Durante años, la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) ha enfrentado denuncias por la venta clandestina de chances y billetes, una práctica que ha crecido silenciosamente hasta convertirse en uno de los mayores desafíos para la institución.
¿Cuál es el impacto económico de este fenómeno? ¿Quiénes están detrás del negocio? ¿Por qué la entidad no ha logrado frenarlo? En entrevista con La Prensa, el director de la LNB, Isidro Carbonell, detalla la magnitud de las pérdidas que atribuye a este mercado ilegal, explica cómo el rezago tecnológico ha dificultado el control de las operaciones y adelanta las medidas que impulsa para recuperar los ingresos de una institución que financia programas de beneficencia.
Carbonell sostiene que la entidad enfrenta el problema con una marcada desventaja tecnológica. Afirma que la institución aún opera con sistemas obsoletos, sin plataformas modernas para administrar información ni procesos digitalizados para la venta, el pago de premios y el control de las operaciones.
Esa falta de herramientas, asegura, ha facilitado que terceros aprovechen la infraestructura de la LNB para desarrollar un mercado paralelo.
Las cifras reflejan, según el funcionario, la magnitud del problema. Mientras que en 2019 las devoluciones de billetes y chances rondaban el 9%, actualmente alcanzan cerca del 39%. Para la administración, este aumento evidencia una reducción sostenida de las ventas oficiales y un desplazamiento de compradores hacia redes de comercialización no autorizadas.
El director estima que la institución deja de percibir más de 100 millones de dólares al año debido a la venta clandestina e, incluso, considera que las pérdidas podrían acercarse a los 200 millones de dólares. Explicó que, aunque el presupuesto anual proyecta ingresos por alrededor de 229 millones de dólares, el potencial de recaudación de la entidad sería cercano a los 400 millones si ese mercado ilegal no existiera.
En palabras del funcionario, los operativos desarrollados en las últimas semanas forman parte de una estrategia permanente para combatir esta actividad. Indicó que la LNB trabaja junto con los organismos de seguridad e inteligencia para identificar a quienes comercializan loterías clandestinas y advirtió que las acciones se extenderán a todo el país.
Según Carbonell, entre los establecimientos detectados predominan comercios administrados por ciudadanos asiáticos, aunque también se han identificado salones de belleza, lavanderías y otros negocios operados por panameños.
Además de la venta ilegal de productos de la LNB, la institución mantiene la mira sobre la comercialización de loterías extranjeras. Entre ellas mencionó sorteos provenientes de Costa Rica y Nicaragua, cuyos premios, señaló, no siempre cuentan con respaldo financiero verificable en Panamá, pese a que continúan captando compradores.
Como parte de la respuesta institucional, la administración impulsa un proyecto de ley para convertir la venta clandestina de lotería en un delito. Actualmente, esta conducta solo puede ser sancionada por la vía administrativa.
La propuesta busca establecer penas de prisión de entre cuatro y ocho años, especialmente cuando exista participación de funcionarios de la propia institución o concurran otras circunstancias agravantes.
