Una tenue lluvia comenzó a caer en la comunidad de La Sabaneta, en el distrito de la Pintada. Allí había una concentración de unas 50 personas, algunas agitando banderas del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs).
En el sitio estaban presentes la candidata independiente a la Presidencia de la República, Maribel Gordón, y su compañero de fórmula, Richard Morales. También se encontraba entre el público Saúl Méndez, secretario del Suntracs, quien brindó detalles sobre la razón de su presencia en el lugar, al señalar que llevaban a cabo un cabildo abierto en donde la principal exigencia es el “cierre” del proyecto minero. “First Quantum tiene que salir de este país”, apuntó.
A juicio de Méndez se debe crear una comisión para el cierre de la mina y el Estado debe tomar control del proyecto. Su llamado no es solo retórico; el dirigente sindical anuncia la convocatoria de un nuevo cabildo abierto el próximo 6 de enero, esta vez en el área de Miguel de la Borda, en Colón, una zona a tres horas de la mina.
Otro de los grupos que lo acompañaban eran la Asociación de Educadores Coclesanos, el Frente Campesino contra los Embalses y la Minería, y la Unión Campesina Panameña.
En medio de una pausa momentánea de la lluvia en La Sabaneta, Santos Lorenzo, un campesino arraigado en La Pintada, expresa que la comunidad rechaza la presencia de la minería en sus tierras, argumentando la aspiración de un país “libre” de contaminación. Esta voz va en sintonía con la posición de Gabriel Lorenzo, presidente del Frente Campesino contra los Embalses, quien también aboga por la retirada de la mina del lugar. Las demandas de estos líderes comunitarios encuentran paralelismos evidentes en los discursos de Méndez y la candidata presidencial, Maribel Gordón, quienes, en sus intervenciones plantearon lo mismo.
El rechazo
En La Pintada no todos tienen la misma opinión. Eladia Guardado, residente de la comunidad de Villa del Carmen, apunta a las poblaciones cercanas a la mina como las más afectadas por la paralización de las operaciones, instando al Gobierno a ofrecer respuestas concretas. Su llamado refleja las crecientes dudas que envuelve a aquellos que se han visto directamente impactados por la decisión judicial contra el contrato minero.
En el silencio de la mañana y en el que sobresale el canto de algunas aves, Guardado, con su voz entrecortada, se erige como portavoz de una comunidad que dice siente haber sido relegada a un segundo plano en medio de la polémica sobre el cierre de la mina. Mientras una leve brisa juega con su cabello, Guardado revela con emotividad: “Aquí en Villa del Carmen, líderes de otras comunidades cerraron las vías en nuestro nombre, pero no nos representan. Merecemos una explicación directa por parte del Gobierno”.
Su llamado invita a las autoridades y dirigentes a que se acerquen al lugar: “Que visiten nuestras tierras y las conozcan mejor. Estamos abandonados sin proyectos de salud, educación y eso no les interesa. Ahora no sabemos cómo vamos a avanzar”.
Una de las advertencias de Suntracs y sus grupos aliados es tomarse la mina el próximo 9 de enero. Así lo dijo el propio secretario de la organización el pasado 18 de diciembre.
