Se dio un nuevo en la fiscalización de los fondos públicos y privados que mueven las campañas políticas que están en carrera para las elecciones del próximo 5 de mayo.
El Tribunal Electoral (TE) entregará la lista oficial de candidatos que buscan un cargo de elección popular, a la Dirección General de Ingresos (DGI), con el propósito de que garantice que cumplan con las disposiciones tributarias, entre otras regulaciones. Además le proporcionará información en caso de que detecte algunas “incidencias” por actuaciones de candidatos o partidos políticos.
Además de candidatos y agrupaciones políticas, la medida también alcanza a donantes, contribuyentes receptores de cesiones de crédito de los partidos políticos, proveedores de servicios, y otros participantes en la campaña. Ayer jueves 4 abril, los máximos responsables de las dos instituciones firmaron un convenio para oficializar este intercambio de información.
Por el TE, firmó el magistrado Alfredo Juncá. Por la DGI, firmó su director, Publio De Gracia.
“Ahora vamos a contar con mejores herramientas para fiscalizar la forma en que se invierte el financiamiento público y el financiamiento privado. Se va a fiscalizar que los fondos lleguen a la cuenta única de campaña y tienen que ser de fuentes lícitas”, manifestó Juncá.
De Gracia adelantó que para fiscalizar los fondos usarán la factura electrónica, que es de uso obligatorio para los candidatos y partidos políticos. A su juicio es una herramienta “muy importante y poderosa” para la fiscalización y trazabilidad, en caso tal de detectar cualquier anomalía en los recursos que da el Estado a los partidos y candidatos; así como para las donaciones de campaña.
Danza de millones
En financiamiento preelectoral, el TE distribuirá $50,695,143 para los nueve colectivos políticos que tiene el país. Mientras que $3,815,763 se asignarán a los candidatos por libre postulación.
Mientras que cada tanto, surge el debate por los topes de financiamiento privado para gastos de campaña, este es uno de los asuntos que no logró consenso en medio de los debates para reformar la ley electoral.
Para presidente de la República, la cifra máxima que se puede gastar un candidato, son $10 millones (elección general), para diputado, el tope llega a $300 mil. A nivel de distritos y corregimientos, los topes varían dependiendo del peso electoral. Por ejemplo, para quienes aspiren a la Alcaldía de Panamá, el tope es de $3 millones 640 mil.
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En enero pasado el magistrado Juncá advirtió que a él y a sus colegas (Eduardo Valdés Escoffery y Luis Guerra Morales) les “preocupa” la “forma indiscriminada” en cómo están invirtiendo “el dinero de dudosa reputación” en política. No dio nombres.
“La fiscalía debe cumplir con su parte en la esfera penal”, manifestó.
¿Se puede hablar de narcopolítica en el proceso electoral? fue una pregunta que La Prensa le hizo al magistrado Juncá en febrero pasado.
El presidente del TE respondió que no se atrevería a hablar específicamente de narcopolítica. “Lo que nosotros necesitamos buscar son los fondos que se están utilizando de manera errada en cada una de las campañas y enderezar las mismas”, manifestó.
Añadió que el Tribunal Electoral recibe de cada campaña su informe de uso del financiamiento electoral. Pero antes de eso, ellos tienen oportunidades de reparar cualquier tipo de situación en sus informes cuando van presentando sus cuentas. “Hay fiscalización. ¿Qué significa esto? Que muchas veces nos dejan por fuera los gastos que están haciendo. El Tribunal está en busca de esos gastos. Así que la recomendación que le hago a todos los candidatos es que se mantengan dentro del tope de campaña que les corresponde y que no utilicen otros fondos que no provengan de la cuenta única de campaña, que es de donde deben salir todos los pagos para los gastos de la campaña”, explicó.
