En un momento en que la eficiencia institucional es cuestionada desde distintos frentes, y la sociedad pide condena para los corruptos, Rainier Del Rosario Franco, magistrado del Tribunal de Cuentas (TC), asumió la presidencia de la entidad con la promesa de reformar la Ley 67 de 2008 para recuperar con mayor eficacia los fondos públicos comprometidos en casos de lesión patrimonial.
Durante su discurso de toma de posesión, Del Rosario Franco se comprometió a devolverle a la jurisdicción de cuentas el control de un proceso que, hasta ahora, ha estado fragmentado: la ejecución de sus propias sentencias.
“La recuperación patrimonial debe ser responsabilidad de quien dicta la sentencia. Si se nos transfiere esa función, podríamos duplicar los montos recuperados en el primer año”, afirmó el nuevo presidente, en lo que muchos interpretaron como una crítica velada al actual modelo de ejecución.
Actualmente, cuando el Tribunal de Cuentas declara una responsabilidad patrimonial, es la Dirección General de Ingresos (DGI) la encargada de recuperar el bien público. Sin embargo, la combinación de funciones, burocracia y recursos limitados ha resultado ser, según el propio Del Rosario, un cuello de botella para la restitución efectiva de los fondos públicos.
En el pasado, Del Rosario manifestó que un juez ejecutor de la DGI, dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas, tiene que empaparse de cero de un expediente que por lo general puede tener 15 mil páginas.
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“Es momento de que la jurisdicción de cuentas asuma las riendas de su destino”, sentenció.
Más de $250 millones por recuperar
Desde su creación, de acuerdo con una nota de prensa de la entidad, el Tribunal de Cuentas ha recuperado más de 60 millones de dólares. Pero en los archivos del organismo reposan expedientes por supuestas lesiones al patrimonio público que superan los 250 millones de dólares. Para Del Rosario, este desfase entre lo juzgado y lo ejecutado es una asignatura pendiente de la democracia panameña.
La propuesta de reforma a la Ley 67 apunta precisamente a un rediseño del equilibrio institucional entre quienes investigan, juzgan y ejecutan las decisiones sobre el uso indebido de los recursos públicos.
Aunque el magistrado no ofreció un calendario específico para la presentación de la propuesta legislativa, instó a todo el personal del tribunal a acompañarlo en esta misión. “No vale mirar con nostalgia el tiempo que pasó”, dijo. “Lo que se necesita ahora es voluntad, claridad y decisión para aplicar las lecciones aprendidas”.
La pregunta que queda en el aire es si el sistema político panameño, con sus múltiples centros de poder y resistencias al cambio, está dispuesto a entregar al Tribunal de Cuentas las herramientas que reclama.
El Tribunal de Cuentas estrena magistrado. Pablo Chen Vallarino asumió recientemente el cargo en reemplazo de Alberto Cigarruista, cuyo período concluyó. Completa la terna de magistrados Álvaro Visuetti.
