Los órganos Ejecutivo y Legislativo no se han puesto de acuerdo para definir un nuevo presupuesto general del Estado para 2024, a menos de 15 días para que finalice 2023.
Un escenario que genera incertidumbre frente a los retos económicos que tiene el país, sobre todo por el fallo de inconstitucionalidad del contrato minero de Donoso, la escasez de agua para las operaciones del Canal de Panamá y el déficit en el programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social.
Claves
En agosto pasado, el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, presentó a la Asamblea Nacional un proyecto de presupuesto general del Estado por la friolera de $32,754 millones, unos 5 mil millones de dólares más que el presupuesto del año actual.
Sin embargo la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, presidida por el diputado Benicio Robinson, presidente del partido gobernante, el PRD, recomendó “reajustes” por $780.2 millones.
El pasado jueves 14 de diciembre, el diputado Robinson expresó: “Yo no sé qué está haciendo el ministro Alexander, qué está haciendo el Ejecutivo, pero lo que tiene que hacer es aprobar lo que nosotros destinamos. Pero si no tiene eso, entonces vamos a pasar a la siguiente fase”
El artículo 272 de la Constitución Política establece que si al primer día del año fiscal no se ha aprobado el presupuesto general del Estado correspondiente, entrará en vigencia el proyecto presentado por el Órgano Ejecutivo, aunque este no hubiese sido votado por la Asamblea Nacional. Esto significaría que aquel proyecto de $32,754 millones se convertiría instantáneamente en el presupuesto general del Estado del 2024, el próximo 1 de enero.
Si el Órgano Ejecutivo, por medio del Consejo de Gabinete, aprobara otro proyecto de presupuesto general del Estado y convocara a la Asamblea a sesiones extraordinarias, tendría dos ventajas a su favor. Si el nuevo proyecto no fuera votado por los diputados, sería esta nueva propuesta de presupuesto, la que entraría en vigencia el próximo 1 de enero.
Otro escenario: Supóngase que la mayoría de los diputados decide rechazar el nuevo proyecto de presupuesto, es decir, que ya sea en la Comisión de Presupuesto o en el pleno de la Asamblea Nacional, entonces se aplicaría lo contenido en el artículo 273 de la Constitución Política que establece lo siguiente: “Si la Asamblea Nacional rechaza el proyecto de presupuesto general del Estado, se considerará automáticamente prorrogado el presupuesto del ejercicio anterior hasta que se apruebe el nuevo presupuesto y también automáticamente aprobadas las partidas previstas en el proyecto de presupuesto rechazado respecto al servicio de la deuda pública, el cumplimiento de las demás obligaciones contractuales del Estado y el financiamiento de las inversiones públicas previamente autorizadas por la ley”.
¿Qué procede? Esto significaría que el presupuesto del año 2023, por un monto de $27,579.4 millones, sería prorrogado en todo, salvo lo que corresponda al pago de la deuda pública y contrataciones del Estado autorizadas por la ley.
Este mandato constitucional se convierte en el principal escudo del gobierno del presidente Laurentino Cortizo para aprobar un nuevo proyecto de presupuesto más realista y convocar a los diputados a sesiones extraordinarias, para que lo aprueben. De lo contrario, en el 2024 volvería a entrar en vigencia el presupuesto del 2023. El que ríe de último, ríe con la Constitución de su lado.
