El choque entre la bancada Vamos y la Contraloría General de la República escaló este martes en la Asamblea Nacional, luego de que diputados denunciaran que un grupo de funcionarios legislativos fue colocado en la categoría de “licencia sin sueldo” y se les suspendió el pago de salarios.
Los diputados independientes atribuyen esta acción a presuntas represalias del contralor Anel Flores en medio del inicio del segundo debate del proyecto de ley 443, que dispone que toda la gasolina que se comercialice en el país deberá contener un10% de bioetanol.
La tensión se evidenció desde tempranas horas y se intensificó tras una conferencia de prensa ofrecida por Vamos alrededor de las 2:00 p.m., en la que acusaron directamente al contralor Flores de utilizar su cargo como mecanismo de presión política.
Horas más tarde, durante el periodo de incidencia en el pleno legislativo, el diputado Roberto Zúñiga subió el tono del enfrentamiento al asegurar que la Contraloría “dejó de ser un ente de fiscalización y se convirtió en un ente de extorsión”.
Según Zúñiga, la entidad “se ha convertido en el DENI y en el G2 de la actualidad”, utilizando sus recursos y poder para presionar a diputados mediante la imposición de licencias sin sueldo a personal legislativo.
Afirmó que lo más grave es que esto ocurre en plena discusión de un tema “álgido e importante” como el bioetanol, por lo que se preguntó si la medida era justa y concluyó que se trata de una persecución.
A la vez hizo un llamado al contralor para que revoque la decisión que, según dijo, afecta a casi 40 funcionarios.
Tras su intervención, el diputado Carlos “Tito” Afú, de Cambio Democrático (CD), leyó un pronunciamiento en el que cuestionó la narrativa presentada por Vamos y calificó como “confusa” la conferencia de prensa, señalando que no quedó claro si se trataba de ocho o de veinte diputados afectados.
Afú sostuvo que la situación no debe interpretarse como una conspiración ni como un intento de presionar a nadie, sino como una realidad administrativa que impacta a distintos despachos de todas las bancadas.
A su juicio, vincular el tema del bioetanol con trámites internos “es como mezclar peras con manzanas”, ya que el personal eventual o transitorio está sujeto a fiscalización y limitaciones presupuestarias.
“Le bajen dos rayitas a su discurso de persecución”, pidió Afú, al señalar que si el personal cumple con sus horarios y no se trata de “botellas”, eventualmente recibirá su pago cuando el presupuesto lo permita.
Más adelante, cerca de las 6:00 p.m., el diputado Benicio Robinson, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), también intervino en el pleno para referirse a la polémica.
Robinson ironizó sobre las denuncias al afirmar que pensaba que Vamos no tenía funcionarios en la Asamblea, debido a que —según dijo— constantemente critican las planillas de otros partidos.
“Yo pensaba que ellos no tenían funcionarios aquí, porque siempre han hablado de los funcionarios del PRD y los otros, pero bueno, parece que sí tienen funcionarios pues”, expresó.
Añadió que ahora se ha aprovechado el tema para “pegarle al señor contralor porque está haciendo su trabajo”, y reclamó respeto tras escuchar las intervenciones previas.
Contraloría admite retención de salario
En respuesta a las denuncias de Vamos, la Contraloría emitió un comunicado en el que rechazó los señalamientos, aunque admitió que se aplicó la suspensión de pagos a determinados funcionarios de la Asamblea.
La entidad aseguró que estas acciones no obedecen a decisiones arbitrarias ni a motivaciones políticas, sino a su obligación de verificar que los pagos correspondan al cumplimiento efectivo de funciones y a los mecanismos de control establecidos, particularmente en materia de asistencia y puntualidad.
Contraloría General aclara retención de pagos y rechaza señalamientos de intromisión o extorsión.#ContraloríaPanamá #CGRPanamá #ContraloríaEnAcción pic.twitter.com/phEn7Hga6e
— Contraloría General de la República de Panamá (@ContraloriaPma) April 21, 2026
Además, informó que elevó una consulta a la Procuraduría de la Administración sobre la excepción del marcaje en la Asamblea Nacional.
Según la Contraloría, la procuradora Grettel Villalaz respondió que el artículo 161 del Reglamento de Administración de Recursos Humanos de la Asamblea establece que únicamente el presidente en ejercicio y el secretario general, de manera separada, pueden exonerar del registro obligatorio de asistencia a funcionarios.
Sin embargo, la entidad afirmó haber verificado que esa disposición no se ha cumplido en determinados casos.
Denuncian presión
Más temprano, el diputado de Vamos, Luis Duke, dijo que 39 colaboradores fueron colocados en licencia sin sueldo sin haberlo solicitado.
“No están cobrando sus salarios y eso para nosotros es grave, porque no solo se está violando un derecho de un colaborador, se está violando la institucionalidad de la Asamblea Nacional”, advirtió.
El diputado, acompañado por otros colegas de su bancada, señaló que han observado que varios de los funcionarios colocados en esta categoría habían adoptado posturas críticas frente a decisiones del contralor, incluyendo la firma de una demanda de inconstitucionalidad y pronunciamientos públicos sobre sus recientes actuaciones.
Flores fue duramente cuestionado por su reciente actuación: llegó -sin avisar y sin invitación- a las oficinas de la Fiscalía Superior Anticorrupción, ubicadas en el edificio Central Park, en la vía Transístmica, acompañado del subcontralor Omar Castillo y otros funcionarios. Esa visita fue considera como “una irrupción”.
Sin embargo, según un comunicado de la Contraloría, fue a ese lugar para “conocer la situación de auditores de la institución que se encontraban siendo entrevistados”.
La entrevista con las auditoras era parte de la investigación que adelanta la Fiscalía Anticorrupción contra el exvicepresidente José Gabriel ‘Gaby’ Carrizo, por presunto enriquecimiento injustificado.
