Aunque los números den la impresión de sosiego, la violencia en las calles panameñas no se detiene.
El director general de la Policía Nacional, Jaime Fernández, insiste en que los índices de criminalidad se mantienen “por debajo de los del año pasado”. Y las cifras del Ministerio Público le dan la razón: entre enero y septiembre de 2025 se registraron 438 homicidios, frente a 456 en igual periodo de 2024. 18 menos, una reducción que en papel sugiere control.
Pero la estadística contrasta con la tensión en las calles. Solo en la primera semana de noviembre, tres homicidios sacudieron el sector Este de la capital. Jesús Armando Rodríguez, Marichel Rodríguez y Esteban De León Osorio fueron asesinados en circunstancias distintas, pero bajo un mismo patrón: violencia súbita, aparente frialdad y ejecución a plena luz del día.
En redes sociales se multiplican los reportes de desapariciones, asaltos y ataques, sobre todo en horas nocturnas.
Fernández reconoció que “la percepción es que los niveles delincuenciales han aumentado”, aunque defendió el trabajo de la entidad que dirige y aseguró que la estrategia apunta a reforzar la presencia en las calles. “Lo que la comunidad necesita es vernos afuera”, sostuvo, al referirse al despliegue de los llamados Linces 2.0, una versión renovada de la policía motorizada.
El delito que se esconde tras las cifras
El exviceministro de Seguridad y criminólogo Severino Mejía ofrece una lectura diferente. “Lo que más llama la atención, por razones obvias, es el homicidio. Pero hay otros delitos: hurto, violencia doméstica, violación, que se resaltan poco”, aseguró en conversación con La Prensa.
Las estadísticas confirman esa tendencia. Entre enero y septiembre de 2025, el país acumuló 12,819 hurtos, ligeramente por encima de los 12,690 del año pasado. Los robos pasaron de 3,928 a 3,956, y los casos de violencia doméstica apenas variaron: 11,883 frente a 11,966 en 2024.
Para Mejía, las cifras sirven como referencia, pero no bastan para entender la dinámica criminal. “Hay que analizar la conducta del ciudadano, su nivel de violencia y la respuesta del Estado. El panameño ha evolucionado hacia una conducta mucho más violenta”, advirtió.
Agregó que los delincuentes actúan con mayor audacia: “Antes cometían los delitos de noche; ahora lo hacen de día y en cualquier lugar. Tal vez piensan que la justicia no los va a alcanzar”.
La política criminal en pausa
Mejía también cuestionó la falta de aplicación de la Ley 328 de 2022, que creó la Política Criminológica del Estado. “El tema de la política criminológica está en pausa y sería bueno saber qué avances tiene. Hay un comité consultivo integrado por funcionarios de distintas instituciones, pero no creo que haya progreso de ningún tipo”, afirmó.
La norma fue aprobada durante el quinquenio 2019-2024 como una estrategia de Estado para prevenir las conductas delictivas mediante políticas científicas, alejadas de la improvisación. Plantea nueve estrategias principales: prevención, seguridad ciudadana, justicia social, participación ciudadana y educación para la paz, entre otras. Y advierte sobre 18 factores que inciden en la inseguridad, entre ellos la desigualdad, la impunidad, la corrupción, las pandillas y la falta de oportunidades para los jóvenes.
Mejía considera que, mientras no se refuerce la inteligencia policial ni la prevención del delito, el país seguirá respondiendo con mecanismos reactivos. “Hay que darle músculo al aparato de inteligencia y dotarlo de recursos humanos y tecnológicos”, recomendó.
El rol del Ministerio Público
El procurador general Luis Carlos Gómez también se refirió al tema este martes 11 de noviembre. Sostuvo que el Ministerio Público mantendrá su papel de persecución penal. “Nuestra obligación constitucional es perseguir delitos e identificar a los autores”, indicó, al recordar que las instituciones del Estado deben coordinar esfuerzos para contener el fenómeno criminal.
No obstante, los propios registros del Ministerio Público muestran que la criminalidad se mantiene en niveles altos, con variaciones mínimas entre un año y otro. Mejía insiste en que esa estabilidad aparente no debe interpretarse como mejoría, sino como señal de que las causas estructurales del delito permanecen intactas.
Entre la percepción y la realidad
El presidente José Raúl Mulino, consultado el 10 de noviembre sobre los casos de violencia en Panamá, evitó pronunciarse y respondió escuetamente: “Nada”.
Equipo y presupuesto
El Ministerio de Seguridad Pública, cartera que según la Ley No. 15 de 14 de abril de 2010 tiene entre sus funciones “mantener y defender la soberanía nacional, velar por la seguridad, la tranquilidad y el orden público en el país, así como proteger la vida, honra y bienes de los nacionales y de los extranjeros que estén bajo su jurisdicción”, tendrá un presupuesto de $983,1 millones.
Esta entidad está a cargo de Frank Ábrego. La fuerza pública panameña reúne a más de 32 mil hombres y mujeres que integran los distintos cuerpos de seguridad: la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval, el Servicio Nacional de Fronteras, entre otros.
