La encrucijada del presupuesto 2025: entre duros desafíos fiscales y demandas políticas

La promesa de un presupuesto conservador, prudente y responsable para el 2025 se fue al vacío. Con las modificaciones presentadas al proyecto, la cifra total se eleva a $30,111 millones, es decir, $3,276 millones por encima de los $26,835 millones propuestos el pasado 15 de octubre.

En la Resolución de Gabinete 99, que propone modificaciones al proyecto de ley 143 presentada por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, el pasado viernes ante la Asamblea Nacional, se contemplan ingresos corrientes por $2,001,680,532. Esto supone un reto considerable en la recaudación fiscal y un compromiso con la optimización de las fuentes de ingresos para poder cubrir los gastos y reducir el déficit.

Según expertos, alcanzar esta cifra implica que el gobierno deberá ser eficaz en la implementación y fiscalización de impuestos, tasas y contribuciones, así como en maximizar los ingresos provenientes de la venta de bienes y servicios públicos. Además, este objetivo exige una gestión rigurosa para reducir la evasión y mejorar la eficiencia de la Dirección General de Ingresos (DGI).

El reto: los ingresos

De hecho, el viceministro de Finanzas, Fausto Fernández De León, admitió ayer sábado en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea que enfrentan un reto “muy importante” en la parte de ingresos, pues se han puesto una barrera “alta y muy retadora”.

Adelantó que confían en los cambios que planean realizar en la DGI y mencionó un proceso de “evangelización a la gente” para fomentar el pago de impuestos y la exigencia de la factura fiscal. La DGI está a cargo de Camilo Valdés, un abogado experto en derecho comercial y tributario, quien ha informado que la morosidad total en el pago de impuestos asciende a $3,210 millones, mientras que el ministro Chapman estima que la evasión del ITBMS es de aproximadamente $1,500 millones al año.

La Resolución de Gabinete 99, que establece cambios al presupuesto, propone el aumento del gasto en seis ministerios, 16 instituciones descentralizadas y una empresa pública. Entre los montos más elevados se encuentran: Ministerio de Educación, $1,282 millones; Caja de Seguro Social, $1,274 millones; Ministerio de Economía y Finanzas, $185.6 millones; Ministerio de Salud, $115 millones; Autoridad Nacional de Descentralización, $57 millones, entre otros.

‘Paguemos impuestos’

El diputado Manuel Cohen, de Cambio Democrático y secretario de la comisión, hizo ayer sábado un llamado al pago de impuestos: “Paguemos impuestos”, dijo. Añadió que el presupuesto tiene que estar balanceado con los ingresos del país. “Exijamos la factura fiscal”.

El ministro Chapman aseguró que están acelerando el proceso de modernización de la DGI. Adelantó que habrá más auditores, más inspectores, más tecnología y más cruce de información. “Estamos seguros de que los ciudadanos van a cooperar pidiendo su factura fiscal (...)”.

‘Mucho desorden fiscal’

Sin embargo, otros sectores no son tan optimistas. El economista Ernesto Bazán, por ejemplo, recordó que el presupuesto de 2024 fue el más “inflado” de la historia, por lo que el de 2025 muestra que “no hay intención del gobierno de hacer un cambio de rumbo en la gestión económica irresponsable del gobierno anterior”.

“En el tema de fondo, refleja mucho desorden fiscal, mostrando un déficit fiscal proyectado de $3,193 millones, pero con un incremento en la recaudación del 20% en una economía que crecería, a lo sumo, 5%. Si no se cumplen los supuestos de recaudación, el déficit fiscal podría aumentar. Además, en el último ajuste se incluyen $2,001.68 millones de ingresos corrientes que no han sido justificados. Si no se logran, el déficit aumentará, y eso es importante porque el déficit se cubre con deuda, y ya no podemos endeudarnos más. El endeudamiento empobrece, pues al pagar más intereses, se reduce la posibilidad de atender necesidades sociales como salud, educación, seguridad, infraestructura, agua potable, alcantarillado, etc.”, argumentó en diálogo con La Prensa.

‘Peticionismo’

El exdiputado independiente Edison Broce aseguró en su cuenta de X que “la presión pudo más”. “Hace unos días celebré la reducción del presupuesto, pero no duró. La presión pudo más. Como siempre, cada sector político aseguró su tajada. Si no hay chen chen en la economía, de algún lado saldrán esos millones para costear el presupuesto”, escribió en X.

De manera similar opinó el comunicador Guillermo Antonio Adames. “El presupuesto de 2025 delató a algunos diputados que solo piensan en su circuito y no en el país, exhibiendo una visión cortoplacista y pueblerina. Como en años anteriores, se ha impuesto la cultura del peticionismo, la de extender la mano para pedir sin rubor. Parece que nada ha cambiado”.

‘Incapacidad’

¿Cedió el Ejecutivo ante la Asamblea?

José Isabel Blandón, presidente del Partido Panameñista y excandidato a vicepresidente de la República en las elecciones del 5 de mayo pasado, opinó sobre el tema.

Blandón argumentó que decir que el presidente José Raúl Mulino cedió ante los diputados es una forma de justificar un sinnúmero de leyes, como la Ley 34 de Responsabilidad Fiscal, la Ley 362, que obliga a otorgar el 7% del PIB a la educación, y la Ley 37 de descentralización.

En conversación con este medio, Blandón preguntó: “¿Es acaso culpa de la Asamblea Nacional que el primer proyecto presentado por el Ejecutivo solo asignara $4.9 millones de inversión para el Ministerio de Obras Públicas (MOP), dejando sin partida obras de continuidad, y que en el segundo documento incrementaran el presupuesto de inversión del MOP a $872 millones? (...) Esto no es por presión de la Asamblea, es por incapacidad del Ministerio de Economía y Finanzas (...)”.

También se refirió a “los goles” en el presupuesto que mencionó Chapman.

“Que ellos estén diciendo que el presupuesto presentado a la Asamblea fue alterado es sumamente grave. Además de grave, que el ministro de Economía nos diga eso, reconociendo que no revisó antes de presentar a la Asamblea lo que nos estaba presentando (...)”, añadió.

Eliana Morales Gil

Editora Política/Judiciales