El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, presentado por Transparencia Internacional, volvió a encender las alarmas en Panamá. El país obtuvo 33 puntos sobre 100 y se ubicó en la posición 116 entre 182 países y territorios evaluados, al repetir la misma calificación del año anterior y marcar el peor registro histórico desde que Panamá ingresó a esta medición, en 2012.
Durante la presentación del informe, Lina Vega, presidenta de la junta directiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, advirtió que el problema va más allá de los números.
“El deterioro del sentir de la gente frente a la corrupción, la sensación de desilusión y de molestia con la democracia, tiene que ver con la falta de resultados y con la falta de servicios públicos eficientes, para que la gente sienta que puede tener una vida digna en un sistema democrático”, sostuvo.
Vega subrayó que la corrupción no solo se expresa en la malversación de fondos o en el enriquecimiento ilícito, sino también en el deterioro de los servicios públicos, un fenómeno que, a su juicio, ha provocado “una desafectación de las personas con el sistema democrático” y ha alimentado el apoyo a liderazgos populistas y autoritarios en distintas regiones del mundo.
“Es una situación muy peligrosa para el sostenimiento del sistema democrático, que, con todos los males que pueda tener, es el mejor sistema para promover el desarrollo humano sostenible”, añadió la dirigente.
El análisis
Por su parte, Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, explicó que el resultado de Panamá no es alentador. “Este año obtuvimos 33 sobre 100, lo que nos pone por debajo de la media de las Américas, que es 42 sobre 100, e indica que Panamá tiene un gran trabajo por hacer en temas de justicia, separación de poderes, instituciones de control y manejo de los recursos públicos”, afirmó.
De Obaldía recordó que el IPC no se basa en encuestas de opinión ciudadana, sino en una metodología que agrega 13 fuentes internacionales de alta credibilidad, entre ellas el World Justice Project, el World Economic Forum y la unidad de inteligencia de The Economist. Panamá es evaluado con siete de esas fuentes, el mínimo requerido para entrar en la medición.
“La calificación histórica más baja que hemos tenido es 33, y la estamos repitiendo por segundo año consecutivo. Esto es una señal de estancamiento en la lucha contra la corrupción”, advirtió. Según explicó, desde 2012 el país apenas ha oscilado entre tres y cuatro puntos, con un pico alrededor de 2014 y una caída pronunciada en los últimos años.
El informe también muestra un panorama regional poco alentador. En las Américas, el promedio es de 42 puntos, mientras que Europa Occidental sigue siendo la región con mejores niveles de transparencia. En el extremo opuesto se ubica el África subsahariana, con un promedio de 32. A nivel global, 50 países empeoraron y solo 31 mostraron mejoras.
En la región, los países mejor calificados son Canadá, Uruguay y Barbados, mientras que los peores puntajes corresponden a Haití, Nicaragua y Venezuela. Panamá aparece en un grupo intermedio bajo, con una puntuación similar a la de países como Ecuador y El Salvador, lo que refuerza la preocupación por el retroceso institucional.
De Obaldía detalló que el índice mide prácticas como sobornos, malversación, enriquecimiento injustificado, nepotismo, captura del Estado por intereses privados, acceso a la información pública y la existencia de mecanismos de rendición de cuentas. “No quiere decir que Panamá tenga una mala calificación en cada uno de estos elementos, pero el resultado agregado muestra un problema estructural”, puntualizó.
Puntos débiles
Entre los puntos débiles, mencionó la falta de una ley robusta de protección a denunciantes, las limitaciones en la transparencia de las declaraciones patrimoniales y los persistentes casos de nepotismo. “En la cultura panameña no siempre se ve esa conexión familiar con los cargos públicos como un problema de uso de fondos del Estado, y ahí hay un tema pendiente de fiscalización”, señaló.
Para De Obaldía, la raíz del problema es política. “Administración tras administración no ha habido la voluntad política para hacer cambios sustanciales. Apostamos más al clientelismo que a la profesionalización del servicio público, y eso se refleja en estas cifras”, afirmó.
Visión gubernamental
Desde la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), su directora, Sheyla Castillo, reconoció el estancamiento, pero defendió el trabajo de la institución. “Lo que no se mide, no se mejora. Vamos a analizar la información con cuidado. Siento que hay mejoras en temas de acceso a la información, nepotismo y conflicto de intereses”, dijo.
Castillo detalló que la entidad tramita decenas de expedientes por nepotismo y que este año se recibieron cerca de 19,600 declaraciones juradas de intereses de funcionarios públicos. “El 100 % de los directores de instituciones del Estado presentó su declaración, y los altos mandos también cumplieron”, aseguró.
Sin embargo, admitió que uno de los grandes debates pendientes es la publicación de esas declaraciones. “Eso le corresponde decidirlo a la Asamblea Nacional. Si ellos establecen que deben ser públicas, nosotros buscaremos los recursos para cumplir la ley”, sostuvo.
En el plano legislativo, la diputada Janine Prado, de la coalición Vamos, advirtió que el informe debe ser una “bandera roja” para el país. “Es el segundo año consecutivo con 33 puntos. Nos pone al lado de países que distan mucho de la realidad que queremos. Tenemos que pasar del discurso a la acción”, afirmó.
Prado recordó que en la Asamblea hay más de 15 proyectos anticorrupción presentados por la bancada independiente que siguen engavetados, entre ellos una iniciativa para transparentar los beneficiarios finales de las empresas que contratan con el Estado y un proyecto de ley contra las llamadas “botellas”.
A su juicio, la falta de avances no es solo responsabilidad del Legislativo. “Se requiere la voluntad de los tres órganos del Estado. Hemos visto fallos de la Corte Suprema de Justicia que limitan la transparencia y también señales desde el Ejecutivo de que no hacen falta más leyes, pero los números demuestran lo contrario”, dijo.
Debate fallido
Como se recordará, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional rechazó en octubre de 2025 los proyectos de ley Nos. 291 y 292, presentados por el procurador general de la Nación, Luis Carlos Manuel Gómez Rudy, con la promesa de modernizar la lucha contra la corrupción en Panamá.
La iniciativa 291, orientada a adoptar una Ley General Anticorrupción, y la 292, que proponía modificaciones al Código Penal para endurecer sanciones a delitos contra la administración pública, no obtuvieron los votos necesarios para pasar al segundo debate, al recibir cinco votos en contra frente a cuatro a favor en la comisión legislativa.
Diputados oficialistas liderados por Luis Eduardo Camacho, quien preside la comisión, junto al Partido Revolucionario Democrático y Cambio Democrático, argumentaron que los proyectos no estaban listos o no eran pertinentes, mientras sectores opositores aseguraron que se trataba de una oportunidad perdida para fortalecer el marco legal contra la corrupción.
El IPC 2025 deja así un mensaje claro: Panamá no solo enfrenta un problema de percepción, sino un estancamiento real en sus estructuras de control y rendición de cuentas. Como advirtió Lina Vega, cuando la corrupción se normaliza y los servicios públicos se deterioran, “las personas pagan el precio”, y con ellas, también la salud de la democracia.
