La Fiscalía General Electoral realizó este miércoles una inspección ocular a la junta comunal de Curundú, como parte de una investigación que adelante este despacho sobre los millonarios fondos de la descentralización paralela desviados a gobiernos locales en medio de la campaña electoral para las elecciones del 5 de mayo próximo.
La pesquisa guarda relación con el posible uso ilegítimo de los fondos del programa de descentralización para supuestamente favorecer a partidos políticos y candidatos en el proceso electoral de 2024.
Sabino Fuentes, fiscal de atención primaria de la Fiscalía General Electoral, explicó que solicitaron información sobre cómo se han utilizado los fondos de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND). “Haremos el análisis del documento que nos están entregando y allí sacaremos la conclusión de si hay algo legal o ilegal”, manifestó el funcionario.
La fiscalía pidió copia de las resoluciones con las que se aprobaron programas y proyectos con fondos de la descentralización, durante el 2023. Además, los expedientes de los programas de asistencia social en el 2023 y las solicitudes de donaciones de los habitantes del corregimiento.
El representante de corregimiento de Curundú es Senén Mosquera, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), pero al momento de la diligencia no se encontraba en su oficina, por lo que el personal de la FGE fue atendidos por otros funcionarios del gobierno local.
Curundú es un corregimiento del distrito capital donde viven 15 mil 458 personas, de acuerdo con el Censo de 2023.
El pasado lunes 5 de febrero, La Prensa dio a conocer que el 26 de enero de este año, ocho días antes del inicio de la campaña política para las elecciones del 5 de mayo, a la Contraloría General de la República ingresaron dos solicitudes de la AND a cargo de Edward Mosley Ibarra González, para transferir dos partidas que suman $136 mil a la mencionada junta comunal.
Una partida es por $106 mil, y su justificación es la siguiente: implementación de iniciativas comunitarias y sociales en el corregimiento. La otra es por $30 mil, para supuestos gastos de funcionamiento. Pero, la Ley 37 de 2009 que descentraliza la administración pública, dispone que las únicas transferencias que la Autoridad Nacional de Descentralización puede hacer a los gobiernos locales son las del Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales y el Impuesto de Bien Inmueble.
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Entre 2021 y mayo de 2023, la administración de Cortizo repartió $258.8 millones entre 2,570 juntas comunales, 288 municipios y 16 asociaciones de alcaldes, consejos provinciales y otros. El 72% de esos fondos fue para gobiernos locales controlados por algún miembro del PRD.
