Hay momentos en que los ciclos políticos dejan de avanzar gradualmente y cambian de dirección con una velocidad inesperada. Eso es precisamente lo que ocurre hoy en América Latina.
Cuando The Economist bautizó este fenómeno como la “ola naranja” —en alusión al inconfundible tono de piel de Donald Trump—, hizo referencia, más que a una preferencia ideológica, a una forma de hacer política que privilegia el liderazgo personalista, la confrontación permanente, la desconfianza hacia las instituciones, el achicamiento del Estado, la comunicación emocional apoyada en el uso masivo de las redes sociales y la IA, la guerra cultural, la promesa de mano dura contra el crimen y la migración ilegal. Pero cuidado, el motor del cambio no es solo la ideología sino también la decepción. No estamos asistiendo simplemente a una alternancia izquierda-derecha, sino a un voto de castigo contra los oficialismos.
La ‘ola naranja’ y el voto antiincumbente
Desde el regreso de Trump, las derechas —en sus diversas modalidades— han ganado las siete elecciones presidenciales celebradas en los últimos dieciocho meses. También se impusieron en 13 de las 16 elecciones celebradas entre 2023 y 2026. Ninguna de las grandes olas políticas anteriores avanzó con semejante rapidez y amplitud territorial. Basta recordar que hace apenas unos pocos años, las seis principales economías de la región estaban gobernadas por administraciones denominadas progresistas.
Hoy, doce países latinoamericanos —Argentina, Ecuador y Paraguay en 2023; El Salvador, Panamá y República Dominicana en 2024; Bolivia, Chile, Ecuador nuevamente y Honduras en 2025; y Costa Rica, Colombia y Perú en 2026— integran un espacio político que mantiene una relación privilegiada con Washington. Del otro lado permanecen, de momento, México, Brasil, Uruguay y Guatemala; las dos dictaduras, Cuba y Nicaragua; y el régimen autoritario chavista de Venezuela bajo tutela de los EUA, aunque solo los dos primeros tienen el peso suficiente para equilibrar parcialmente la nueva correlación regional de fuerzas. Por ello, la elección brasileña del próximo 4 de octubre constituye el principal punto de inflexión de este ciclo. Si Brasil gira hacia la derecha, el mapa político regional adquirirá una configuración inédita, dejando a México como el único gran gobierno de izquierda del continente, acompañado únicamente por Guatemala y Uruguay. Si, por el contrario, Lula es reelecto, ello constituirá un límite firme a la expansión de la “ola naranja”.
Sin embargo, como ya advertimos, interpretar este fenómeno únicamente como una simple derechización ideológica sería un error analítico. Lo que vemos es una clara tendencia al voto antiincumbente que viene con fuerza desde 2018. La ciudadanía no está premiando únicamente propuestas conservadoras; está castigando a gobiernos progresistas que han sido incapaces de ofrecer seguridad, crecimiento económico, empleo, servicios públicos de calidad y lucha efectiva contra la corrupción.
Inseguridad, economía y empleo
Las recientes elecciones presidenciales en Perú y Colombia, con las victorias de Keiko Fujimori y Abelardo de la Espriella, confirmaron una transformación profunda de las prioridades del electorado. La inseguridad y el crimen organizado se han convertido en la principal preocupación en buena parte del continente. Frente a ciudadanos que viven con miedo cotidiano, las explicaciones ofrecidas por las izquierdas sobre las causas estructurales de la violencia, si bien rigurosas, fueron electoralmente insuficientes.
La derecha comprendió mejor que los gobiernos progresistas este cambio de urgencias. Su discurso de orden, autoridad y mano dura conecta con una demanda inmediata de protección. De allí también la enorme influencia que ejerce el “modelo Bukele”: la promesa de intercambiar parte de las libertades por mayor seguridad seduce a sociedades agobiadas por el crimen y la impunidad.
Pero esa aparente solución también tiene límites importantes. Exportar el modelo salvadoreño —como demuestra Ecuador, entre otros países— resulta más complejo de lo que sostienen sus defensores. Las diferencias institucionales, territoriales y criminales entre los países son significativas. Además, el debilitamiento del Estado de derecho, las violaciones de derechos humanos y el deterioro democrático son riesgos que no deben subestimarse.
