El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó sus críticas sobre la seguridad en la capital estadounidense, afirmando que Washington presenta una tasa de homicidios que incluso supera la de reconocidas capitales latinoamericanas como Bogotá, Ciudad de México o Ciudad de Panamá. Fue su argumento para desplegar cientos de soldados en el lugar.
Aunque algunos interpretaron sus palabras como un halago a la seguridad de estas ciudades, la intención de Trump fue todo lo contrario: subrayar que Washington enfrenta niveles de violencia tan altos —o incluso mayores— que los de estas regiones de Latinoamérica. No se trató de un elogio, sino de una advertencia sobre la creciente inseguridad en la ciudad.
¿Pero son correctas las cifras del mandatario estadounidense? Trump fundamenta sus declaraciones en una gráfica correspondiente al año 2024, que señala una tasa de homicidios de 27.5 por cada 100,000 habitantes en Washington.

Según él, esta cifra colocaría a la capital estadounidense por encima de varias ciudades latinoamericanas, incluyendo Bogotá, Colombia (15), San José, Costa Rica (13), Ciudad de Panamá, Panamá (12.9), Ciudad de México, México (10), Lima, Perú (7.7) y Brasilia, Brasil (6.8).
La omisión de Trump
Lo que Trump no dijo en su declaración es que la tasa de homicidios en Washington D.C. ha experimentado una disminución significativa, pasando del 39% en 2023 al 27% actual.
Según cifras del Departamento de Policía Metropolitana de Washington D.C. (MPDC), el número de asesinatos registrados cayó un 32%, al pasar de 274 casos en 2023 a 187 el año pasado.
Entre agosto de 2024 y agosto de 2025, los delitos violentos en general mostraron una reducción del 26%, reflejando un descenso sostenido en la criminalidad de la ciudad.
La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, enfatizó este progreso en su cuenta de Instagram: “Es cierto que las tasas de criminalidad se dispararon tras la pandemia”, explicó.
“Pero hemos aprobado leyes y aplicado medidas que han reducido el número de delincuentes violentos en las calles y han equipado mejor a nuestra policía. Por eso, las tasas de criminalidad han descendido de manera significativa”.
Realidad en Panamá
La violencia en Panamá ha mostrado una tendencia al alza en los últimos años, según datos oficiales del Ministerio de Seguridad Pública.
En 2024 se registraron 581 homicidios, lo que representa un incremento del 4.4% respecto a los 556 casos de 2023.
Esta cifra sitúa la tasa de homicidios en 13 por cada 100,000 habitantes, la más alta de la última década, y refleja un aumento sostenido desde 2022, cuando se reportaron 499 asesinatos y una tasa de 11.3.
Las provincias de Panamá, Colón y Panamá Oeste concentran aproximadamente el 75% de los casos, evidenciando que la capital y sus alrededores siguen siendo los focos más críticos de criminalidad.

Pese a los esfuerzos de las autoridades, la percepción de seguridad sigue siendo un desafío para los ciudadanos. El incremento de homicidios coincide con tendencias globales de violencia urbana pospandemia, y expertos advierten que se requiere no solo mayor presencia policial, sino estrategias integrales de prevención social.
El contraste
Washington D.C. y Panamá presentan un contraste que sorprende incluso a expertos en seguridad: mientras la capital panameña registró en 2023 un total de 556 homicidios —equivalente a una tasa de 12 por cada 100,000 habitantes—, Washington D.C. alcanzó 273 casos, con una tasa de 40 por cada 100,000 habitantes.
La diferencia no solo refleja cifras, sino contextos sociales, desafíos urbanos y dinámicas de violencia que hacen que la percepción de seguridad en ambas ciudades sea radicalmente distinta.
Pero los números recientes matizan el panorama: la capital estadounidense logró reducir sus homicidios en un 32% entre 2023 y 2024, descendiendo de 274 a 187 casos, mientras que Panamá registró un leve incremento del 4.4 %, con 581 asesinatos en el mismo periodo.
Los datos sugieren que, aunque Washington D.C. mantiene una tasa más elevada, sus políticas de seguridad comienzan a dar resultados, mientras que Panamá enfrenta el desafío de consolidar estrategias efectivas para frenar la violencia y proteger a su población.

