La comparecencia del ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional estuvo marcada por los cuestionamientos de los diputados independientes Betserai Richards y Jorge González, quienes pusieron en duda la capacidad de esa entidad para ejecutar los recursos asignados para el año fiscal 2025.
Andrade solicitó un traslado por 20 millones de dólares correspondiente a la Resolución de Gabinete 107, emitida entre noviembre de 2024 y enero de 2025, para afrontar la emergencia ambiental. Además, pidió otro por 8.5 millones de dólares destinado a cubrir el servicio de alquiler de horas-máquina.
En el caso de González, cuestionó que se redujeron cerca de 2 millones de dólares de los proyectos de Panamá Norte —correspondientes a su circuito electoral— para destinarlos a otras obras; mientras que Betserai centró sus críticas en el elevado monto asignado al Ministerio de Obras Públicas (MOP) frente a su baja ejecución.
Richards inició su intervención señalando que, de los 710 millones de dólares asignados al MOP en el presupuesto para 2025, unos 660 millones corresponden a inversión real, mientras que 40 millones son gastos de funcionamiento. Puso especial énfasis en que, a pesar de los refuerzos presupuestarios aprobados, la ejecución sigue rezagada.
Según el corte de abril presentado por el diputado, el MOP recibió más de 200 millones de dólares adicionales al presupuesto original aprobado por ley, de los cuales 120 millones fueron destinados a emergencias.
La ejecución
El diputado también llamó la atención sobre el bajo nivel de ejecución del presupuesto de inversiones. Al mes de abril, apenas se había utilizado el 19%, y para mayo el porcentaje subió al 29%, es decir, unos 200 millones de dólares. Con ese ritmo, advirtió Richards, sería improbable que el MOP lograra ejecutar siquiera lo aprobado por ley para fin de año.
Andrade intentó justificar la situación con una explicación técnica: gran parte del presupuesto de inversión está comprometido en proyectos bajo la modalidad “llave en mano”, cuyos pagos están programados para el último trimestre del año, lo que retrasa su ejecución contable.
El ministro explicó que más de 380 millones de dólares —el 65 % del presupuesto— están comprometidos en estos proyectos. Según Andrade, si se suman al 29 % ya ejecutado, se alcanzaría el 94 % del total. “Vamos a sobrepasar eso de aquí a fin de año con creces”, aseguró.
Otros cuestionamientos
Richards no quedó conforme. Le reprochó que, viniendo del sector privado, debería entender la importancia de usar los fondos disponibles para resolver problemas inmediatos —como la reparación de calles— y solicitar recursos adicionales al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) solo cuando llegara el momento de honrar los compromisos de llave en mano.
“Tienen recursos disponibles y no emprendemos proyectos para mejorar las vías de nuestro circuito”, lamentó.
El ministro respondió que los procesos de contratación pública son lentos y complejos. “Licitar demora de seis a ocho meses”, explicó. Indicó que actualmente hay ocho proyectos por 106 millones de dólares en trámite en Panamá Compra, y que se sumarán otros por 160 millones.
Para reforzar la explicación, las autoridades del MOP indicaron que, por disposición del MEF, los pagos de llave en mano no pueden utilizarse antes de octubre, ya que están garantizados con instrumentos financieros que vinculan al Estado con los bancos.
Agregaron que, aunque la ejecución parezca baja, esta está condicionada por los términos contractuales heredados de la administración pasada, que involucran 29 proyectos. “Antes de eso, eso no puede suceder”, dijo, refiriéndose al uso de los fondos antes de las fechas pactadas.
Richards cuestionó que el traslado de partidas y los créditos extraordinarios beneficiaran a empresas involucradas en actos de corrupción en gobiernos pasados, como Meco y Bagatrac.
Además, lamentó que, mientras las comunidades exigen soluciones urgentes, el MOP se escude en tecnicismos. “No se justifica”, afirmó, tras enumerar proyectos recortados en regiones como Panamá Norte, David y Boquete. “Nuestras comunidades necesitan obras, no excusas”, remató.
