Entre enero y noviembre de 2025, los pasillos del Ministerio Público registraron un tránsito considerable de expedientes vinculados a presuntos casos de corrupción en Panamá. En ese lapso ingresaron y se movilizaron 2,946 carpetas y procesos, una cifra que contrasta con los 1,726 registrados en el mismo período de 2024 y que representa un incremento cercano al 70.7 %.
Más allá del dato frío, el aumento da cuenta de una presión creciente sobre el sistema de investigación penal y de una intensificación en la tramitación de causas que, una a una, fueron llegando a los despachos fiscales en medio de una demanda pública cada vez mayor por rendición de cuentas.
Los registros sobre el tipo de delitos que ingresaron al Ministerio Público revelan que casi la mitad de los casos está relacionada con la gestión del Estado.
De un total de expedientes contabilizados, 1,424 corresponden a delitos contra la Administración Pública, lo que equivale al 48.4 % del total y consolida esta categoría como la de mayor incidencia.
Le siguen los delitos contra el Orden Económico, con 778 casos (26.4 %), y los delitos contra el Patrimonio Económico, con 589 expedientes (20 %), lo que evidencia el peso de las conductas vinculadas al manejo de recursos y a la actividad económica.
En contraste, las demás tipologías presentan una incidencia significativamente menor. Los delitos contra la Fe Pública sumaron 119 casos (4 %), mientras que los delitos contra la Vida y la Integridad Personal registraron 12 expedientes (0.4 %) y los delitos contra la Libertad apenas 6 casos (0.2 %). La categoría de otros delitos acumuló 14 procesos (0.5 %).
En conjunto, el desglose confirma que las investigaciones se concentran mayoritariamente en presuntas irregularidades administrativas y económicas, reforzando el perfil de la corrupción y los delitos financieros como el eje central de los casos atendidos.
Falta de auditorías
Algunas de las investigaciones más sensibles del Ministerio Público durante este año apuntan a casos que han marcado la agenda pública, como la descentralización paralela que involucra a representantes y alcaldes, los polémicos auxilios económicos del Ifarhu y las cuestionadas planillas de la Asamblea Nacional.
No obstante, estos procesos también han enfrentado limitaciones por la falta de auditorías suficientes para sustentar las pesquisas.
La Contraloría General de la República de Panamá, debe apoyar de mejor manera a la administración de justicia, en la lucha contra la corrupción y la delincuencia. Tengo respuesta del Ministerio Público que deja en evidencia, la falta de apoyo real y efectivo, hoy en día. pic.twitter.com/Bo6UGSAYKW
— ERNESTO CEDEÑO A. (@ernestocedeno) November 26, 2025
Una nota fechada el 18 de noviembre de 2025 y firmada por el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, detalla el volumen de solicitudes cursadas, los informes recibidos y el impacto que la escasez de auditorías ha tenido en el avance de la investigación penal.
Según la Fiscalía Anticorrupción, entre el 1 de enero y septiembre de 2025 se emitieron 423 solicitudes y reiteraciones de auditorías especiales.
La cifra refleja el ritmo acelerado de las investigaciones por presuntos delitos contra la administración pública, un ámbito en el que los informes de la Contraloría General de la República resultan clave para sustentar imputaciones y llevar los casos a etapas procesales más avanzadas.
Sin embargo, la Contraloría solo remitió 116 informes de auditoría en ese período, de los cuales únicamente 53 corresponden a solicitudes formuladas durante 2025.
Esto significa que apenas el 12.5 % de las auditorías requeridas ese año ha sido entregado, un indicador que evidencia un cuello de botella que impacta directamente en el desempeño del Ministerio Público.
El resto de los informes —63 en total— responde a solicitudes de años anteriores, lo que sugiere un rezago acumulado arrastrado de gestiones previas. Este retraso condiciona el avance de investigaciones relevantes, especialmente aquellas que requieren peritajes contables para determinar responsabilidades penales.
La falta de auditorías no es un asunto menor. La Fiscalía Anticorrupción reportó que solo en 2025 unos 34 casos tuvieron que ser archivados por causas vinculadas directamente a la ausencia de los informes solicitados a la Contraloría. El dato marca una tendencia preocupante para el desarrollo de las investigaciones más sensibles del país.
Leyes sin prosperar
A este panorama se suma que, en 2025, el Ministerio Público presentó dos proyectos de ley anticorrupción ante la Asamblea Nacional, los cuales fueron rechazados en la Comisión de Gobierno, presidida por el diputado Luis Eduardo Camacho, del partido Realizando Metas.
Una de las iniciativas proponía la creación de una ley marco anticorrupción y reformas al Código Procesal Penal para modernizar los mecanismos de investigación y sanción de estos delitos, pero quedó archivada luego de que su primer artículo fuera rechazado, impidiendo que avanzara al segundo debate.
El rechazo se repitió con un segundo proyecto que buscaba endurecer el Código Penal y ampliar la responsabilidad de los funcionarios públicos involucrados en el uso indebido de fondos estatales. La votación, marcada por la división entre bancadas, dejó a la iniciativa sin el respaldo necesario, pese a que organizaciones de la sociedad civil la consideraban una herramienta clave para corregir vacíos legales y fortalecer el marco institucional contra la corrupción.
Por su parte, el contralor, Anel Flores, ha dicho que se necesitan tres contralorías para cumplir con todas las auditorías que se requieren en el país.
