Al menos dos grupos ciudadanos se han pronunciado para exigir rendición de cuentas ante el uso de fondos públicos. Solicitan a la Contraloría General de la República (CGR) cumplir su rol fiscalizador y han repudiado la interpretación de la entidad dada a la Ley de Transparencia, para no revelar detalles de la planilla 172 de servicios profesionales, que la Asamblea Nacional reactivó en medio de la pandemia.
“Escuchamos con extrema preocupación la reciente y cómoda interpretación de la Ley de Transparencia que emitió la CGR” como respuesta a una solicitud del grupo Acción Ciudadana respecto a las planillas de la Asamblea Nacional y “denota la falta de capacidad y valentía para asumir su rol fiscalizador y de control”, expresó la fundación Espacio Cívico en un comunicado.
La CGR anunció que no entregaría información sobre la planilla 172, porque hacerlo sería violatorio de la Ley 6 de 2002 (Ley de Transparencia), ya que la misma es “confidencial”.
No obstante, la Corte Suprema de Justicia ya dictaminó que esta información es de carácter público y concedió un habeas data a favor del La Prensa, en 2017, después que la entonces presidenta de la Asamblea Nacional, la diputada Yanibel Ábrego, esgrimiera el mismo argumento que hoy utiliza la Contraloría, para negar a este diario la información sobre la planilla 172 planilla (nombres y funciones de este personal).
Pese al fallo de la Corte, la Asamblea nunca entregó la información.
Exigimos respetuosamente a @asambleapa rendir cuentas
— Espacio Cívico (@espaciocivico) November 17, 2020
y #publicar de forma completa sus #planillas y a la @ContraloriaPma ejercer su rol de garantizar el mejor uso de los fondos del Estado.#transparencia #rendicióndecuentas #abusodepoder pic.twitter.com/dePWAiWx0C
“Nuestra indignación y preocupación va en aumento. Aquellos en quienes depositamos un voto de confianza para gobernar continúan abusando de su posición privilegiada y malversando los recursos del Estado. Sus acciones irresponsables, que representan una amenaza a lo que conocemos como Estado de derecho, se han incrementado durante la pandemia”, señala Espacio Cívico, que añade que divulgar la información de la planilla pondrá en evidencia “abusos sin control”.
Por su parte, la asociación Acción Ciudadana solicitó a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) una reunión para abordar la respuesta de la Contraloría.
Una investigación de La Prensa reveló que la Asamblea reactivó la planilla 172 y desembolsó $8 millones, el grueso de estos pagos en julio pasado. De igual manera, duplicó la contratación de personal eventual que trabaja para las comisiones legislativas, otro gasto por $16 millones. En ninguna de las planillas se detallan las funciones de los contratados.
La Asamblea ha evitado contestar a La Prensa las razones que justifiquen este incremento adicional al de la planilla permanente del Órgano. La publicación de La Prensa reveló que en estas dos planillas se encuentran diputados que no lograron reelegirse, artistas, beisbolistas, rockeros y familiares de los diputados.
