que cobran sin asistir a trabajar.
Además, cuestionó que la Asamblea no publique la planilla correspondiente a los despachos de los diputados, donde, a su juicio, existe “un grueso importante de funcionarios” difícil de auditar.
