¿Cómo la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) llegó a tener casi 500 profesores con salarios mayores a $5,000 mensuales, incluyendo 249 que ganan más de $7,000, convirtiendo su planilla en una de las más caras del sector público? Solo en salarios, esto le cuesta al Estado cerca de $6 millones al mes.
La respuesta lleva a una reforma aprobada en 2016 a la ley orgánica de Unachi y a nombres clave dentro del poder político y universitario de la época, algunos de los cuales aún mantienen influencia.
Todo indica que se trató de una jugada cuidadosamente diseñada. El artículo 90 de la Ley 4 de 2006, que regula la permanencia y reclasificación de docentes en la Unachi, fue modificado mediante la Ley 6 de 2016, tres años después de que Etelvina Medianero de Bonagas asumiera la rectoría. La reforma flexibilizó los requisitos para que profesores e investigadores especiales obtuvieran permanencia dentro de la universidad, ampliando además las posibilidades de ascenso y reclasificación académica.
La medida impulsada por la cuestionada rectora recibió el aval de la Asamblea Nacional, que en aquel momento estaba bajo la presidencia del diputado Rubén De León, del PRD. El documento legislativo también aparece firmado por el entonces secretario general de la Asamblea, Franz Wever. Por último, fue sancionado por Juan Carlos Varela, que era el presidente de la República, acompañado de su ministra de Educación, Marcela Paredes de Vásquez.
La reforma fue aprobada en un contexto de fortalecimiento político y administrativo de la rectora dentro de la universidad.
Los cambios
Mientras que la normativa original establecía un límite rígido al exigir cinco años de servicio cumplidos exactamente a la fecha de entrada en vigencia de la ley (el 25 de marzo de 2016, un día después de su promulgación en Gaceta Oficial), la reforma introdujo una visión más flexible e inclusiva. El cambio permitió que profesores, investigadores y asistentes no permanentes que alcanzaran cinco años de docencia pudieran aspirar a la permanencia sin quedar excluidos por una fecha de corte específica.
Los requisitos académicos también fueron simplificados para facilitar el acceso a la categoría de profesor adjunto, considerada la primera categoría de profesor permanente. La legislación anterior detallaba áreas específicas para los títulos de posgrado, como docencia superior o especialidades afines; sin embargo, la nueva versión únicamente exige un título de posgrado o especialidad con un mínimo de veinte créditos o su equivalente.
La flexibilidad institucional también se reforzó con la apertura a nuevas fuentes normativas para regular estos procesos internos. A diferencia del texto anterior, que remitía exclusivamente al Estatuto Universitario, la reforma de 2016 otorgó validez jurídica a acuerdos de los órganos de gobierno de la Unachi, como el Consejo Académico, controlado por Medianero de Bonagas.
Fuentes internas de la Unachi sostienen que las reformas impulsadas en 2016 otorgaron una amplia “discrecionalidad administrativa” a la rectora y facilitaron la incorporación masiva de docentes permanentes dentro de la estructura universitaria. Según esas versiones, los cambios legales modificaron el sistema tradicional de ascensos y permanencias, permitiendo que decenas de profesores consolidaran posiciones permanentes sin pasar por los mecanismos ordinarios de concurso.
El impacto económico de esas modificaciones se refleja hoy en la planilla de la universidad. Profesores que hace una década devengaban salarios de $1,000 o $1,500 mensuales pasaron a recibir ingresos que oscilan entre $5,000 y $7,000 al mes.
La diferencia con la Universidad de Panamá y la Universidad Tecnológica de Panamá es marcada. En ambas instituciones, la apertura de concursos para nombrar docentes permanentes depende de convocatorias específicas que pueden tardar años en realizarse. En la Unachi, en cambio, la administración de Medianero de Bonagas impulsó un mecanismo legal que, según críticos de la medida, eliminó en la práctica la necesidad de competir en concursos para alcanzar la permanencia.
Reelección
Pero el plan de la rectora no terminó allí. Una vez logró que varios profesores obtuvieran permanencia, en 2017 impulsó otra reforma que permitió su reelección inmediata.
Según la ley, sin importar la cantidad de estudiantes o personal administrativo, los docentes tienen un peso del 60% en la elección de nuevas autoridades.
Ese año se modificó nuevamente la Ley 4 de 2006, abriendo el camino para que Medianero de Bonagas pudiera reelegirse para un nuevo período que inició en 2018.
Esa modificación también fue firmada por Rubén De León y Franz Wever. Varela la sancionó.
No obstante, la reforma más polémica llegó con la aprobación de la Ley 292 del 1 de abril de 2022, sancionada por el entonces presidente Laurentino Cortizo. Esa norma modificó el artículo 36 y estableció que el rector o rectora de la Unachi podría reelegirse por dos períodos consecutivos, lo que permitió que Medianero de Bonagas aspirara a un tercer mandato, que vence en 2028.
En esta ocasión, y para fortuna política de la rectora, el presidente de la Asamblea Nacional era otro dirigente perredista, Crispiano Adames. El entonces secretario general de la Asamblea era otro miembro del PRD: Quibián Panay.
Actualmente, la Unachi cuenta con un presupuesto de $72 millones; sin embargo, se conoció que, debido al alto costo de su planilla, mantiene una deuda de $12 millones con la Caja de Seguro Social. En 2025, debido a la falta de fondos, el salario del personal fue cubierto por el Tesoro Nacional y fuentes consultadas indicaron que la situación podría repetirse a partir de la primera quincena de mayo.
Mientras la crisis financiera y administrativa se profundiza en la Unachi, crecen las presiones sobre Medianero de Bonagas, quien no acude a la Asamblea Nacional desde agosto de 2024 para rendir cuentas sobre el estado de la institución que dirige desde 2013. Profesores, estudiantes y sectores políticos exigen explicaciones sobre el manejo de la planilla, el déficit presupuestario y las decisiones adoptadas durante más de una década de polémica gestión.
