En los últimos 35 años, Panamá habría perdido alrededor de $45 mil millones como consecuencia de la corrupción. La cifra fue mencionada por el diputado Roberto Zúñiga, de la bancada independiente Vamos, durante una entrevista realizada en el marco de la alianza informativa entre La Prensa y Radio Red, en la cobertura periodística de este 2 de enero de 2026, día en que se instala un nuevo período de la Asamblea Nacional.
Zúñiga, coordinador de la bancada de Vamos, explicó que el cálculo parte de una estimación ampliamente citada en estudios internacionales, según la cual alrededor del 5% del presupuesto del Estado se pierde por prácticas corruptas.
El diputado puso sobre la mesa el manejo de la justicia en Panamá, la impunidad y el combate a la corrupción desde la Asamblea Nacional. Recordó que, a finales del año pasado, el gobierno de José Raúl Mulino, a través del Ministerio de Gobierno, tramitó rebajas de penas a un grupo de personas.
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“Son casi $45 mil millones los que se han perdido por corrupción desde que entramos en la democracia en el país. Luego de 1989, con todos los presupuestos del Estado, se calcula que aproximadamente un 5% se pierde por corrupción. Eso es algo nefasto. Desde 1989 a la fecha seguimos teniendo los mismos problemas (…)”, argumentó.
Patrimonio público, clave en la lucha contra la corrupción
En la entrevista también hablaron de las declaraciones juradas de bienes patrimoniales, como una herramienta importante para transparentar el patrimonio de los funcionarios públicos, detectar posibles enriquecimientos injustificados y fortalecer los controles en la lucha contra la corrupción.
Al respecto, Zúñiga recordó que este documento no es público en Panamá. Recordó que él presentó un proyecto de ley para transparentar las declaraciones juradas de bienes patrimoniales, una iniciativa que, pese a la oposición de algunos diputados, se encuentra actualmente en segundo debate en la Asamblea.
¿Cómo podemos los ciudadanos vigilar la riqueza de un político si no tenemos acceso a esta herramienta?”, preguntó Rolando Rodríguez, periodista de La Prensa.
Zúñiga aprovechó para decir que su iniciativa “atenta contra el servidor público que llega al gobierno con la idea de enriquecerse”, pero advirtió que se le ha hecho “muy difícil” sacarla adelante. Confesó que se le han acercado “muchos colegas” para decirle que no quieren que ponga el proyecto en el orden del día.
El proyecto, entre otras cosas, obliga a la Contraloría a publicar en un sitio web la declaración jurada de bienes de los funcionarios. Algo que, recordó, países vecinos ya lo tienen.
Corrupción en consulados y notarías
Enseguida surgió el tema de los cónsules. “Para mi concepto, los cónsules deben tener un salario fijo”, aseguró el diputado. Explicó que, tal como está establecido actualmente, los cónsules tienen derecho a incorporar como parte de su remuneración los excedentes que generen durante el año por la gestión del consulado, un esquema similar al que opera en las notarías.
Recordó que los notarios no declaran públicamente cuánto ganan. El periodista Álvaro Alvarado añadió que “el Estado entrega una empresa cada cinco años. Es un negocio”.
“Es una moneda de cambio”, completó Rolando Rodríguez.
Zúñiga sostuvo además que este mecanismo forma parte de un esquema clientelista utilizado por los gobiernos de turno para retribuir a donantes de campañas políticas.
Así funcionan las notarías en Panamá
En Panamá, los notarios públicos no son funcionarios de carrera ni acceden al cargo por concurso, sino que son designados por el Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Gobierno, por un período determinado, generalmente cinco años, prorrogable o renovable según decisión administrativa.
La notaría opera como una oficina privada que presta un servicio público, y sus ingresos provienen directamente de los honorarios que pagan los usuarios por escrituras, certificaciones y otros actos notariales, conforme a un arancel establecido en la normativa vigente.
A diferencia de otros cargos públicos, los ingresos de los notarios no se registran como salario fijo en el presupuesto general del Estado, ni están sujetos a un tope público conocido. Aunque deben cumplir obligaciones fiscales ante la Dirección General de Ingresos (DGI), no existe un mecanismo de transparencia que permita conocer públicamente cuánto perciben, ni una obligación legal de publicar declaraciones patrimoniales por el ejercicio del cargo notarial.
Este modelo ha sido objeto de cuestionamientos recurrentes por quienes advierten que la discrecionalidad en los nombramientos y la opacidad sobre los ingresos convierten a las notarías en espacios vulnerables a prácticas clientelistas y conflictos de interés dentro del sistema político del país.
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