Entre las últimas decisiones adoptadas durante las gestiones de Etelvina Medianero de Bonagas y de su sucesor, Pedro González, figura el otorgamiento de la permanencia laboral a cerca de 300 funcionarios administrativos.
Como resultado, la proporción de administrativos permanentes pasó del 60% al 90%. De los 1,000 funcionarios administrativos que tenía la universidad, 600 eran permanentes y 400 eventuales. Ahora, nueve de cada diez cuentan con estabilidad laboral.
El rector de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Absel Navarro, confirmó estas cifras y anunció que este miércoles 11 de noviembre fueron desvinculados unos 50 funcionarios administrativos, en medio de la crisis financiera que atraviesa la institución.
Cambios a las normas
Pero ¿cómo se llegó a este escenario? En 2022, antes de ser reelegida, Medianero de Bonagas consiguió que la Asamblea Nacional, entonces dominada por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), aprobara la Ley 292 del 1 de abril de ese año.
La reforma modificó la ley orgánica de la Unachi y cumplió dos propósitos: permitió la reelección de la rectora y estableció que los funcionarios administrativos con dos o más años de servicio continuo adquirieran la permanencia laboral. Este último proceso se concretó entre 2025 y 2026, según explicó el nuevo rector.
Sin embargo, los cambios que incidieron en el crecimiento de la planilla comenzaron seis años antes. En 2016, tres años después de que Etelvina Medianero de Bonagas asumiera la rectoría, se modificó el artículo 90 de la Ley 4 de 2006, que regula la estabilidad y reclasificación de los profesores de la Unachi. La reforma se aprobó mediante la Ley 6 de 2016.
Los cambios flexibilizaron los requisitos para que profesores e investigadores especiales obtuvieran la permanencia en la universidad y ampliaron las posibilidades de ascenso y reclasificación académica. Bastaba con acreditar cinco años o más de docencia para acceder a este beneficio, lo que permitió otorgar la permanencia mediante un mecanismo establecido por ley.
El impacto económico de esas modificaciones se refleja hoy en la planilla universitaria. Profesores que hace una década devengaban salarios de $1,000 o $1,500 mensuales pasaron a recibir ingresos que oscilan entre $5,000 y $7,000 al mes.
La diferencia con la Universidad de Panamá y la Universidad Tecnológica de Panamá es marcada. En ambas instituciones, el nombramiento de docentes permanentes depende de concursos y convocatorias específicas que pueden tardar años en realizarse. En la Unachi, en cambio, la administración de Medianero de Bonagas impulsó un mecanismo legal que, según los críticos de la medida, eliminó en la práctica la necesidad de competir en concursos para alcanzar la permanencia.
Un año después de la reforma, en 2017, Medianero de Bonagas obtuvo su primera reelección.
El problema ahora
En medio de este escenario, el actual rector de la Unachi anunció ayer la desvinculación de 50 funcionarios administrativos, como parte de las medidas de contención del gasto para gestionar los recursos que permitan cubrir las obligaciones de la institución hasta diciembre de 2026.
Navarro explicó que los desvinculados pertenecían a distintas dependencias universitarias. Aclaró que no se trataba de docentes ni de funcionarios administrativos permanentes, sino de personal contratado bajo la modalidad eventual.
“Tenemos que hacer ajustes en la planilla, pero hay funcionarios que están protegidos por leyes de carrera y no pueden ser desvinculados arbitrariamente”.
El rector adelantó que todavía hay otros contratos bajo evaluación y que podrían producirse nuevas salidas. “Todavía hay otros eventuales que uno evalúa”, manifestó.
Déficit
Navarro indicó que la Unachi presentó una solicitud de traslado de partida interinstitucional por aproximadamente $16 millones, destinados a cubrir las cinco quincenas que restan de 2026. La petición debe recibir una respuesta del Ejecutivo y posteriormente pasar a la Asamblea Nacional. “Quedan aproximadamente 16 millones de dólares para cubrir ese déficit del 2026”, explicó el rector.
Según Navarro, el problema tiene su origen en el recorte presupuestario aplicado en 2025. La Unachi pasó de contar con $106 millones en 2024 a recibir $72 millones el año siguiente. El rector sostiene que la reducción afectó principalmente los recursos destinados al pago de los salarios de profesores y administrativos permanentes.
Navarro calcula que el faltante ronda los $30 millones y representa cerca de un tercio de los recursos que necesita la institución para operar. A esto se suma una deuda de $20 millones que mantiene la Unachi con la Caja de Seguro Social.
La protección
La posibilidad de reducir todavía más la planilla, no obstante, tropieza con las protecciones legales de los funcionarios permanentes. Navarro afirmó que los docentes y administrativos incorporados a sus respectivas carreras están amparados por normas que impiden su desvinculación arbitraria.
También recordó que los aumentos salariales forman parte de esas disposiciones: los administrativos avanzan por etapas cada dos años y los profesores reciben incrementos bienales. “Son leyes que ya tienen muchos años de vigencia y que todos ellos están amparados por esas leyes”, sostuvo.
En cuanto a los docentes contratados por banco de datos, Navarro explicó que su continuidad depende de la disponibilidad de grupos y de la oferta académica de cada semestre. Si una materia deja de impartirse, se fusionan grupos o una carrera no se ofrece en determinada jornada, esos profesores simplemente no vuelven a ser convocados.
La reacción del rector se produce en respuesta a los señalamientos del ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, sobre las altas remuneraciones en la institución. La Unachi cuenta con una planilla de 2,000 funcionarios, entre docentes y administrativos, cuyo costo supera los $6 millones mensuales.
