El suministro de alimentos a los centros penitenciarios tomó notoriedad pública esta semana, luego de que el Ministerio de Gobierno (Mingob) recibiera propuestas para dos licitaciones destinadas a abastecer las cárceles de Panamá y Colón, cuyos montos combinados ascienden a 243.2 millones de dólares.
La magnitud de estas contrataciones volvió a poner bajo la lupa el costo real del sistema penitenciario y abrió una pregunta ineludible en medio del proceso: ¿cuánto le cuesta al Estado mantener a cada persona privada de libertad?
La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, explicó que el costo de mantener a una persona privada de libertad representa un gasto significativo para el Estado. Detalló que el promedio diario oscila entre 36 y 40 dólares por interno, cifra que puede incrementarse cuando surgen complicaciones de salud o necesidades especiales dentro del sistema penitenciario, lo que eleva aún más la presión financiera sobre el presupuesto público.
Solo en alimentación, el Estado destina cada año alrededor de 24 millones de dólares. Aunque en los centros penitenciarios se han implementado algunos programas de huertos internos para reducir costos y mejorar la gestión, el gasto continúa siendo significativamente alto.
En una década, el costo de la alimentación en los centros penitenciarios ha escalado de forma sostenida. En 2012, la ración diaria tenía un valor de 3.16 dólares; cuatro años después, una adenda al contrato la elevó a 4.60 dólares. Ahora, con las nuevas licitaciones en curso, el precio alcanza los 5.50 dólares por ración, un incremento que presiona aún más el presupuesto estatal destinado a la población privada de libertad.
En los últimos 13 años, el Estado panameño —a través del Mingob— ha desembolsado más de 303.3 millones de dólares para la alimentación en siete centros penitenciarios administrados por el Consorcio Alimentario Panamá. En el país hay unos 24 mil privados de libertad.
Las licitaciones
Esta semana se llevaron a cabo dos actos públicos para suministrar alimentos a las personas privadas de libertad en las provincias de Colón y Panamá.
En el caso de Colón, dos empresas llegaron a la etapa de presentación de propuestas: el Consorcio Alimentando Panamá S.A., que igualó el precio de referencia del Gobierno —33 millones de dólares—, y el Consorcio C & J Food Services, que ofreció un monto menor, de 29 millones de dólares. Ambas propuestas fueron aceptadas para continuar en la fase de evaluación técnica y económica.
Con ello se busca asegurar la prestación del servicio durante 2,191 días calendario, equivalentes a casi seis años. Aunque en la reunión previa y en la homologación participaron 15 interesados, solo estos dos consorcios presentaron propuestas electrónicas en la apertura formal realizada el 5 de diciembre, en el Salón de Actos del Departamento de Compras del ministerio.
El acto público establece las condiciones para garantizar la alimentación diaria —desayuno, almuerzo y cena— de las personas privadas de libertad, así como del personal que opera dentro del complejo penitenciario de Colón.
El servicio abarca el Centro de Rehabilitación Nueva Esperanza y el Centro Femenino de Colón, donde la demanda alimentaria exige un suministro constante y supervisado bajo estrictos estándares sanitarios.
En total, la empresa que resulte adjudicada deberá cubrir la alimentación de unas 2,793 personas: 2,596 hombres privados de libertad, 107 mujeres privadas de libertad, 39 custodios y 51 unidades policiales.
Además, tendrá la obligación de presentar menús cíclicos, realizar análisis nutricionales y mantener la operación activa los siete días de la semana, bajo normas de calidad e inocuidad alimentaria.
Cárceles de Panamá
De forma paralela, el Consorcio Alimentando Panamá S.A. también se presentó a la licitación para el suministro de alimentos a las cárceles de la provincia de Panamá, por 209 millones de dólares. No hubo más propuestas en el acto público, que también se realizó el pasado 5 de diciembre.
Como ya se mencionó, el consorcio no enfrentará competencia y, si finalmente cumple todos los requisitos establecidos por la comisión evaluadora, extenderá su dominio por casi seis años más, alcanzando cerca de 19 años de control ininterrumpido del servicio de alimentación penitenciaria. Ya lo ha hecho durante unos 13 años, desde 2012.
La empresa presentó una propuesta por 209.6 millones de dólares, exactamente el precio de referencia fijado por el Mingob. Ese monto incorpora un incremento en la ración diaria: sube de 4.60 a 5.50 dólares, en comparación con el contrato aún vigente.
Esta licitación no estuvo exenta de reclamos, precisamente porque los potenciales competidores alertaban sobre especificaciones que, a su juicio, otorgaban ventaja al Consorcio Alimentario Panamá. Fueron 15 empresas las que participaron en el proceso de homologación, pero solo se presentó una propuesta final.
Se impugnó, por ejemplo, el criterio de evaluación de experiencia, porque el pliego exigía que esta solo pudiera acreditarse mediante un máximo de tres contratos.
El punto crítico era que al proveedor actual se le reconoce la experiencia de un solo contrato que engloba los seis servicios penitenciarios, producto de las condiciones especiales bajo las que fue contratado. En la práctica, esto impedía cualquier competencia real, pues sería improbable que otro participante pudiera presentar un contrato único que abarque tantos recintos, lo que lo colocaba en una desventaja evidente frente al operador histórico.
