Si algo está claro es la magnitud de las irregularidades detectadas en los últimos años dentro de la Caja de Seguro Social (CSS). Las propias autoridades de la entidad han advertido sobre la existencia de posibles “mafias” que operaban dentro de la institución, mientras avanzan las investigaciones para determinar responsabilidades.
Desde la llegada de la nueva administración, la CSS ha impulsado una serie de investigaciones que han comenzado a revelar un panorama complejo. La institución mantiene abiertos 1,636 expedientes con querellas por presuntos delitos presentadas durante los últimos dos años, hasta julio de 2026. Según explicó Tania Jiménez, directora de Asesoría Legal de la entidad, estos procesos representan en conjunto alrededor de $74 millones.
Los casos están divididos en tres grandes grupos: retención indebida de cuotas obrero-patronales, otros delitos —que incluyen peculados, falsificación de documentos y hechos relacionados con seguridad informática— y pensiones fraudulentas.
Los casos
El grupo más numeroso corresponde a la retención indebida de cuotas. A la fecha, la CSS ha presentado 1,408 querellas contra empleadores que descontaron cuotas a sus trabajadores, pero no las entregaron a la institución. El monto involucrado asciende a $34 millones.
“Estos son aquellos empleadores que han evadido o no le han pagado a la Caja las cuotas de los empleados y, en consecuencia, estos trabajadores no van a poder jubilarse”, explicó Jiménez.
La funcionaria detalló que estos procesos tienen una particular complejidad porque involucran empresas que, en muchos casos, dejaron de operar durante la pandemia. Sin embargo, la CSS busca combinar la vía penal con los procesos de jurisdicción coactiva para recuperar los fondos adeudados.
“No solamente es una deuda que tiene un monto determinado, sino que, como cometió un delito, la Caja tiene la opción de obligar a ese empleador a que venga y se haga responsable por estos montos”, señaló.
El segundo grupo corresponde a los denominados “otros delitos”, donde existen 101 expedientes con un impacto económico estimado en $24 millones. En esta categoría se incluyen investigaciones por peculados, falsificación de documentos, delitos informáticos y otros hechos que, según Jiménez, son los procesos más complejos debido a que involucran posibles responsabilidades de funcionarios de administraciones anteriores.
“Los más complejos realmente son aquellos grupos de otros delitos, porque estamos hablando de expedientes donde se han visto involucrados o tenemos querellados a personal de administraciones pasadas”, afirmó Jiménez.
La directora indicó que estos casos se desarrollan en coordinación con el Ministerio Público, donde se recopilan pruebas y documentación para avanzar con las investigaciones.
Pensiones fraudulentas
El tercer grupo corresponde a las pensiones fraudulentas. La CSS mantiene 127 querellas relacionadas con este tipo de irregularidades, con un impacto estimado de $15 millones.
La funcionaria explicó que se trata de beneficios que pudieron representar un costo millonario para la institución si no se hubieran detectado las inconsistencias antes de efectuar los pagos.
Uno de los esquemas detectados consistía en la alteración de cuotas de asegurados. Según Jiménez, algunos trabajadores aparecían con más de las 12 cuotas anuales correspondientes, pero al revisar los registros se detectó que las cotizaciones adicionales provenían del mismo empleador.
“Si yo tenía 12 cuotas y aparecía con 17, esas cinco cuotas tenían que salir de algún lado. Lo que ocurría era que se tomaban cuotas de personas que ya estaban pensionadas o incluso fallecidas”, explicó.
Entre los casos que más llamaron la atención de la funcionaria está el relacionado con la pérdida de fentanilo dentro de la CSS. La investigación busca determinar la cantidad exacta de medicamentos desaparecidos luego de que una auditoría de la Contraloría detectara inicialmente la pérdida de 720 viales.
“Estamos hablando de salud. Es un medicamento de uso controlado, muy potente, y por un solo vial ya tenemos un problema”, dijo.
Falta de controles
Sobre la situación interna de la institución, Jiménez consideró que los casos detectados reflejan fallas acumuladas en los controles administrativos.
“Ciertamente a la institución le han faltado controles. Si tú no tienes control de lo que tienes en tu casa, mal puedes decir después que hay una pérdida”, afirmó.
Agregó que la actual administración trabaja en reforzar los mecanismos de supervisión y transparencia.
La directora de Asesoría Legal reconoció que la CSS, por su tamaño —con alrededor de 35 mil funcionarios y un presupuesto cercano a los $7 mil millones anuales— enfrenta un reto importante para mantener controles efectivos.
“El problema fue que no se gestionó, no se supervisó y es lo que tenemos hoy día. Esto viene de años”, concluyó.
El propio director general de la CSS, Dino Mon, también ha señalado públicamente la existencia de posibles “mafias internas” dentro de la institución. Entre los casos que ha denunciado está el de redes que presuntamente operaban con la venta irregular de citas médicas, un esquema que, según información divulgada por la CSS, llegó a cobrar hasta $125 por una cita de atención especializada.
“Sí, hemos descubierto redes que venden citas y atrasan a otros pacientes. Es un cóctel de problemas”, afirmó Mon meses atrás a La Prensa.
Mon también ha mencionado otras investigaciones relacionadas con posibles irregularidades en el manejo de inventarios, medicamentos de uso controlado como el fentanilo y procesos administrativos dentro de la institución. “No me esperaba todo lo que encontré”, admitió. Su diagnóstico apunta a una institución golpeada por años de burocracia, falta de planificación y, según sus señalamientos, por redes internas que habrían aprovechado las debilidades de control para operar en beneficio propio.
La CSS es una de las instituciones públicas con mayor peso financiero del país. Para 2026 maneja un presupuesto de alrededor de $8,200 millones y brinda cobertura a más de 3 millones de personas entre asegurados, dependientes y pensionados, una cifra que representa a la mayor parte de la población del país.
