En la Universidad Autónoma de Chiriquí, cada decisión parece responder a una lógica diseñada desde el despacho de la rectora Etelvina Medianero de Bonagas. Nada ocurre por azar y ningún movimiento, por pequeño que sea, escapa a un cálculo político y administrativo cuidadosamente medido.
Uno de los casos que ahora despierta interrogantes es el de Guillermina Martínez, actual jefa de Recursos Humanos de la Unachi. De acuerdo con los reportes de planilla publicados por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), Martínez fue nombrada en enero de 2024 con un salario mensual de 5 mil 460 dólares.
A simple vista, parecía un nombramiento más dentro de la extensa y costosa estructura administrativa de la universidad, marcada por remuneraciones que han sido motivo de críticas públicas y cuestionamientos políticos.
La polémica
Sin embargo, detrás de esa designación existe un detalle que ha comenzado a llamar la atención dentro y fuera de la universidad. Entre 2021 y 2023, Guillermina Martínez ocupó el cargo de responsable de control fiscal por parte de la Contraloría General de la República en la propia Unachi.
Es decir, la funcionaria que hoy administra el recurso humano de la universidad era, hasta hace poco, la encargada de fiscalizar los movimientos administrativos y financieros de esa misma institución.
Como funcionaria de la Contraloría, sus funciones incluían el refrendo de actos públicos, contratos con proveedores, nuevos nombramientos, ascensos internos, pagos de viáticos y otros procedimientos sujetos a control fiscal.
Su rol la colocaba en una posición clave dentro de la vigilancia administrativa de la universidad, precisamente en un período en el que las actuaciones de la rectoría eran objeto de constantes debates públicos y señalamientos relacionados con el manejo de fondos y la contratación de personal.
Los propios registros de la Antai reflejan que Martínez devengaba en la Contraloría un salario mensual de mil 936 dólares y ocupaba el cargo de jefa de auditoría externa I, posición que desempeñaba desde 2006 en esa entidad.
Las advertencias
El salto de Martínez desde el órgano fiscalizador hacia una jefatura estratégica en la institución supervisada no ha pasado inadvertido entre sectores universitarios críticos de la gestión de Medianero de Bonagas y observadores de la administración pública, quienes ven en este movimiento otro episodio dentro del complejo engranaje de poder que rodea a la rectoría de la Unachi.
De hecho, funcionarios y profesores, que prefirieron no ser identificados por temor a represalias, indicaron que han intentado poner en conocimiento del contralor, Anel Flores, el caso de Martínez.
También enviaron un mensaje: “Señor contralor, la Contraloría General de la República tiene la responsabilidad de velar por la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos. ¿Cómo es posible que estas prácticas se mantengan sin consecuencias? La comunidad universitaria y la ciudadanía en general exigen respuestas y acciones concretas para poner fin a estos atropellos contra la institucionalidad y la ética en la gestión pública”.
Nombramientos permanentes
Al igual que la rectora, el nombre de Martínez también aparece vinculado a uno de los temas más sensibles y cuestionados dentro de la Universidad Autónoma de Chiriquí: movimientos sobre la planilla institucional.
En una publicación oficial difundida por la propia universidad el año pasado, se informó que “la Asociación de Empleados de la Universidad Autónoma de Chiriquí se reúne con la nueva directora de Recursos Humanos [Guillermina Martínez] para darle curso a las permanencias de alrededor de 300 colaboradores”.
El mensaje, aparentemente rutinario, adquiere otra dimensión en medio de las críticas surgidas en los últimos meses por la permanencia de funcionarios administrativos y docentes, una práctica que distintos sectores señalan como uno de los factores que ha contribuido al crecimiento sostenido de la planilla universitaria y al incremento del gasto salarial dentro de la casa de estudios superiores. De hecho, la planilla mensual de la Unachi ronda los 6 millones de dólares.
La Prensa contactó a Martínez para conocer su reacción sobre este tema y, aunque atendió la llamada del medio, al ser informada del motivo de la consulta decidió finalizar la comunicación.
