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DERECHOS HUMANOS EN JAQUE

Ciudadanos, los perdedores con la crisis financiera de la CIDH

El Consejo de Europa destina el 41.5% de su presupuesto a derechos humanos, mientras que la OEA destina el 9.1% para financiar a la CIDH y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La CIDH, que atiende a 34 países, recibe menos de $5 millones por año de parte de la OEA, 50 centésimos de dólar por cada mil personas. Los Estados crearon este sistema en 1959.

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En 2015, los países latinoamericanos y caribeños donaron $13.7 millones a la Corte Penal Internacional, pero solo destinaron $199 mil para la CIDH. En 2015, los países latinoamericanos y caribeños donaron $13.7 millones a la Corte Penal Internacional, pero solo destinaron $199 mil para la CIDH.
En 2015, los países latinoamericanos y caribeños donaron $13.7 millones a la Corte Penal Internacional, pero solo destinaron $199 mil para la CIDH. LA PRENSA/Daniel González

Fue fundamental para reportar las graves violaciones de los derechos humanos durante las dictaduras militares del cono sur; le mostró al mundo el drama que vivió Nicaragua bajo el dominio de Anastasio Somoza; ha impulsado casos relacionados con masacres, violaciones, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales que reposaban en la impunidad en países como Guatemala, Honduras, El Salvador y Colombia, por ejemplo.

En el siglo XXI empezó a trabajar para garantizar la libertad de expresión de los países de las Américas; ha impulsado el derecho a las personas a ser tratadas con consideración y respeto, que no sean discriminadas, que no sean maltratadas.

En palabras de Catalina Botero, exrelatora para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), este es apenas un corto resumen de la labor que por años ha realizado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo de la OEA que se asfixia lentamente a raíz de una severa crisis financiera.

El 31 de julio de 2016 vencen los contratos del 40% de su personal y no cuenta con los fondos para renovarlos. Esto significa el desmantelamiento de áreas esenciales para el cumplimiento de su mandato.

“Escribo con profunda tristeza, frustración e indignación. En la CIDH nos enfrentamos a la peor crisis financiera de la historia.

Tenemos las arcas absolutamente vacías”, manifestó James L. Cavallaro, presidente de la CIDH, en el diario El País.

Tanto Botero como César Montufar, exasambleísta ecuatoriano y catedrático de relaciones internacionales, coinciden en que este escenario conviene a los Estados que se incomodan cuando la CIDH les recuerda los retos que tienen para garantizar los derechos humanos.

“Esta crisis es un llamado de atención a los Estados, y creo que para los Estados ha sido muy conveniente, enormemente conveniente, que la CIDH no pueda operar de manera adecuada. Hay muchos países a los que les molesta cuando la Comisión hace su trabajo, y resulta que los Estados tienen que entender que el trabajo de la CIDH es para que ellos hagan mejor el trabajo de la protección de los derechos de la gente”, dice Botero. 

“Considero que la actual situación de la CIDH es el resultado de la persecución política de la que ha sido objeto por parte de varios gobiernos autoritarios de la región, a los cuales no les interesa la valoración sobre su situación interna de respeto a los derechos humanos y a la desidia de otros gobiernos que permitieron que la situación de crisis prospere. Ganadores: los gobiernos autoritarios de la región; perdedores: los ciudadanos de nuestros países y sus derechos”, asegura Montufar. 

La meta es que antes del 15 de junio se consigan los fondos o al menos el compromiso. Necesita al menos $30 millones para funcionar correctamente.

Hemos recurrido a donaciones para complementar nuestro magro ingreso. Hemos apelado a los países miembros, a su responsabilidad con financiar el sistema que ellos mismos crearon. En 2015, los países latinoamericanos y caribeños donaron $13.7 millones a la Corte Penal Internacional (CPI), pero solo destinaron $199 mil para la CIDH”, asegura Cavallaro.

Hay varias tareas en el horizonte. “Tenemos que seguir atentos a la investigación del asesinato de Berta Cáceres en Honduras, y de tantos defensores asesinados, y tenemos que proteger a los defensores que viven amenazados y hostigados y criminalizados. Tenemos que asegurarnos de que haya justicia para los 43 normalistas de Ayotzinapa, y para tantos otros miles de personas desaparecidas en México. Tenemos que seguir insistiendo en el cierre de Guantánamo y debemos velar por los migrantes y los refugiados que escapan de la violencia en los países del triángulo norte”, sostiene el presidente del organismo.

 

 

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