La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha regresado al epicentro del debate nacional tras una cadena de decisiones administrativas que, a juicio de diversos especialistas, proyectan señales inquietantes sobre el rumbo institucional del Órgano Judicial.
El año pasado se aprobó, por insistencia, el aumento del salario de los magistrados a 14 mil dólares mensuales, adoptado en un contexto en el que el país reclama austeridad y contención del gasto público. Incluso, el contralor Anel Flores lo cuestionó en primera instancia.
Más recientemente, el pleno de la CSJ avaló mantener el blindaje de las actas y del registro de visitas, en momentos en que distintos sectores exigen mayor transparencia. A ello se suma la permanencia concedida a funcionarios interinos con dos años o más de servicio sin haber pasado por concursos de mérito.
Mensaje de la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Chen Stanziola a funcionarios del Órgano Judicial. #panama #justicia #ojudicialpanama pic.twitter.com/EhlYOM7zIj
— OJudicialPanamá (@OJudicialPanama) February 19, 2026
En conjunto, estas decisiones no solo han generado polémica, sino que también han reavivado cuestionamientos sobre la transparencia, la coherencia ética y el verdadero compromiso de la Corte Suprema con la carrera judicial y la rendición de cuentas.
Para la exmagistrada Esmeralda de Troitiño, el escenario actual contrasta con el ideal de una justicia abierta. “La Corte debe proyectarse ante la sociedad como un proyecto de justicia abierta. No puede someterse a censuras internas, porque eso no tiene sentido en este proyecto, que implica participación ciudadana”, afirmó.
A su juicio, la confianza pública es el pilar que fortalece el sistema judicial; sin ella, ocurre lo contrario.
Carrera judicial
Troitiño fue enfática al referirse a la decisión de otorgar permanencia a interinos sin concurso. Recordó que participó en el proceso de aprobación de la Ley de Carrera Judicial, precisamente para blindar la independencia y la autonomía de los jueces.
“La carrera judicial se construyó como fundamento para que quien ingrese al sistema lo haga por méritos. El concurso implica enfrentarse al resto de los colegas que aspiran. No atender lo que significa la carrera judicial es un indicio muy claro de que el asunto no está bien”, advirtió.
Desde su experiencia dentro y fuera del máximo tribunal, la exmagistrada sostiene que el mensaje es delicado. “Trabajar en la administración de justicia implica un compromiso ético. Si eso no se da, la ciudadanía piensa que la justicia no se aplica como debe ser. Entonces no hay confianza ni credibilidad, y mucha gente prefiere no acudir al sistema”, señaló.
Desprestigio institucional
En la misma línea crítica se pronunció Magaly Castillo, exdirectora ejecutiva de la Alianza Ciudadana Pro Justicia. Tras más de dos décadas dando seguimiento al sistema judicial, aseguró que le sorprende que la Corte “siga en un afán de desprestigiarse a sí misma”. Según dijo, las decisiones recientes generan dudas sobre la seriedad de sus actuaciones.
Castillo recordó que tanto en el Ministerio Público como en el Órgano Judicial existen leyes de carrera desde hace años, producto de los acuerdos del Pacto de Estado por la Justicia. “¿Por qué tiene que haber funcionarios interinos? ¿Por qué nos hemos demorado tanto en implementar la carrera? Las leyes existen desde hace años”, cuestionó.
A su juicio, la responsabilidad recae en las cabezas de las instituciones por no haber ejecutado plenamente el régimen de méritos.
Para la activista, otorgar estabilidad sin concurso no resuelve el problema estructural. “La culpa no es de los funcionarios; la responsabilidad es de los magistrados y de quienes han dirigido las instituciones. Si la ley dice que debe ser por méritos, ¿cómo se nombró a estos funcionarios? ¿Fue con base en méritos?”, planteó.
Daño a la transparencia
El abogado y analista Rodrigo Noriega apuntó directamente al impacto en materia de transparencia. “El mensaje es de opacidad. El secreto de las actas es innecesario, porque es importante saber qué se discutió en esas reuniones para que la comunidad jurídica entienda cómo se llegó a las decisiones”, sostuvo.
A diferencia de la Corte, el Ejecutivo hizo públicas las actas de Gabinete a partir de 2024.
Respecto de la permanencia de interinos, Noriega fue categórico: “Es una derrota de la carrera judicial. Demuestra que, por pereza, negligencia o conflictos de interés, no se hizo la tarea”. Recordó que la Ley de Carrera Judicial data de 2015 y que, en más de una década, no se han completado los concursos, las evaluaciones ni las convocatorias requeridas.
El resultado, añadió, es una ciudadanía frustrada. “Es una desilusión. Preocupa por lo que ha pasado y por lo que puede venir en el futuro cercano”, expresó.
Fiscalización de funcionarios
Por su parte, el abogado y exmagistrado del Tribunal Electoral Guillermo Márquez Amado sostuvo que la justicia debe fortalecerse con calidad humana, recursos y fiscalización del desempeño, lo que incluye a los jueces. “No ha habido un genuino interés en revisar cómo evolucionan los patrimonios de los funcionarios para determinar si existe enriquecimiento ilícito”, afirmó.
Márquez Amado añadió que el control patrimonial tiene un componente que involucra a la Contraloría General de la República, la cual debe emitir un informe previo antes de cualquier investigación por enriquecimiento ilícito. Considera que esa exigencia podría ser inconstitucional, aunque reconoció que correspondería a la propia Corte pronunciarse al respecto.
En un contexto en el que otros órganos del Estado enfrentan cuestionamientos, el papel del Órgano Judicial adquiere mayor relevancia. “El valor más importante en cualquier sociedad es que haya justicia. Si la sociedad siente que se hace justicia, todo el mundo camina por la sombra; pero, si no se siente así, cada quien actúa según su conveniencia”, reflexionó Márquez Amado.
Para los especialistas consultados, el mensaje que se envía es ambiguo: mientras se habla de independencia y fortalecimiento institucional, se adoptan medidas que parecen contradecir los principios de mérito, transparencia y rendición de cuentas.
En un país donde la credibilidad de las instituciones atraviesa momentos delicados, la Corte Suprema enfrenta el desafío de reconstruir la confianza. De lo contrario, advierten los expertos, la erosión no solo afectará su imagen, sino también la legitimidad del sistema de justicia en su conjunto.
