En la última semana, la Asamblea Nacional aprobó por insistencia dos proyectos de ley que inicialmente habían sido objetados por el presidente José Raúl Mulino, entre otras cosas porque comprometen la sostenibilidad fiscal del Estado, al incorporar erogaciones no contempladas en el Presupuesto General del Estado.
Se trata del proyecto de Ley 19, que implementa horarios extendidos en los centros de salud del país, una iniciativa presentada por el diputado Betserai Richards, de la bancada Vamos. La propuesta contó con 55 votos en tercer debate.
Las razones del Ejecutivo
El Ejecutivo lo objetó en su conjunto por inconveniente, al advertir que carecía de viabilidad financiera y que las obligaciones impuestas ya existían en la normativa vigente de la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud.
“La norma impone una obligación financiera sin establecer mecanismos de financiamiento ni estudios de impacto fiscal, lo que afecta la viabilidad real de la medida. En consecuencia, la sostenibilidad de la ley requerirá una planificación presupuestaria progresiva que permita fortalecer previamente la infraestructura, el abastecimiento de insumos y las condiciones operativas de las instalaciones de salud”, se lee en la carta que el presidente de la República envió al presidente de la Asamblea, Jorge Herrera.
No obstante, el presidente de la Comisión de Salud, Edwin Vergara, diputado del Partido Panameñista, recomendó al pleno rechazar la objeción del mandatario y aprobarlo en tercer debate por insistencia.
Deuda con los jubilados
Otra de las iniciativas avaladas con este mecanismo fue el proyecto de Ley 231, el cual ordena la devolución de aportes a cientos de educadores jubilados de las promociones de 1972 y 1973.
Los diputados tomaron esta decisión tras considerar que el Estado mantiene una deuda histórica con estos profesionales, a quienes se les descontaron cuotas del Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos (Siacap) y del Plan de Retiro Anticipado Autofinanciable (PRAA) sin recibir el beneficio correspondiente al momento de su retiro en 2005.
El Ejecutivo lo había calificado parcialmente inconveniente al advertir que la materia ya cuenta con regulación en leyes previas de 1997 y 2004, por lo que la nueva norma genera una “dualidad legal” innecesaria.
Además, la Presidencia de la República advirtió que los fondos reclamados, que superan los $14.6 millones, ya ingresaron al Tesoro Nacional en años anteriores para cubrir las propias jubilaciones especiales de este grupo, por lo que crear una nueva obligación de pago compromete la sostenibilidad fiscal del país.
Pese a los argumentos financieros del Ejecutivo, la Asamblea mantuvo su postura y ratificó el texto tomando en cuenta algunas recomendaciones del presidente, aunque su espíritu original se mantiene.
Durante el debate, varios de los discursos de los diputados se enfocaron en que los procedimientos vigentes no han hecho efectiva la justicia social que este grupo de educadores reclama desde hace dos décadas.
‘Hay leyes y hay leyes’: Mulino
El presidente Mulino habló de las leyes aprobadas por insistencia en su última conferencia de prensa. Recordó que él tiene la facultad constitucional de sancionar o vetar y manifestó que no le gusta vetarlas, “pero hay leyes y leyes”.
Añadió que cuando llegan a la Presidencia se hacen las consultas con gremios y entidades afectadas. “La inmensa mayoría adolecen de problemas constitucionales graves y de choque legislativo con la misma materia que ya existía. Legislan sin saber si hay plata o presupuesto para financiar lo que sea que quieran crear”, dijo.
Señaló que muchas iniciativas presentan choques constitucionales y generan gastos millonarios sin respaldo presupuestario. Sobre la explosión bajo el Puente de las Américas, afirmó que los informes técnicos —incluyendo los del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU.—… pic.twitter.com/byn5jORLzC
— La Prensa Panamá (@prensacom) April 16, 2026
Agregó que no puede existir ley que cree instituciones y que no tengan sustento presupuestario viable. “Si hay plata se cubre, y la insistencia yo no la considero una presión. En muchos casos se corrigen las fallas que advertimos en el veto y se sancionan de una vez”, completó.
En el caso de la que tiene que ver con la prestación de servicios de salud, manifestó que genera una enorme cantidad de millones de dólares en exceso que no están ahí esperando a ver en qué se gastan. “No hay (plata)”.
