El concurso, el mérito y las evaluaciones no están contemplados en el proyecto de ley 714 que establece un procedimiento especial para el ingreso a la carrera legislativa, documento aprobado el pasado jueves en tercer debate.
La propuesta, que recibió múltiples halagos de diputados del gobernante Partido Revolucionario Democrático, permite el ingreso a esta carrera a aquellas personas que tengan dos años o más de estar en calidad de funcionario permanente en el Legislativo. Además, tiene fecha de caducidad, pues su rango de aplicación será de seis meses luego de que la ley entre en vigencia. Es decir, que beneficia a aquellos nombrados por los diputados que actualmente controlan ese poder del Estado.
Si el presidente Laurentino Cortizo sanciona el texto, su aplicación coincidiría con el periodo de campaña política, “Este proyecto de ley lo que plantea es que todo aquel funcionario que esté nombrado en la planilla permanente de la institución va a pasar automáticamente a la carrera legislativa, sin el control de evaluación, sin saber si es un buen o buena funcionaria, sin el concurso, y sin la comprensión real sobre qué debe ser una carrera”, manifestó el diputado independiente Juan Diego Vásquez.
Carrera legislativa solo por seis meses
Justicia, valentía, necesario, fueron algunas de las palabras que dominaron los discursos de los diputados del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD) durante la discusión del proyecto de ley 714, que modifica y adiciona artículos a la Ley 12 de 1998, que desarrolla la carrera del servicio legislativo.
La propuesta, que recibió el tercer debate en el pleno de la Asamblea Nacional el pasado jueves 1 de septiembre, está en el centro de la atención pública porque blinda al personal permanente de ese órgano del Estado y flexibiliza su ingreso a la carrera legislativa.
Presentado en septiembre de 2021, por el diputado Raúl Pineda, del PRD, permite el ingreso a esa carrera a aquellos funcionarios permanentes que tienen dos años o más de laborar en el palacio Justo Arosemena, pero, sin concurso. El documento fue avalado en medio del temporal: a menos de un mes de que el Legislativo anunciara un supuesto plan para la contención del gasto y así calmar las voces ciudadanas que en las calles reclamaron un alto al despilfarro de los fondos públicos; y en momentos en que la propia Contraloría dio a conocer que la Asamblea, que preside el diputado perredista Crispiano Adames, ahora tiene mil 511 funcionarios más. De tener 6 mil 298 en 2021, pasó a contar con 7 mil 809 trabajadores en junio de este año. Y surge a pocos meses de la campaña política rumbo a las elecciones del 5 de mayo de 2024.
Moldeado
La propuesta, además, pareciera estar moldeada a la medida de la actual dirigencia de la Asamblea. El artículo 1 dice que el procedimiento especial de ingreso a la carrera será a partir de la entrada en vigencia de la ley (cuando sea sancionada por el presidente Laurentino Cortizo), y por “los subsiguientes seis meses”. Es decir que tiene una fecha de caducidad (seis meses), periodo que beneficiaría a los diputados del PRD que controlan el poder legislativo.
Precisamente el pasado miércoles 31 de agosto, día en que recibió el segundo debate, el diputado independiente Juan Diego Vásquez lanzó la siguiente frase: “más allá de asegurar el perfeccionamiento de todos los funcionarios de la institución, lo que está planteando [este proyecto] es crear condiciones particulares para un grupo determinado de funcionarios”.
Esa tarde, además de Vásquez intervinieron Ricardo Torres, Rupilio Ábrego (suplente de Benicio Robinson), Eric Broce y Julio Mendoza, todos del PRD; Miguel Fanovich, del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista; y Gabriel Silva, independiente. “Garantizar la estabilidad a las personas que desarrollan un trabajo es más que una obligación”, manifestó Broce. Mendoza le lanzó flores a Adames por poner la iniciativa en agenda. “Mi respeto por atreverse a discutir este proyecto”, dijo. Silva, en tanto, profundizó sobre las consecuencias de no discutir una ley que penetre en lo “más profundo de las entrañas del Estado”.
“Los Estados se robustecen cuando se perfecciona y profesionaliza al servidor público, labore donde labore”.
Juan Diego Vásquez, diputado independiente
Recordó que en Panamá hay alrededor de 270 mil funcionarios, y de esos, 25 mil son de carrera administrativa. “Es así porque se ha permitido políticamente, elección tras elección, que esos 200 mil salgan, se nombran 200 mil nuevos, y viene una nueva elección y se botan 200 mil nuevos. ¿Por qué? Porque están inscritos en algún partido, o conocen al diputado, o al ministro. ¿Y la gente por qué quiere carrera? Para no depender de eso”, señaló.
Al día siguiente, jueves 1 de septiembre, en tercer debate, la dinámica fue similar. Daniel Ramos, del PRD, presidente de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, donde se aprobó en primer debate, abrió la discusión con un discurso en el que ponderó la “prudencia” de la Asamblea para tratar el proyecto. Adames bajó de su pedestal de presidente y se pronunció desde su curul.
Se enfocó en la autonomía que tiene el legislativo para manejar su planilla. Dijo que aunque los “estigmatizan, desprecian, e ignoran”, la Asamblea “no es un ministerio, ni una dirección autónoma o semiautónoma, es un órgano del Estado”.
Cuestionó que comparen la planilla de la Asamblea con las de otras dependencias, porque a su juicio, “no se puede comparar peras con manzanas”. Puso este ejemplo: “este es un órgano del Estado que tiene una participación nacional, no solo en sus oficinas de participación ciudadana, sino que está impregnado en las células de la sociedad donde no están otros”.