Junto a la seguridad, la ciudadanía también demanda economías capaces de generar crecimiento, empleo y oportunidades. América Latina está estancada en una triple trampa: i) crecimiento insuficiente, baja productividad, limitada inversión e innovación; ii) alta informalidad, pobreza y desigualdad; y iii) instituciones débiles y baja capacidad de gobernanza (Cepal).
En este contexto, la creación de empleo de calidad, especialmente para los jóvenes, resulta crítica. Millones ingresan cada año al mercado laboral sin encontrar oportunidades ni perspectivas de movilidad social. Generar empleo formal, impulsar la inversión, mejorar la educación y desarrollar las competencias que demanda la economía verde y digital no solo constituye un imperativo económico, sino también una condición indispensable para la estabilidad política y la paz social.
En definitiva, el éxito de esta nueva generación de mandatarios de derechas dependerá de su capacidad para responder simultáneamente a tres grandes demandas: garantizar la seguridad, recuperar el crecimiento económico y generar empleo de calidad. La verdadera prueba ya no consiste únicamente en ganar elecciones, sino en demostrar que las democracias son capaces de dar respuestas eficaces a los problemas de la ciudadanía antes de que el malestar en la democracia termine convirtiéndose en un malestar con la democracia.
El factor Trump
Gran parte de esta nueva derecha regional construye su legitimidad política sobre una estrecha cercanía con Trump**,** quien ha intervenido abiertamente en varias elecciones en favor de “sus candidatos”. Sin embargo, el presidente estadounidense enfrenta una limitación inevitable: su mandato concluirá en poco más de dos años y la Constitución le impide buscar una nueva reelección. Antes deberá afrontar, a inicios de noviembre de este año, unas elecciones legislativas que podrían modificar sustancialmente su margen de maniobra.
Si Washington vuelve a modificar sus prioridades internacionales —hoy definidas por la nueva Estrategia de Seguridad Nacional, la doctrina Donroe y el Escudo de las Américas, con los que busca imponer su hegemonía en el hemisferio y reducir al máximo la presencia de China—, buena parte de los mandatarios que hoy sustentan parte de su narrativa en esa relación privilegiada con Trump podrían verse obligados a redefinir rápidamente su estrategia exterior.
Sin embargo, ello no implica que la “trumpificación” de América Latina vaya a perder impulso en el corto plazo. Más allá de la incertidumbre que rodea las elecciones presidenciales de Brasil, en octubre, y las legislativas de medio término en México, previstas para mediados del próximo año —que pondrán a prueba la fortaleza de la izquierda—, las tres elecciones presidenciales de 2027 —Guatemala y, especialmente, El Salvador y Argentina, donde Nayib Bukele y Javier Milei buscarán la reelección— parecieran indicar que el ciclo político de la “ola naranja” aún tiene recorrido.
El desafío: dar resultados
La experiencia comparada demuestra que una victoria electoral no equivale a un mandato asegurado. Las sociedades latinoamericanas no están firmando cheques en blanco; están otorgando mandatos condicionados al cumplimiento de sus demandas y expectativas. Exigen menos crimen, más crecimiento, empleo de calidad y mejores servicios públicos. Si esos resultados no llegan con rapidez y eficacia, el mismo voto de castigo que hoy impulsa a las derechas mañana se volverá —como ya ocurrió en el pasado reciente— contra ellas.
Por ello, el principal desafío de los mandatarios de derechas recién llegados no será ganar elecciones, sino gobernar mejor. Su suerte dependerá de un factor decisivo: la capacidad para ofrecer mejores resultados que quienes los precedieron. El verdadero protagonista de este ciclo político no es la derecha ni la izquierda, sino una ciudadanía cada vez más pragmática y exigente, menos paciente, más volátil y dispuesta a castigar en las urnas a cualquier gobierno que incumpla sus promesas.
En suma, la región no está premiando una ideología; está poniendo a prueba la capacidad de gobernar. La nueva “ola naranja” será juzgada menos por lo que promete que por lo que entregue. Si produce seguridad, crecimiento y empleo, podrá consolidarse. Si no lo hace, el péndulo volverá a girar con la misma velocidad con la que cambió de dirección. Esa es la principal lección de la política latinoamericana contemporánea: ya no existen electorados cautivos ideológicamente ni cheques en blanco. Solo mandatos condicionados por resultados.
El autor es director y editor de Radar Latam 360 @zovatto55
