El distrito de Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro, volvió a vestirse de duelo. Unas 200 personas caminaron en silencio por la avenida central para recordarle al país que, desde julio de 2010, sus vidas cambiaron para siempre. Muchos aún conviven con perdigones de plomo alojados en sus cuerpos y con heridas que el tiempo no ha conseguido cerrar.
Se trata de las víctimas de los enfrentamientos que, durante varios días, sostuvieron trabajadores bananeros y agentes de la Policía Nacional hace 16 años. Aquella crisis dejó dos jornaleros muertos y más de 500 heridos. En ese entonces, el presidente de la República era Ricardo Martinelli y el ministro de Seguridad Pública era José Raúl Mulino, quien hoy ocupa la Presidencia de la República.
Las protestas estallaron por el rechazo a la polémica ley chorizo (Ley 30 de junio de 2010), bautizada así porque, además de establecer medidas para promover el desarrollo de la aviación comercial, introducía reformas a los códigos Penal, de Trabajo y Judicial, así como a seis leyes, entre ellas la Ley Orgánica de la Policía Nacional, la Ley de Contrataciones Públicas y la Ley General de Ambiente.
Desde entonces, cada 8 de julio las víctimas recorren el mismo trayecto. Entre ellas hay 82 personas que perdieron parcialmente la visión por el impacto de los perdigones. La caminata se ha convertido en un acto de memoria y, también, en una forma de exigir que el Estado no olvide las secuelas con las que aún conviven.
Uno de los afectados es Ortencio Villar. En 2010 tenía apenas 20 años cuando un disparo de perdigones de plomo le impactó el rostro durante las protestas. Hoy, este exjornalero vive con una discapacidad visual que le impide conseguir un empleo estable.
Sobrevive con una pensión estatal de 900 dólares mensuales, una ayuda que, asegura, apenas alcanza para sostener a su familia y costear los medicamentos que necesita, ya que todavía conserva perdigones en el organismo.
Otra de las víctimas es Jacinto Quintero. En su cuerpo permanecen alojados 170 perdigones y, al igual que Villar, perdió parcialmente la visión. Una evaluación de la Caja de Seguro Social (CSS) consignó como diagnóstico “intoxicación crónica por plomo”. Los médicos prefieren no extraer los proyectiles porque el procedimiento podría comprometer músculos y órganos vitales.
Quintero coordina el Movimiento 8 de Julio, integrado por sobrevivientes de aquellos enfrentamientos. Cada año organizan la marcha y presentan sus reclamos a las autoridades. Sostienen que decenas de afectados necesitan lentes, prótesis y atención médica especializada para tratar las secuelas físicas que aún padecen.
Durante el gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019) se inauguró en Changuinola una clínica para atender a unas 500 víctimas. Sin embargo, los afectados sostienen que el centro carece de especialistas para responder a las necesidades derivadas de las lesiones que sufrieron.
Posteriormente, durante la administración del presidente Laurentino Cortizo, el Estado amplió los beneficios económicos para las víctimas. Mediante la Ley 333, sancionada en 2022, se autorizó un incremento de 100 dólares a las pensiones vitalicias de carácter especial, elevando el monto mensual de 800 a 900 dólares como parte de las medidas de reparación impulsadas por el Gobierno.
La Ley 333 también prorrogó hasta el 31 de octubre de 2032 el programa de apoyo económico-social dirigido a las personas incluidas en los anexos II y III de la Ley 28 de 2015. Ese beneficio consiste en un aporte mensual de 400 dólares para los afectados, quienes, pese a estas ayudas, insisten en que aún requieren atención médica especializada, medicamentos, prótesis y otras medidas que les permitan afrontar las secuelas permanentes que dejaron los sucesos ocurridos hace 16 años.
El 8 de julio de cada año fue establecido oficialmente como Día de Reflexión y Duelo en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro. La medida fue aprobada mediante la Ley 144 de 2015, en memoria de las víctimas de los enfrentamientos ocurridos entre el 6 y el 10 de julio de 2010.
