El Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su informe 413, expone las “significativas restricciones” de los derechos laborales en Panamá.
El documento dedica 18 páginas a la situación del país en este aspecto y destaca una serie de medidas gubernamentales y judiciales que, según el organismo internacional, limitan severamente la capacidad de acción de las organizaciones sindicales, especialmente del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs).
Persecución tras protestas
El informe recoge denuncias sobre la represión de las protestas contra la ley que avaló al contrato con Minera Panamá, herramienta legal que fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y contra la Ley 406 que reformó el sistema de jubilaciones del país.
El comité solicitó informes finales sobre las investigaciones de las muertes de cuatro personas ocurridas en noviembre de 2023, durante las protestas en contra de la minería.
Lea aquí: Dos personas mueren por disparos de un hombre armado, en una protesta en la Panamericana
Las manifestaciones contra el contrato minero marcaron el final del gobierno de Laurentino Cortizo, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), mientras que las reformas al sistema de jubilaciones y pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS) se aprobaron en marzo de 2025, durante los primeros meses del gobierno de José Raúl Mulino.
Las organizaciones denunciantes también relataron la detención de más de 500 miembros del sindicato en febrero de 2025 “sin observancia de las garantías establecidas en la Constitución”.
Cierre de cuentas bancarias
Igualmente, el documento destaca “el cierre sistemático” de cuentas bancarias de la organización y su cooperativa. El comité citó la postura de la Defensoría del Pueblo de Panamá.
La Defensoría en su momento emitió un comunicado donde narró que “evidenció una evidente violación” de los derechos humanos de asociación y de libertad sindical al Suntracs, ante el cierre de sus cuentas bancarias por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), la Superintendencia de Bancos de Panamá y la Caja de Ahorros (CA)“.
Los gobiernos de Cortizo y Mulino cerraron cuentas del sindicato de la construcción en medio de las protestas por el contrato minero (finales de 2023) y por la Caja de Seguro Social (2025).
Los enfrentamientos entre obreros y policías
En febrero de 2025, obreros del Suntracs se enfrentaron a agentes de la Policía Nacional cerca de los hospitales Santo Tomás y del Niño. El presidente Mulino calificó los hechos como un “acto indiscriminado de asesinato” y arremetió contra los manifestantes, a quienes tildó de “terroristas”. Ese día, al menos 514 obreros fueron detenidos.
El comité anotó al respecto que observa con inquietud el que la asfixia económica persiste sin una orden judicial firme. A esto se suma la demanda interpuesta por el Ministerio de Trabajo para la disolución del sindicato, al igual que por la cancelación de la personería jurídica de su cooperativa por parte del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo.
Sobre este punto, la OIT recordó que: “...la disolución de organizaciones sindicales es una medida que solo sólo debería producirse en casos de extrema gravedad, y tales disoluciones solo deberían producirse como consecuencia de una decisión judicial, a fin de garantizar plenamente los derechos de la defensa" .
En julio de 2025, la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, presentó una demanda para la disolución de la organización sindical. Sustentó que se trataba del resultado de un riguroso análisis jurídico y técnico, con base en la legislación laboral vigente y en defensa del interés general de los trabajadores y las trabajadoras del país.
También manifestó que respondía a múltiples denuncias y hechos que evidencian cómo, bajo la fachada de una organización sindical, se han cometido actos reiterados de extorsión, violencia, estafa, abuso de poder y uso indebido de recursos.
‘Criminalización de la dirigencia’
El informe además detalla procesos penales contra directivos del sindicato como Jaime Caballero y Saúl Méndez. A los dos se les investiga por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales como consecuencia de un conflicto laboral en el proyecto turístico Red Frog, en isla Isla Bastimentos, Bocas del Toro.
Caballero tiene arresto domiciliario en su casa en Boquete, Chiriquí. Mientras que Méndez, quien fue secretario general del sindicato, pidió asilo en Bolivia, donde permaneció desde el 21 de mayo hasta el 19 de julio de 2025. Días después, abandonó ese país. Las autoridades judiciales de Panamá emitieron una alerta roja de Interpol para ubicarlo.
El comité también instó al Gobierno a demostrar que estas medidas no tienen su origen en actividades sindicales. Concluyeron que “el Suntracs ha sido objeto de restricciones significativas y crecientes de sus capacidades de acción, a pesar de que... hasta la fecha no ha sido objeto de ninguna condena”.
Finalmente, la OIT urgió a Panamá a permitir que el Suntracs “pueda ejercer todas sus actividades normales de promoción y defensa de los intereses de sus miembros” mientras concluyen los procesos judiciales en curso.
Este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, el Suntracs, junto a otros sindicatos, marcharán desde el parque Porras hasta la Plaza 5 de Mayo. Le han llamado: “La clase trabajadora resiste y lucha por democracia, paz y soberanía”.
