Cada vez que la Universidad de Panamá (UP) establece una nueva carrera o alguna de las que ya imparte, entra en crisis y transfiere el asunto a la Asamblea Nacional en busca de una ley protectora.
Este parece ser el esquema de la propuesta de ley “Que reglamenta la profesión de politólogo y dicta otras disposiciones”. Este proyecto, prohijado en la Comisión de Salud Trabajo y Desarrollo Social, protegería el ejercicio de la politología en Panamá.
La biografía de una profesión
Según la Real Academia Española de la Lengua, la politología es la: “Disciplina que estudia la teoría política”. En la UP, el diseño académico de las disciplinas impartidas por dicha institución, asignaba a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas esta responsabilidad.
El primer problema de esta concepción es que aunque la titulación de los abogados panameños es una licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, en toda la carrera solo se estudiaban tres asignaturas de esta naturaleza: Principios de Ciencia Políticas, Sociología y Economía Política. El vacío en la necesidad de producir un análisis riguroso de la realidad política desde el punto de vista académico ha sido una carencia que ha lastrado a la UP, y que fue llenada por las distintas licenciaturas impartidas en dicha universidad, principalmente Economía, Relaciones Internacionales y Sociología.
La politología es un campo de conocimiento conformado por una interacción dinámica de múltiples disciplinas, como antropología, sociología, psicología, economía, historia, relaciones internacionales y más recientemente por enfoques ambientales. En otras palabras, esta carrera está llamada a ser multidisciplinaria y, por lo tanto, su adscripción debió ser a otra unidad académica y no a la Facultad de Derecho.
El segundo problema que enfrenta la licenciatura en Ciencias Políticas, que es el verdadero conflicto fundamental que pretende atender esta iniciativa, es la creación de un mercado de trabajo para los politólogos panameños. El anteproyecto propone la usual exigencia de que para ejercer la politología en Panamá se debe ser ciudadano panameño con un título emitido por una universidad pública, privada o extranjera, en este último caso el título debe ser revalidado por la UP. Reconociendo la escasez de profesionales preparados, el anteproyecto propone una ventana de hasta 2 años para que los extranjeros puedan ejercer esta actividad en el país.
El destino de la politología
La lógica de esta propuesta incluye el mandato salarial de 2,000 dólares mensuales, para los licenciados en Ciencias Políticas, 3,000 mil para los magíster y 4,000 mil para los doctores. La loable aspiración económica no corresponde con la realidad del mercado, que satisface sus necesidades de asesoría política con otro talento humano. Esta realidad podría evolucionar hacia la situación que en alguna etapa del proceso legislativo de este anteproyecto, o en alguna iniciativa futura, se establezca la obligación de que cada entidad del Estado deba tener un politólogo de planta, y que esto se le aplique a los partidos políticos y a otras entidades públicas o privadas.
Si esto llega a convertirse en ley, perpetuaría la tragedia del feudalismo académico que castiga a la UP. La licenciatura tal y como está estructurada tiene 144 créditos y 54 asignaturas, lo que la convierte en una de las carreras más exigentes para los estudiantes. En el fatídico pensamiento burocrático de la UP, no fue posible concebir a la politología como un postgrado, ofrecido a todas las disciplinas. Un médico bien puede tener una maestría en Ciencias Políticas, al igual que una arquitecta, un diplomático, una educadora, un auditor, una ingeniera agrónoma, un biólogo, una periodista y hasta un abogado. Toda esta riqueza del universo de posibilidades de abordar la teoría política desde experiencias prácticas muy distintas, se perdió.
Dentro de proyecto de ley se propone crear una Junta Técnica de Politología de Panamá, conformada por dos docentes de la licenciatura en Ciencias Políticas y la ministra o ministro de Trabajo o quien designe en su reemplazo. Esto carece de todo sentido ya que coloca la evaluación profesional de los politólogos panameños en manos de un miembro del gabinete del gobierno de turno. Perfectamente es factible que se castigue a una politóloga que asesore a un partido de oposición, o se censure a un politólogo que cuestione alguna actuación del gobierno. La entidad más sensible a las necesidades de los politólogos y a sus planteamientos es el Tribunal Electoral, y no aparece mencionado en la propuesta. Esto hace pensar que esta iniciativa fue propuesta bajo los auspicios de funcionarios del actual gobierno.
A las licenciaturas en Antropología y Geografía Profesional les fue difícil encontrar mercado laboral, por lo tanto desaparecieron de la oferta universitaria de la UP. Algo similar puede pasar con la licenciatura en Historia. Este anteproyecto de ley es en realidad un grito de auxilio de otra licenciatura que bien puede peligrar por seguir los mismos planteamientos.
