La renuncia de la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Etelvina Medianero de Bonagas, ha desatado una disputa interna entre decanos y vicerrectores por el control de la principal casa de estudios superiores de la provincia.
Aunque el Estatuto Universitario establece que, en caso de renuncia de la rectora, debe asumir el cargo el vicerrector académico, Jorge Bonilla, dentro del círculo de poder construido por Medianero de Bonagas coexisten dos grupos con intereses distintos: los vicerrectores, designados directamente por la rectora, y los decanos, elegidos mediante votación. Estos últimos observan con desconfianza la posibilidad de que Bonilla continúe al frente de la institución.
En uno de sus más recientes pronunciamientos, la procuradora de la Administración, Grettel Villalaz, recordó que el Consejo General Universitario (CGU) de la Unachi tiene la obligación de aceptar la renuncia de Medianero de Bonagas y, en consecuencia, convocar a elecciones en un plazo de tres meses para llenar la vacante.
Sin embargo, hasta la tarde del miércoles 3 de junio, el Consejo Universitario, presidido por la propia rectora, no había convocado una reunión para abordar el tema, pese al criterio expresado por la Procuraduría de la Administración. Fuentes de la Unachi sostienen que los allegados a Medianero de Bonagas aún no alcanzan consensos sobre quién deberá reemplazarla ni sobre la ruta institucional que seguirá la universidad tras su salida, prevista para el próximo 8 de junio.
A la rectora tampoco se le ha visto por la universidad.
La Prensa pudo conocer que siete integrantes del CGU acudieron al Ministerio de Educación (Meduca) para reunirse con la ministra de Educación, Lucy Molinar, y explorar alternativas que permitieran prolongar temporalmente el escenario actual y ganar tiempo para alcanzar acuerdos internos.
No obstante, la renuncia de la rectora ya fue remitida al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para el trámite administrativo correspondiente.
Tras cerca de dos horas de reunión, la ministra abandonó las instalaciones. Entre los asistentes figuraban Jorge Bonilla, vicerrector académico; Pedro González, vicerrector de Investigación; un asesor legal de la universidad; tres decanos; y una funcionaria. Según fuentes consultadas, el encuentro se desarrolló en medio de la incertidumbre que rodea la continuidad de las actuales autoridades universitarias.
Fuentes de la Unachi consultadas por este medio coinciden en que las autoridades buscan ganar tiempo mientras intentan recomponer los equilibrios internos y consolidar nuevamente su estructura de poder.
Polémico ente electoral
Otro de los órganos que genera recelo dentro de la Unachi es el Tribunal Superior de Elecciones, instancia clave en un eventual proceso para escoger a la nueva autoridad universitaria. Este organismo está integrado por seis miembros y es presidido por Rodolfo Mendoza, quien ocupa el cargo por ser el docente de mayor antigüedad.
También forman parte del tribunal dos representantes estudiantiles, un asesor legal y un representante del sector administrativo. La polémica radica en que varios de sus integrantes mantienen cercanía con la rectora saliente, lo que ha despertado dudas sobre la imparcialidad de un eventual proceso electoral.
Ante este escenario, docentes y estudiantes consideran necesario que un organismo independiente supervise o acompañe las elecciones para garantizar transparencia y credibilidad en la escogencia de las nuevas autoridades.
Tras conocerse la renuncia de la rectora, la ministra de Educación afirmó que la Universidad Autónoma de Chiriquí enfrenta la oportunidad de reordenar su estructura institucional y recuperar su misión fundamental.
La funcionaria sostuvo que la Unachi debe “ordenar su institución, retomar el rumbo y recordar lo que es una universidad”, al tiempo que enfatizó la necesidad de que la casa de estudios concentre nuevamente sus esfuerzos en los pilares esenciales de la educación superior: la investigación, la academia y la extensión universitaria.
El llamado
Por su parte, el docente de la Unachi Cristian Nieto Guerra sostuvo que la crisis que atraviesa la universidad representa una coyuntura histórica que obliga al cuerpo docente a asumir un papel activo en la defensa de la institucionalidad y la calidad académica.
A su juicio, la renuncia de la rectora, los cuestionamientos legales sobre las actuaciones de los órganos de gobierno universitario y las crecientes demandas de renovación deben convertirse en el punto de partida para una transformación profunda de la institución.
Según planteó, la prioridad debe ser proteger el interés de los estudiantes y recuperar el prestigio de la universidad, garantizando que la labor docente, la investigación y la producción científica no vuelvan a quedar subordinadas a intereses particulares o beneficios administrativos.
Nieto Guerra también afirmó que la nueva administración universitaria debe asumir un compromiso firme con la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto al principio de legalidad. Consideró indispensable que las futuras autoridades promuevan auditorías independientes y divulguen de manera clara el uso de los recursos públicos para restablecer la confianza de la ciudadanía y de entidades fiscalizadoras, como el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría General de la República.
